Faro de Vigo

Una de cada cuatro parejas opta por anotarse como unión "de hecho" en vez de casarse

-Se disparan un 66% hasta su máximo histórico y recortan distancias con los matrimonios -Las bodas se reducen casi a la mitad en la última década, hasta las 670 del año pasado

Las parejas  viguesas que deciden dejar constancia legal de su convivencia han recobrado el interés por la modalidad de las uniones de hecho. Su inscripción en el registro oficial de la Xunta de Galicia se disparó un 66% el año pasado tras tocar suelo en 2014. De hecho, con 255 altas alcanzan la cifra más elevada desde que en enero de 2008 se puso en marcha esta iniciativa en la comunidad autónoma. Este ascenso coincide con el mayor desploma del número de bodas en la ciudad desde que hay datos -un 28%-. Según la información provisional con los que trabaja el Instituto Nacional de Estadística (INE), se celebraron 670 bodas, casi la mitad de las oficiadas hace una década.

El resultado es que las parejas de hecho han recortado distancias con los matrimonios y, el año pasado, ya representaron una cuarta parte de las uniones formalizadas en la ciudad.

En Vigo hay, en la actualidad, 1.575 parejas de hecho inscritas en el registro autonómico, que equipara sus derechos y efectos al matrimonio en cuestiones civiles -sucesiones, régimen de bienes...-. Desde su creación, hace ocho años, el número de anotaciones en la ciudad ha atravesado por altibajos. Se estrenó con fuerza, con 245 uniones constituidas, para caer en 2009 y 2010 hasta las 177 y 172 respectivamente. Los años 2011 y 2012 fueron de repunte -251 y 250-, mientras que en 2013 y 2014 sufrió una importante caída -198 y 154- y tocó suelo. Así, en el pasado ejercicio se partió del nivel más bajo y se alcanzó la cifra más elevada hasta ahora: 255. Este incremento se produce después de que, en noviembre 2014, la Xunta reformara el decreto de 2007 para endurecer los requisitos de inscripción para impedir que este registro se convirtiera en un coladero para obtener beneficios ilegítimos o para la extranjería irregular.

De ellas, el 93% son parejas heterosexuales -237-. Entre las 18 de personas del mismo sexo, predominan las de varones. Son catorce frente a las cuatro que protagonizan mujeres, según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Este porcentaje de uniones de hecho gays es superior al de los matrimonios homosexuales en la provincia de 2014 -no hay datos publicados a nivel municipal ni actualizados de 2015-. Las ocho bodas entre chicas y las 17 de chicos, suponen un 1% de las 2.959 pontevedresas.

Nupcias

De todos modos, los vigueses parecen haber perdido interés en comprometerse porque, aunque las parejas de hecho aumentan, este ascenso no compensa el desplome que han sufrido las bodas. Según las cifras aún provisionales del INE -el organismo apunta que pueden subir algo-, el año pasado se casaron 670 parejas en la ciudad. Es la cifra más baja desde que se registran estos datos -1975- y la casi mitad de las que se oficiaban hace una década -1.300 en 2005-. El número de bodas ha disminuido de forma constante desde 2008, pero la de 2015 es la mayor caída -con 260 menos, un 28%-. Muy lejos quedan las 1.899 nupcias que se contrajeron en 1976, el máximo histórico.

Cinco Dias

Nuevo marco para casarse con un extranjero y evitar problemas

Carrera hacia los tribunales para llegar primero, búsqueda de la legislación más favorable, conflicto entre normativas nacionales divergentes, pérdida de tiempo y de recursos para saber qué ley aplicar a cada caso. Cuando el amor mengua y se acerca el momento del divorcio, o se produce una separación porque sobreviene una crisis o un fallecimiento, estos son los percances a los que se enfrentan los matrimonios y las parejas registradas cuyos miembros tienen distintas nacionalidades. Problemas que afectan potencialmente a los 16 millones de parejas plurinacionales residentes en la UE, y que la Comisión Europea parece decidida a resolver a corto plazo.

