ABC

Parejas divorciadas, ¿quién debe hacer frente a los gastos escolares?

La vuelta al colegio se convierte, cada septiembre, en una difícil tarea para los padres separados, creando la eterna duda de a quién le corresponde pagar cada desembolso

El desembolso económico que los padres realizan con la vuelta al colegio –uniforme, material escolar...– es más complicado en parejas separadas o divorciadas. Cuando se rompe la convivencia, existe una pensión de alimentos a favor de uno de los progenitores con el fin de cubrir las necesidades de los niños en cada momento.
Tal y como cuenta Elena Crespo, especialista en derecho de familia y socia de Bressers Law, en el acuerdo de separación queda incluido, en el concepto de alimentos, todo gasto que resulte indispensable para el sustento propiamente dicho (nutrición), alojamiento, vestimenta y asistencia médica, así como la educación.
En algunos casos los proenitores dudan de los gastos a los que cada parte debe hacer frente. «La respuesta no es sencilla. Cuando se trata de un desembolso que afecta a la educación del menor, se considera «alimento». Pero la vuelta al colegio, algo puntual, es un gasto extraordinario y, por tanto, no debería ser incluido en la cuantía de la pensión», apunta Crespo.

Con una sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2014, la situación cambió. «Los gastos ocasionados por la vuelta al colegio deben ser calificados como ordinarios —todo lo que sea necesario, previsible y periódico— e ir incluidos en la pensión mensual de alimentos», continúa. Así, una pareja al separarse tiene que tener claro que lo referente a matrícula, ropa deportiva, comedor escolar, cuotas de la AMPA..., será abonado a través de la pensión alimenticia.

Convenio regulador

La cantidad a pagar por parte de un progenitor a otro queda recogida en el convenio de divorcio o en la sentencia judicial que se haya alcanzado, ante la falta de un acuerdo entre las partes. «La pensión de alimentos se efectuará hasta que el hijo sea económicamente independiente. En España, eso se traduce a los 23 años, aproximadamente, que es la edad en la que el joven ha terminado sus estudios (incluido el máster si lo quisiese hacer)», insiste la especialista.
Hasta ese momento, los progenitores deben hacerse cargo de las necesidades de los niños, especificando qué gastos corresponden a la categoría de ordinario y extraordinario. Esta última, generalmente, suelen ser sufragados por ambas partes al 50%.
Sin embargo, la diferencia entre unos gastos y otros no está muy clara. «Por ejemplo, los gastos universitarios están incluidos en la pensión –matrícula, libros, transporte, residencia universitaria o alojamiento...–, pero si el hijo quiere estudiar un máster, ya se consideraría como extraordinario aunque con excepciones», comenta Crespo. «Si estudia derecho para ser abogado, eso lleva consigo el máster de abogacía para ejercer y, por tanto, es un desembolso ordinario. Cuando el posgrado se estudia por gusto, no entraría a formar parte de la pensión».

Refuerzo, deporte, ocio, sanidad...

Las actividades extraescolares deportivas, visitas al dentista, oculista, la celebración de la Primera Comunión, el carnet de conducir o los campamentos de verano son gastos extraordinarios a los que los padres deben hacer frente. «Las clases de refuerzo de alguna asignatura sí entran a formar parte de la pensión de alimentación si en el momento de firmar el divorcio, el hijo ya necesitaba esa ayuda. En cambio, si el apoyo académico es fundamental con el paso de los años, se considerará como algo extra», continúa.
Las excursiones entran dentro de la cuantía de alimentación, aunque no ocurre lo mismo con los viajes de fin de curso o los campamentos de verano, que son extraordinarios. «En estos últimos, si uno de los progenitores no está de acuerdo con el lugar del campamento , será la parte conforme la que abone la cantidad, sin tener que ser un gasto de 50-50 por ciento», insiste Crespo.
En cuanto a los gastos médicos, de farmacia, asistencia al dentista u oculista, los gastos correran a cuenta de ambas partes, entendiéndose así como algo «extra». Las vacunas, en cambio, sí son ordinarias, con excepciones como la del papiloma que se considera extraordinaria porque no se puede prever.
Los desembolsos serán, en definitiva, estipulado por la pareja, dependiendo de los recursos económicos que posean y velando, siempre, por lo mejor para sus hijos. 

El Economista

Celebrar un nuevo matrimonio extingue la pensión compensatoria

La causa de extinción de la obligación del pago de la pensión compensatoria por contraer nuevo matrimonio produce su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de julio de 2018, que recoge el acuerdo del Pleno de la Sala Civil.

