Dos mil madres y padres van a puntos de encuentro para recoger a sus hijos
Casi 900 menores tienen que acudir en Galicia a estos lugares neutrales para reunirse con sus progenitores
Hay 875 niños y niñas en Galicia que para ver a sus padres tienen que pasar antes por un punto de encuentro familiar (PEF). Se trata de menores cuyos progenitores no se pueden ver delante o, por lo que fuera, no pueden estar cerca el uno del otro.
En esos casos, la administración les cede un lugar neutro para que
puedan intercambiarse a los hijos sin tener el más mínimo contacto entre
ellos. Esos sitios se llaman puntos de encuentro, hay siete en Galicia
y dos mil adultos los utilizaron el año pasado para cumplir el régimen
de visitas. Entre ellos, los padres biológicos del pequeño Javier. Su asesinato a manos, presuntamente, de su progenitor ha abierto el debate social, jurídico y político sobre la conveniencia de restringir o impedir las visitas de los padres maltratadores y, de paso, ha puesto el foco sobre estos puntos de encuentro.
Quien tiene la custodia, acude con su hijo a cualquiera de esos siete edificios media hora antes de que aparezca la expareja y lo deja allí al cuidado de especialistas. Luego llega la otra parte para llevarse al menor el fin de semana, un día o un mes, según cada caso.
Solo las siete grandes ciudades gallegas cuentan con este
servicio dependiente de la Xunta. Los que viven en el resto del
territorio, han de viajar al punto que le quede más cercano. El de Vigo es el más utilizado,
pues a sus dependencias acudieron el año pasado 203 menores, 204 padres
y 265 madres. Le sigue Santiago, con 173 niños y 386 adultos. Por
número de usuarios, les siguen Ferrol (136 menores y 245 progenitores), A
Coruña (125 niños y 244 adultos), Pontevedra (107 y 307), Ourense (73 y
129) y Lugo (58 y 126).
Esos puntos de encuentro no solo nacieron para las entregas y
recogidas de niños en cumplimiento del régimen de visitas pactado tras
la separación. También se hicieron para aquellos progenitores
que por su peligrosidad o riesgo -personas con enfermedades
psiquiátricas o algún tipo de patología o adición- no pueden permanecer a
solas con sus hijos. En estos casos, personal de la administración o familiares están presentes en todo momento. A esto se le llaman visitas tuteladas,
en donde el padre solo puede hablar, abrazar o besar a sus hijos en
presencia de una tercera persona. En el 2016, en los 7 puntos de
encuentro gallegos se produjeron 3.626 visitas de este tipo. Los niños
llegan de la mano de uno de sus progenitores para ver al otro; las
visitas duran un máximo de dos horas, si bien la duración depende de la
situación, ya que puede haber madres que tengan que dar el pecho al
bebé, o simplemente el niño sea muy pequeño, o se canse en la visita.
Existe otra posibilidad. Las visitas supervisadas.
En estos casos, los progenitores pueden estar con sus vástagos sin
nadie cerca, pero tampoco sin salir del recinto. Esos encuentros no van
más allá de las cuatro paredes del edificio autonómico. El año pasado se
registraron 4.952 visitas de este tipo en Galicia.
¿Quién determina que el régimen de visitas se ha de cumplir en un punto de encuentro?
Un juez, una parte o ambas. Tras una separación o divorcio, puede
ocurrir que el magistrado estime que en la relación de un menor con su
padre o madre no hay garantías adecuadas para hacer las visitas. Las
razones pueden ser diferentes, por ejemplo, que haya un elevado nivel de
conflicto entre las partes -porque no llegan a acuerdo, o porque ha
existido violencia de género-. En esos casos, el juez -a petición de
fiscalía, de una de las partes o de mutuo acuerdo-, solicita que
intervenga el PEF.
Asociaciones de mujeres exigen que se subsanen cuanto antes los fallos del régimen de visitas
Las asociaciones de apoyo a las víctimas de violencia machista
tienen claro que ningún niño puede volver a morir a manos de sus padres
como supuestamente ocurrió con Javier, y por ello reclaman que se
subsanen los fallos del régimen de visitas en los casos de separaciones
conflictivas. Avanza sin miedo, asociación creada recientemente con el
fin de proteger a menores víctimas de violencia machista, incide en este
punto: «Parece que los jueces y fiscales no se dan cuenta de que están
jugando con un tema delicado como es la vida y el desarrollo de un
niño», decía el viernes en Madrid su presidenta, Patricia Fernández
Montero, quien destacaba la necesidad de «subsanar los fallos del
sistema para que ningún niño muera a manos de un maltratador».
La Rede de Mulleres contra os Malos Tratos va más allá y defiende que «a un maltratador nunca se lle debe deixar un fillo».
Para la coordinadora de este colectivo, Rosa Fontaíña, un maltratador
maltrata también a sus hijos, y por eso cuando hay una sentencia y una
orden de alejamiento de su pareja, debe haber también una orden de
alejamiento de sus hijos. El problema, apunta, no es que la ley sea
mala, sino que no se cumple, y en este sentido reclama que se aplique el estatuto de la víctima, que desde hace unos meses recoge que los niños sean tratados como víctimas, igual que sus madres.
Para Ana Saavedra, presidenta de la asociación Mirabal, se
trata de un tema «complicado» porque cada caso es diferente, pero sí
cree que se podrían mejorar muchas cosas. Por ejemplo, «no existen
puntos de encuentro», un servicio del que solo disponen en Galicia las
siete ciudades. A veces, dice, el juez recurre a familiares para que
ejerzan esa función y sean quienes se encarguen de llevar a los niños
con su padre y con su madre para cumplir el régimen de visitas. A juicio
de este colectivo, debería haber más puntos de encuentro.
Otra de las cuestiones que critica Saavedra es que un maltratador tenga que autorizar que un psicólogo examine a sus hijos.
Para la presidenta de Mirabal, la educación y la información
son esenciales. «Habría que hacer campañas de divulgación, sobre todo
en el ámbito rural, porque a veces las víctimas no saben lo que implica
una orden de alejamiento o cómo hacer si llegan tarde al punto de
encuentro, o dicen 'no voy a Servicios Sociales porque me quitan a mis hijos'».
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