¿A qué ley sobre régimen patrimonial deben acogerse? Esta, en definitiva, es la pregunta a la que intenta contestar la Comisión desde 2006, año en el que publicó un documento de reflexión sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial. Una vez descartada la idea de crear una nueva ley única a nivel europeo, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la Comisión formuló dos proyectos de reglamentos –uno para matrimonios y otro para parejas registradas– cuyo objetivo es determinar la jurisdicción nacional que les ayude a gestionar sus bienes o a dividirlos en caso de divorcio, separación o fallecimiento, establecer qué derecho se aplica cuando las leyes de varios países podrían intervenir en la causa, y fomentar el reconocimiento y la circulación de las sentencias en el ámbito patrimonial de un Estado miembro en los demás países.

Lo que se busca con estas propuestas es que el régimen patrimonial de los cónyuges o de los miembros de la pareja sea el mismo, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes, el país donde se encuentren, la autoridad que intervenga o los terceros a los que afecte. Y que la pareja pueda libremente escogerlo, entre aquellos previstos por las normativas de los países con los que tiene alguna vinculación.

“No es aceptable que un mismo matrimonio pueda estar casado en Alemania en régimen de gananciales, en Italia en comunidad limitada de bienes, en Holanda en comunidad universal y en Austria en separación de bienes”, afirma el notario Pedro Carrión, uno de los máximos expertos de derecho familiar a nivel europeo. “Lo que hacen estas propuestas de reglamentos es reconocer el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que sean los propios implicados quienes decidan qué leyes quieren que se les aplique”. Las parejas podrán, de esta forma, plasmar sus opciones en un pacto, que podrán firmar también ante un notario.

El principal obstáculo en el camino hacia la aprobación de estos reglamentos hasta ahora ha sido la negativa de algunos países como Polonia y Hungría en reconocer los matrimonios o las parejas compuestas por personas del mismo sexo. A principio de este mes, el Ejecutivo europeo, cuya presidencia semestral está en manos holandesas, ha decidido sin embargo salir del impasse a través de una cooperación reforzada entre los 17 Estados que están a favor de los reglamentos, entre ellos, España.

Estos miembros, según los expertos consultados, aprobarán los reglamentos rápidamente, este mismo año, y dejarán que los 11 que de momento se quedan al margen –entre ellos, Reino Unido y Dinamarca, pero también países del Este “muy conservadores”, según Carrión– se sumen posteriormente. Una decisión que la Conferencia de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) evaluó positivamente. “Estas propuestas mejoran la seguridad jurídica de las parejas”, aseguró su presidente, Paolo Pasqualis.

"Las nuevas reglas que aprobaremos ahorrarán a las parejas afectadas gastos suplementarios”, añadió la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al presentar la propuesta de cooperación reforzada. El coste total de las acciones judiciales abiertas paralelamente en distintos países por parejas plurinacionales, a menudo sumamente complejas, ha sido cifrado en 1.100 millones de euros al año por la Comisión Europea.

ABC

Los 10 datos que debes saber antes de divorciarte

El largo y costoso camino del divorcio en España

Los españoles cada vez nos divorciamos menos. Lo revelan las cifras. Según el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, relativo al último trimestre del pasado 2015, este tipo de ruptura ha disminuido en un 7'4 en relación al mismo periodo del mes anterior. Las causas de esta mejora estadística son, según el propio CGPJ, los procedimientos de modificación en las medidas de guardia, custodia y alimentos de los hijos. O lo que es lo mismo, el grave coste económico que, en general, supone el mantenimiento de dos hogares y de una pensión alimenticia para los hijos del matrimonio.

Lo cierto es al coste al nivel emocional y psicológico que supone la ruptura debemos añadirle el económico, una cuestión nada baladí en tiempos en los que existen un millón y medio de familias en las que todos sus miembros están en paro, según datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa). Lo explica la directora jurídica de Le Me Morne Brabant Valencia, Marian Reyes, con quien hemos elaborado un listado de aspectos a tener cuenta antes de tomar la decisión de solicitar el divorcio.