El ponente, el magistrado Salas Carceller, dice que la razón de "ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona".

La sentencia distingue entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria.

Esta extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 del Código Civil -mientras que a la modificación de la pensión compensatoria se refiere el artículo 100- y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de - aunque no exista matrimonio- vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior.

El demandante solicitaba en esta ocasión, la extinción desde la fecha de interposición de la demanda. La sentencia de primera instancia había dictado la extinción de los efectos desde la fecha de la sentencia, pero la Audiencia Provincial estimó el recurso y acogió la tesis del demandante.

En el caso en litigio, considera el magistrado Salas Carceller, que no existe ninguna razón para concluir que la solución adoptada por la Audiencia Priovincial, llevando los efectos de la extinción a la fecha de presentación de la demanda, suponga una solución no acorde con el espíritu de la norma pues se ha podido determinar que la situación de convivencia que dio lugar a la extinción existía desde el año 2004 -más de diez años antes de la interposición de la demanda- por lo que carece de sentido prolongar más allá del ejercicio del derecho por el demandante la existencia de la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás.

 

Vestalia Asociados

Requisitos para conseguir la Custodia Compartida

¿Reúno los requisitos para conseguir la Custodia Compartida? ¿Han aumentado en los últimos años los casos en los que los jueces otorgan la Custodia Compartida de los hijos en común?

Estas son sólo algunas de las cuestiones que muchos padres nos formulan cuando llegan por primera vez a nuestro despacho, bastante escépticos, por cierto, en busca de respuestas que les acerquen un poco más a la vida cotidiana de sus hijos.

Todos ellos tienen en común algo: ni quieren, ni se resignan a ser unos simples padres-visita.

Sin duda, la custodia compartida presenta una serie de ventajas para los padres y madres y puede resultar sumamente beneficiosa para los niños a todos los niveles: afectivo, educativo y formativo, pues éstos siguen manteniendo un contacto fluido con ambos.

También desde el punto de vista económico, la custodia compartida permite que cada padre y madre se haga cargo de los alimentos ordinarios de los hijos en proporción al tiempo que los tenga en su compañía, de esta forma se contribuye a disminuir el impago de las pensiones alimenticias al desaparecer el deudor de las mismas. Sin embargo, no menos cierto es que, si existe una diferencia importante entre los ingresos y recursos económicos de ambos progenitores, la custodia compartida NO está reñida con el establecimiento de una pensión de alimentos.

Y, lo que es más importante, la custodia compartida contribuye a confirmar la igualdad de derechos y deberes entre los progenitores respecto a los hijos.

Las ventajas resultan claras y evidentes, sin embargo, en la práctica habitual  comprobamos que la realidad que se plasma en las resoluciones judiciales no suele ser tan proclive a la custodia compartida como nos gustaría.

El primero de los supuestos de guarda y custodia compartida que recoge el art 92 CCivil en su nº 5 se refiere al acuerdo de los progenitores, bien dentro de la propuesta de convenio regulador o bien por acuerdo alcanzado dentro del procedimiento contencioso. El segundo de los supuestos, es el previsto en el nº 8 del mismo precepto, que se refiere a la posibilidad de su establecimiento cuando uno de los progenitores lo solicite, exigiendo informe del Ministerio Fiscal.

Optar a la custodia compartida en España es, sin duda, cuestión de suerte y, en muchas ocasiones, una verdadera carrera de fondo para esos padres.

Lo sabemos bien, pues corremos con ellos acompañándoles en las distintas etapas que atraviesan, muchas de ellas tan demoledoras que parecen absorber todas sus fuerzas y esperanza.

El sistema de guarda y custodia compartida debe considerarse, según nuestro Tribunal Supremo, normal, y no excepcional, debiendo en consecuencia evaluarse nuevamente las circunstancias concurrentes en el grupo familiar, incluso cuando en su día se acordó, de mutuo acuerdo, que la custodia fuera ejercida por la madre. Con este criterio se pretende no congelar el régimen que se adoptase hace años, pues las circunstancias familiares son líquidas.

Pero nuevamente la realidad con la que nos topamos los abogados de familia y nuestros clientes es muy dispar: no existen criterios unánimes en los juzgados que nos permitan un mínimo de seguridad jurídica cuando hablamos de guarda y custodia compartida. Sin embargo, la experiencia si nos facilita conocimientos para poder evaluar, con un mínimo de acierto, la viabilidad que tenemos de conseguir la custodia compartida en un caso concreto.

