La Voz de Galicia

El papa agiliza ya las nulidades

Hoy se presenta el documento que podría eliminar la segunda instancia si hay acuerdo, dar capacidad de decisión al obispo y jerarquizar el tribunal

El camino hacia la nulidad de un matrimonio canónico puede allanarse a partir de hoy, cuando el Vaticano anuncie oficialmente el motu proprio (un documento papal) que sobre este espinoso asunto ha firmado el pontífice.

El Vaticano no ha facilitado ninguna información sobre el contenido del Mitis Iudex Dominus Iesus, que así se llama la carta de Francisco, pero medios italianos tan bien informados en asuntos papales, como La Stampa y La Repubblica, apuntaban ayer algunos de los posibles cambios que se anunciarán. Se barajan al menos tres líneas de actuación: que en caso de mutuo acuerdo, se elimine la hoy obligatoria segunda instancia; que se abra un proceso «administrativo» complementario al judicial que termine en la mesa del obispo, quien tendría potestad para anular el matrimonio; y proceder a cierta jerarquización del tribunal eclesiástico que juzga cada caso, y que actualmente está formado por tres jueces, un «defensor del vínculo» y un notario.

Estas medidas no son del todo sorprendentes, pues, desde que hace más de un año el papa pusiese sobre la mesa qué hacer con los divorciados católicos que se casan en segundas nupcias, los estudiosos del Derecho Canónico están barajando diferentes opciones para agilizar un trámite que hoy en día se considera largo, engorroso y caro.

La medida que tiene más visos de aparecer en el motu proprio es la eliminación de la segunda instancia si hay mutuo acuerdo. En la actualidad, los cónyuges tienen que esperar a que dos tribunales diferentes aprueben su nulidad, incluso en el caso en que ambos la deseen. Esto supone unos seis meses más y un nuevo pago a abogado y procurador por esta segunda instancia, que habitualmente, eso sí, cobran menos que en la primera instancia.

Que sea el obispo el que decida por sí mismo la nulidad de un matrimonio también es un asunto que se había apuntado. En el documento base que se debatirá en el esperado sínodo general de obispos del mes de octubre -y que llevan dos años preparando, con una encuesta a todas las parroquias incluida- se dice que el obispo podría permitir la participación activa de un divorciado que se haya vuelto a casar por lo civil -comunión incluida- si antes ha habido reflexión profunda y remordimiento.

La tercera propuesta, que el tribunal tenga un voto de calidad, es una idea menos conocida pero también barajada en las reuniones del sínodo de obispos del pasado octubre -que sirvieron para preparar la reunión del próximo mes-.

Más lejana parece la especulación que ayer proponía The Washington Post: que el Vaticano acepte la idea de que un matrimonio puede terminar, algo de tanto calado que ni un revolucionario en las formas como es este papa parece dispuesto a aceptar.

Dos años de trámites, miles de euros y un mal trago

Un matrimonio católico siempre es válido a ojos de la Iglesia. Esta es la premisa en la que se basa todo el sistema de nulidad canónica, en la que el objetivo no es «anular» la boda sino demostrar que en el momento de su celebración existía algún motivo que convertía la unión en nula. Llegar a este punto es un proceso complicado y muchas veces desagradable que desanima a los católicos a pedirlo y por tanto los aleja de la Iglesia en caso de que tengan nuevas parejas.

¿Cuánto dura el proceso?

Suele tardar unos dos años, ya que a la primera sentencia de un tribunal eclesiástico hay que sumar una segunda de forma obligatoria, que son unos seis meses más de espera. El proceso es relativamente sencillo: se presenta la demanda con los capítulos (causas) de la nulidad y se proponen pruebas; declaran ante el tribunal la parte demandante (la demandada puede no aparecer), los testigos y el «defensor del vínculo»; se realizan las pruebas periciales si son necesarias; y se espera a la sentencia.

¿Es muy caro? ¿En qué casos puede salir gratis?

Es un proceso caro porque a las minutas de abogado y procurador hay que sumar las tasas. Cambian por diócesis, pero suelen ser de unos 700-800 euros, que suben unos 250 euros por cada causa que se alegue; a eso hay que añadir unos 350 por cada prueba pericial que realice el tribunal (si la aporta la parte tendrá que pagar al perito contratado). Si la parte demandada se opone, debe pagar unos 500 euros por la oposición.

El proceso puede ser gratis si una persona tiene bajos ingresos (se suelen considerar así a dos veces el salario mínimo interprofesional) y no posee propiedades; si pasa este tope también se puede optar a descuentos.

¿Qué causas se pueden esgrimir?

Hay de tres tipos: impedimentos, vicios de consentimiento y defectos de forma. Del primero destacan la disparidad de cultos, la impotencia y la consanguinidad, y los defectos de forma incluyen casarse sin cura o con uno no apto. Las causas más habituales son los vicios de consentimiento: «grave defecto de discreción de juicio» (la conocida inmadurez), incapacidad de asumir las obligaciones del matrimonio por causas psíquicas (ser incapaz de ser fiel), haberse casado coaccionado, mentir al otro sobre un asunto fundamental... En estos casos, el proceso se puede hacer cuesta arriba por las íntimas preguntas que deben contestar los demandantes.