1) Los gastos del proceso, para empezar: de entre 1.500 €-1.800 €, si se trata de un proceso contencioso, o, en su defecto, un mutuo acuerdo que oscila entre 800€-1.000 €, en función de si se liquida o no la sociedad de gananciales.

2) Cada uno habrá de sufragar sus gastos propios, y contribuir por mitad al sostenimiento de los gastos comunes que se generen por los bienes gananciales, es decir, hipoteca y todos aquellos gastos inherentes a la propiedad de los bienes que componen la sociedad de gananciales.

Esto en cuanto a la hipoteca y los bienes gananciales, sin tener en cuenta las sentencia judicial relativa a las pensiones susceptibles de ser pagadas en relación al mantenimiento de los hijos. El juez decidirá en qué cantidad, plazos y a quién corresponde abondar las siguientes pensiones:

3) La pensión de alimentos, que se establece a favor de los menores, ya que sus progenitores deberán de contribuir al mantenimiento de los mismos hasta que sean independientes económicamente.

4) La llamada pensión compensatoria, que obedece a paliar el desequilibrio que supone para uno de los cónyuges la disolución del matrimonio, bien sea por que carece de ingresos o bien, porque sus ingresos sean notablemente inferiores a los de su ex cónyuge.

La abogada explica también que quienes hayan pasado ya por esta fase, la del juicio, con su correspondiente sentencia, tendrán también sus obligaciones y derechos relativos a la misma con la hacienda pública.

5) En la declaración de la renta se habrá de reflejar, en ambos casos, el abono o recepción de dicha pensión. A una parte le supondrá una bonificación y a otra incremento de sus ingresos, si los tuviera.

En cambio, para quienes se encuentren en la situación contraria, esto es, al principio del largo camino en el que uno o ambos miembros de la pareja se plantean el divorcio, desde Le Morne Brabant se aconseja la consulta legal desde el primer momento.

6) No importa que la relación entre ambos sea buena. Es mejor estar informado desde el inicio y contar con apoyo. El divorcio es un proceso muy doloroso en muchas ocasiones y hay que estar bien informado de derechos y obligaciones por si esa buena relación se trunca y, sobre todo , por el bien de los hijos en caso de haberlos. Se evitarán conflictos innecesarios y se orientará en el camino pertinente.

7) En caso de hijos, la responsable jurídica de la firma en Valencia considera la custodia compartida como la solución jurídica óptima para ellos ( siempre con excepciones, dependiendo de cada caso).

Por su bienestar psicológico, asegura, ya que no deben verse alejados del contacto de cada uno de sus progenitores, pese a la ruptura matrimonial. En casos extremos, donde el conflicto conlleve a situaciones insostenibles para ellos, serán los propios especialistas quienes aconsejarán una custodia monoparental.

A pesar de que nos encontramos ante una situación que a veces modifica la estabilidad de los menores y/o puede generar episodios de violencia física o verbal entre los demandantes, el divorcio es lento.

8) Por desgracia, como es habitual, señala Marian Reyes, el tiempo que se tarde en obtener la sentencia depende del partido judicial donde recaiga el procedimiento. En Valencia capital, por ejemplo es muy rápido y eficaz (entre 6 y 9 meses los contenciosos, una semana las ratificaciones de mutuo acuerdo),y el resto de partidos judiciales limítrofes, en su gran mayoría, ante el colapso judicial horriblemente lentos (entre 1 y 2 años los contenciosos, y mínimo un mes los de mutuo acuerdo).

9) Si durante ese tiempo se producen situaciones no deseadas, desde el despacho de abogados nos recuerdan que existen medidas reguladoras de la convivencia, desde medidas cautelares urgentes, hasta solicitar el auxilio al Juzgado de Violencia sobre la Mujer si hablamos de problemas más graves.

Por último, para poner el punto y final, debes obtener no sólo el divorcio, sino el convenio regulador del mismo.

10) La sentencia es una resolución dictada por un juez, bien aprobando un convenio regulador elaborado y suscrito por las partes, bien resolviendo un procedimiento contencioso por no existir acuerdo.

El convenio regulador se elabora para plasmar los acuerdos alcanzados por las partes, y deberá ratificarse en presencia judicial.