¿A que dan importancia los Jueces y Fiscales a la hora de valorar la custodia compartida?

La STS de 30 de mayo de 2016, Rec. 3113/2014 del Alto Tribunal recoge que la finalidad de la custodia compartida es establecer un modelo lo más parecido “al modelo existente antes de la ruptura y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de “seguir” ejerciendo sus derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos”.

En este sentido, comprobamos gracias a la experiencia como abogados de familia que los jueces valoran positivamente que ambos progenitores hayan participado en las rutinas de los niños desde su nacimiento, desde la entrega y recogida de los hijos en el colegio, hasta las cuestiones médicas y las tutorías con los profesores.

Aportar durante el procedimiento informes o justificantes que acrediten que el padre ha participado de estas tareas resulta imprescindible, a pesar de que sea una locura pretender resumir la vida de una familia a unos simples documentos solicitados expresamente para “la ocasión”.

Por lo tanto, queda claro que conocer a los profesores, estar en el grupo de WhatsApp de padres y madres o acudir a las revisiones médicas “suma puntos” a la hora de solicitar la custodia compartida.

Sin embargo, no todas las funciones relacionadas con la crianza de los niños son fácilmente acreditables y, de igual forma, su reparto va variando a lo largo de los años en función de las condiciones laborales de los progenitores, la edad de los niños y un sinfín más de circunstancias que rodean a la familia.

También hemos comprobado que, en ocasiones, los juzgados valoran más la situación presente que en el pasado a corto-medio plazo; por lo que, si tu horario laboral en los últimos dos años es mucho más absorbente que en los últimos diez, suele tener más peso la situación actual por más que, anteriormente, te dedicaras en cuerpo y alma a los hijos.

Por este motivo también el momento en el que se inicia un procedimiento de familia debe ser estudiado con detalle.

Otro requisito de vital importancia para conseguir la guarda y custodia compartida es la facilidad para conciliar la vida laboral y familiar

Si bien en nuestra legislación no existe en modo alguno un modelo de custodia compartida que obligue a repartir la convivencia en períodos iguales con cada uno de los progenitores, cada situación familiar es distinta y son éstos, o en su defecto el Juez, los que atendiendo a las circunstancias personales deberán establecer el modelo o régimen de custodia que consideren conveniente en cada caso.

Aunque nuevamente la realidad de los juzgados apunta a una tendencia que parte de repartos semanales o quincenales completos, entendiéndose que otro sistema podría “volver locos a los niños”, siendo su estabilidad y bienestar primordial a la hora de diseñar un plan de corresponsabilidad parental.

Las obligaciones laborales, la disponibilidad horaria, la opción de hacer teletrabajo o las reducciones de jornada, también influyen a la hora de poder optar a la custodia compartida dentro de un proceso judicial.

Asimismo, y en relación con lo anterior, la proximidad geográfica de las residencias y el colegio,  la edad del menor, el horario de las actividades escolares y extraescolares, etc., también son relevantes.

Por supuesto, es imprescindible acreditar todo esto mediante capturas de google visualizando las distancias entre viviendas y con el colegio, certificados de cada actividad que realice el menor, etc.

IMPORTANTE: cuando lo que pretendemos es una modificación de las medidas paternofiliales acordadas en el pasado, resulta de imperiosa necesidad que éstas se hayan desarrollado con regularidad y sin incidencias.

El progenitor no custodio es mirado con lupa, y debe demostrar que ha venido cumpliendo el régimen de visitas estipulado, así como el abono de la pensión de alimentos.

Así las cosas, un padre que ha venido fallando reiterada e injustificadamente en las visitas o que no ha cumplido con sus deberes de mantener a sus retoños, es imposible que pueda acceder a la custodia compartida, pues denota que no ha tenido interés alguno en ejercer como padre salvo, por supuesto, casos de fuerza mayor.

Por supuesto, los precedentes importante. Así, un régimen de visitas amplio (fines de semana ampliado a la pernocta del domingo, por ejemplo), o incluso el hecho de que los progenitores de mutuo acuerdo hayan sido flexibles a la hora de acordar más visitas y estancias que las judicialmente fijadas, es beneficioso a la hora de optar a la custodia compartida. 

Importante en estos casos es dejar constancia escrita de esta coordinación y acuerdos no formales entre progenitores. Lo que no está escrito, se lo lleva el viento.

