AEAFA subraya que la violencia en la pareja es el principal freno para la custodia compartida
La custodia compartida parece un fenómeno imparable. Ya el propio
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalaba que los jueces
otorgan esa medida en el 28,3% de los asuntos de divorcios y
separaciones en nuestro país. Para María Dolores Lozano,
presidenta de la Asociacion Española de Abogados de Familia (Aeafa), la
custodia compartida es una medida que tiende a crecer.
Lozano insiste en que “el desarrollo de normativa autonómica sobre el
tema, los fallos judiciales sobre esta figura y el borrador que hay en
el Ministerio sobre una ley nacional son factores que dejan claro su
expansión”.
Este asunto será uno de temas que se abordarán en las Jornadas de Derecho de Familia que mañana miércoles se inician en Sevilla y se prologan hasta el jueves 5 de octubre.
A juicio de esta experta en derecho de familia “la situación de violencia extrema en la pareja es un impedimento notable en el ejercicio de la custodia compartida.
Junto a ellos, los horarios laborales, la distancia entre los
domicilios, la precariedad económica de uno los progenitores, pueden
impedir que los progenitores logren acuerdos”, apunta Lozano
Para Lozano “si uno de los progenitores boicotea una relación
pacífica de forma constante aunque no haya una situación de violencia,
ese progenitor demuestra su incapacidad para gestionar sus
responsabilidades parentales”. Esta experta señala que cada caso
concreto es muy específico y hay que estudiar al detalle. “Eso hace que
en el derecho de familia existan muchas tonalidades, además del blanco y
del negro”.
Será la 22 Edición de estas jornadas de derecho de familia, a
las que ya han confirmado su asistencia cerca de 400 letrados, jueces y
fiscales de toda España que organiza la Asociación Española de Abogados de Familia en Sevilla.
En esta oportunidad cuestiones como las crisis de pareja y su
vertiente hipotecaria, fiscalidad en las rupturas matrimoniales, la
custodia compartida y los obstáculos que la frenan, son algunos de los
temas que se abordarán.
El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián
Álvarez García, el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo
Rodríguez, y la presidenta de la Aeafa, María Dolores Lozano, serán los
encargados de inaugurar mañana las jornadas que han generado por los
contenidos y altura de los ponentes gran expectación.
Ejecuciones de sentencias, un caballo de batalla
Otro asunto que se analizará son las ejecuciones de sentencias “es
una asignatura pendiente, sigue habiendo un atasco importante en estos
temas. Esos procesos de ejecución no están pensando para el derecho de
familia. Hay una parte personal, de entrega de niños, cumplimiento de
régimen de visitas y resolución de conflictos que no se tiene en cuenta.
Muchos de estos asuntos se eternizan por este motivo”. A este respecto
cree que la figura de Coordinador de Parentalidad podría ayudar a dicha
ejecución en muchos casos.
Para la presidenta de Aeafa, otro elemento importante es la búsqueda de alternativas a la hora de resolver conflictos.
Desde su punto de vista la via judicial debe ser la última instancia a
emplear. “Es en caso de Francia que desde el pasado 1 de septiembre en
diferentes poblaciones ha establecido la mediación de familia de forma
obligatoria. Es evidente que esto supondría introducir en las escuelas y
universidades educación sobre estos temas y un cambio cultural en los
propios abogados, muchos de ellos solo creen en los pleitos”.
Incumplimientos de sentencias
En este foro de debate de dos días de duración, los congresistas,
reunidos en Sevilla, también responderán a cuestiones prácticas como
¿Qué ocurre si no se paga la pensión de alimentos de los hijos menores? ¿Qué sucede cuando un progenitor incumple el régimen de visitas?
¿Y si los padres discrepan sobre la elección del colegio del niño? “Aún
se arrastra los efectos de la crisis económica y el impago de pensiones
ha llegado a ser en muchos casos el 30% del total de las sentencias
dictadas”, aclara Lozano.
Junto a ello se ha producido “como no podría ser de otra manera
muchos procedimientos de modificación de medidas de cara a poder
afrontar esos pagos de las pensiones alimenticias y compensatorias”. Es
un escenario en el que muchas personas han perdido su trabajo, o han
cambiado de profesión o tuvieron negocios que no funcionaron. “Otros
progenitores pudiendo cumplir esas medidas no lo hacen, subraya.
Curiosamente ante esta situación “no todos los incumplidores se ven
inmersos en un procedimiento judicial por no hacer frente a los pagos de
sus pensiones. Hay muchos cónyuges que no denuncian al
progenitor que ha dejado de pagar. Prefieren criar a los hijos ellas
solas con el apoyo de servicios sociales y algunos familiares que meter
al otro progenitor en la cárcel”.
Sustracción de menores, se abordará
La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) agrupa a 1.800
letrados especializados en Derecho de Familia de todo el país. Aeafa es
el interlocutor con los gobiernos central y autonómicos para el
asesoramiento e impulso de las reformas legislativas relacionadas con el
Derecho de Familia.
Desde hace 20 años promueve la creación de juzgados de Familia que
eviten la discriminación del ciudadano por su lugar de residencia. La
presidenta de Aeafa actual es la letrada María Dolores Lozano
que mantiene contactos abiertos con Ministerio de Justicia y de Sanidad
para trabajar en la dirección de constituir esa jurisdicción de familia
tan necesaria a juicio de este colectivo profesional.
Durante la sesión ‘Foro abierto’, los intervinientes examinarán la
sustracción internacional de menores: el traslado ilícito de un menor a
un país distinto de donde reside habitualmente por parte de uno de los
cónyuges. Estos casos son cada vez más habituales en matrimonios
formados por personas de distinta nacionalidad. Por ejemplo, durante el
proceso de Juana Rivas, esta mujer fue investigada por los presuntos
delitos de sustracción parental de menores.
Desde esta entidad se insiste en la necesidad de ir siempre “a un
abogado especializado en derecho de familia para que pueda asesorar a
las partes implicadas en cada hecho. Son asuntos muy delicados que no se
pueden dejar al criterio de profesionales que no sean especialistas en
la materia”, indica la presidenta de AEAFA. Para esta jurista en ese
mediático caso “los tribunales españoles han actuado conforme a derecho y
como tiene que ser”.
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