Faro de Vigo

Los conflictos entre exparejas por la escolarización o pasaporte de sus hijos se disparan en los juzgados

De enero a junio hubo 106 casos, un 50% más que en 2017

Tras una separación, si hay hijos de por medio y la relación entre la expareja no es precisamente buena, las decisiones que a lo largo de los siguientes años es preciso adoptar con respecto a los menores pueden acabar convirtiéndose en una fuente inagotable de conflictos que no pocas veces finalizan en los juzgados de Familia. Y un tipo de asunto que aumentó de forma notable, disparándose más de un 50% en un solo año, es el que se deriva de los desacuerdos entre ambos progenitores en relación con dos cuestiones muy concretas: la escolarización y la expedición del pasaporte a los niños. ¿Y por qué acaban ante el juez? Pues la razón es que para ambos trámites, para matricular por ejemplo a un menor en un colegio o para que pueda obtener el pasaporte, se exige la firma de los dos progenitores. El problema surge cuando uno de ellos no quiere estampar su rúbrica. Ante este escenario, la opción existente es acudir al magistrado para que, mediante una resolución judicial, aporte la solución. Se trata de los denominados procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y cada vez hay más, como lo demuestran los 106 expedientes de esta materia que entraron en las salas de Familia de Vigo en el primer semestre de 2018. En el mismo período del año anterior la cifra se situó bastante por debajo: entonces hubo 69 casos.

Para cierto tipo de cuestiones relacionadas con los menores de edad se requiere la firma de los dos titulares de la patria potestad. En el caso del pasaporte, el consentimiento expreso de los dos miembros de la pareja se exige a raíz de una reforma legal que entró en vigor en 2014, para, entre otros fines, evitar problemas de sustracción de los hijos por parte de alguno de los cónyuges. "Hace años apenas registrábamos pleitos de esta materia; ahora son frecuentes, entran prácticamente todas las semanas", explican fuentes judiciales. La mayoría de estos procedimientos de jurisdicción voluntaria tienen que ver con la escolarización. "A partir de la primavera, cuando se abren los plazos de las matrículas en los colegios, es cuando más hay", concretan.

En ocasiones, tras la negativa de uno de los padres a firmar existe un desacuerdo real. "Puede ocurrir que uno quiera un colegio religioso y otro no; o que el exmatrimonio viva en distintas ciudades y cada uno de ellos pretenda escolarizar al niño en un centro escolar de su zona", relatan. Pero en la mayoría de las ocasiones, detrás de estos casos que al final debe resolver el juez hay simplemente una "falta de entendimiento" entre los padres. "Acaban aquí por no hablar o no comunicarse entre ellos; o porque el que no firma solo quiere hacer daño al otro; no se debe a que al final no esté conforme con llevarlo a ese colegio en concreto", ahondan sobre esta problemática.

En lo relativo a los pasaportes, la situación es similar. Surge si uno de los padres quiere ir de vacaciones con su hijo y su expareja no acude a la Policía Nacional a firmar el consentimiento para que se expida este documento. En los juzgados también ven con cierta habitualidad estos asuntos cuando se trata de viajes organizados por los centros escolares. "Aunque vayan a países del espacio Schengen, los colegios suelen requerir los pasaportes de los niños", dicen en un juzgado.

¿Y cómo soluciona el juez estas situaciones? En el caso de los pasaportes, tras verificarse que ninguna cuestión lo desaconseja, dicta una resolución autorizando al cónyuge que lo solicita para que se lo expidan al niño. Y lo mismo en la escolarización, atribuyendo la facultad a uno de los padres tras estudiar las circunstancias.

Gran volumen de trabajo

Y junto al aumento de estos casos, la carga de trabajo en las tres salas de Familia sigue siendo alta. Entre enero y junio registraron en total más de 1.450 causas. Entre ellas destacan las 341 que hubo de separaciones o divorcios, así como las 116 de los denominados more uxorio, los de las parejas de hechos que van a la vía judicial para regular lo relativo a la custodia, régimen de visitas y pensión de los hijos menores. También se contabilizaron casi 180 casos de modificación de medidas: la mayoría son de padres que piden una rebaja de la cuantía a abonar por alimentos a sus hijos.

Junto a los asuntos de Familia, estos tribunales registraron 296 procedimientos de internamientos en centros psiquiátricos, 120 de ingresos en residencias de la tercera edad y 122 de incapacidades