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Luces y sombras en la custodia compartida de los menores

El PSOE teme que puedan existir perjuicios cuando esta medida es impuesta por los jueces 

Existe un consenso innegable entre los expertos respecto a que la custodia compartida es el régimen ideal para establecer la tutela de menores en casos de separación, nulidad o divorcio en un entorno de entendimiento entre los progenitores. Pero el borrador de anteproyecto que ha comenzado a redactar el Gobierno para establecer como preferencial este sistema de guarda —o como mínimo equipararlo a la custodia monoparental— ha comenzado a levantar recelos en la oposición.
El PSOE registró esta semana en el Congreso una Proposición no de ley que el Ejecutivo evalúe las consecuencias que tiene esta tutela cuando viene impuesta por los tribunales, advirtiendo que es el mejor sistema en la teoría pero que aplicación en la práctica de manera adecuada es compleja. «Exige respeto mutuo entre los progenitores, actitud razonable y habilidades para el diálogo entre ellos que son difíciles de encontrar en padres en conflicto», subraya la iniciativa. Y en ningún caso, creen los socialistas, puede generalizarse este tipo de custodia en los casos de violencia de género. Consideran además que este estudio debe realizarse en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los órganos competentes.

Un debate profundo

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si es necesario mantener estas reservas. El vicepresidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez, subraya que este tipo de custodia es la ideal al ser menos traumática para el menor «que puede seguir teniendo a sus dos padres», y subraya su confianza en que los juzgados no la establecen «por capricho» o sin informes sobre la familia. Ve en la actuación del PSOE posibles motivos ideológicos, aunque sí reclama que antes de establecer una legislación en temas tan delicados se abra un debate profundo con expertos para evitar que prevalezcan los intereses partidistas. 

En cambio, la directora general de «The Family Watch», María José Olesti, considera que la iniciativa del PSOE es una medida positiva ya que «lo más importante a la hora de aplicar la custodia compartida es tener en cuenta que lo que está por encima siempre es el interés y la protección físicay anímica del menor en general y en algunos casos de forma particular». Aboga así porque esta medida lleve «un seguimiento especial por parte de los jueces en aquellas situaciones donde exista conflicto y donde las relaciones entre los padres sean difíciles o inviables».

Sin seguimiento

A lo largo de su proposición, el PSOE advierte de que no se ha realizado ningún análisis objetivo sobre si la custodia compartida es conveniente para salvaguardar el interés del menor, a pesar de que se está extendiendo. En este sentido, subraya que los juzgados de familia no hacen seguimiento alguno sobre el impacto de la custodia compartida en los menores cuando es impuesta por el juez, ni hay datos sobre su idoneidad para asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, la estabilidad emocional y la formación integral del menor.
«Se debe legislar en interés del menor. Creemos que los jueces deben intervenir sólo en aquellos casos en los que exista conflicto y hay que dejar a las partes que negocien el modelo de custodia cuando se realiza de mutuo acuerdo, que son la mayoría de los casos de divorcio en este país», ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, tras el registro de la iniciativa. Los socialistas coinciden así con la plataforma feminista, que considera la custodia compartida como «una forma más de violencia contra las mujeres» y denuncia que cuando viene impuesta por los tribunales los efectos que acarrea para los menores no son «positivos».

Mayoría política ajustada

El Gobierno, de hecho, ha emprendido esta reforma con una ajustada mayoría política. El pasado 20 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó por 171 votos a favor y 158 en contra una moción de Ciudadanos, consecuencia de interpelación a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Con esta moción, el grupo naranja instaba al Gobierno a realizar, en tres meses, las modificaciones necesarias para que el Código Civil contemple la guardia compartida como el modelo preferente. El debate está servido.