Otro de los requisitos que se tienen en cuenta son los apoyos familiares, debiendo acreditarse la edad, dónde viven, la condición personal/laboral y estado de salud.

Contar con los padres (abuelos de los menores) puede ser el empujón que necesitabas para conseguir la custodia compartida de tus hijos.

En cuanto a la relación entre los progenitores es importante, pero no es definitiva. Así el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de julio de 2011 señala que «las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor».

Y es que, el hecho de que uno de los padres ponga todo su empeño en generar discordia, no debe ser de ninguna manera un obstáculo para que el otro pueda estar con sus hijos.

Los padres deben aportar un Plan de Responsabilidad Coparental que refleje con precisión como va a llevarse a cabo ese modelo de custodia compartida y las ventajas y beneficios que supondrá para los niños.

Ya no solo refiriéndose a la permanencia estable en cada uno de los domicilios, sino también en cuanto a la toma de decisiones sobre su educación, salud, educación y cuidado; deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de relaciones con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas (Sentencia TS número 515/2015, de 15 de octubre de 2014).

Los niños con madurez suficiente tienen derecho a ser escuchados, pero ¿y si están manipulados?

Esta sin duda es la mayor lacra en las separaciones y divorcios pues la exploración del menor puede convertirse en el muro que te separe de la custodia compartida de tus hijos.

Y que decir de las interminables listas de espera para acceder al Informe Psicosocial de la unidad familiar, las cuales pueden prolongarse fácilmente uno o dos años.

Es innegable que los menores se ven implicados en los procesos de separación y que, en muchísimas ocasiones, se convierten en monedas de cambio, en piezas clave en una partida de ajedrez donde parece que todo vale a la hora de trazar una estrategia.

La custodia compartida debe ser sin duda el sistema preferente, y el acceso a la misma de ninguna forma puede continuar siendo un camino de espinas en el que, al final del mismo, los padres sienten, que muchas veces, el esfuerzo ha sido en balde.

Los profesionales del derecho de familia seguimos haciendo camino en cuanto al derecho de los hijos, y de los padres, de disfrutar y compartir en condiciones igualitarias la vida familiar. Pero, no menos cierto es que no en todos los contextos familiares la custodia compartida es posible ni beneficiosa para los niños y, en estos casos, también debemos ser realistas y honestos con nuestros clientes.

Resulta indispensable unificar criterios en primera instancia, ya sea en un Tribunal de Lliria o en otro de Torrecaballeros. Pues la suerte de un padre, y de los niños, no puede depender de en qué juzgado cae su asunto, ni mucho menos.

El trayecto se hace caminando y nosotros creemos firmemente en otro tipo de abordaje de los procesos de familia que debe partir del protagonismo absoluto de los niños, quienes habitualmente se ven, innecesariamente, salpicados por las rencillas y conflictos de sus padres. Por otro lado, necesitamos urgentemente una jurisdicción especializada en familia, así como mayores recursos y formación actualizada de todos los profesionales que participan, de un modo u otro, en este engranaje.

Esta es la única forma de proteger con garantías plenas el derecho de los niños a una infancia completa y feliz.

 

ABC

«No se es peor padre por no echar de menos a un hijo»

La psicóloga María Jesús Álava Reyes explica los diversos sentimientos de los progenitores que apuntan a sus hijos a campamentos de verano 

Miles de familias se encuentran en estas fechas separadas porque sus hijos se han marchado a un campamento de verano. Los padres continúan trabajando y es la única posibilidad que han encontrado para que sus pequeños estén atendidos. Pasaron ya los momentos de incertidumbre para elegir la mejor estancia para el niño, saber si tiene la edad adecuada, tener todos los papeles en orden (tarjetas sanitarias, pasaportes, en el caso de salir al extranjero), preparar mochilas...
La mayoría de los niños ya están de campamento. Ahora los padres se enfrentan a una segunda fase, la de las emociones y los sentimientos, a veces contradictorios. En los hogares se pueden dar tres circunstancias. La de aquellos padres que al entrar en la habitación de su hijo notan un gran vacío y, como consecuencia, sienten tristeza, preocupación y hasta sueltan alguna lágrima por sentirse culpables de que no pueden tenerles a su lado y, por otro lado, hay progenitores a los que ese mismo vacío les provoca un gran alivio y paz y el sentimiento de culpabilidad viene en este caso motivado por no sentirse mal ni echar de menos a su hijo.

Sentimientos encontrados

«Ambas situaciones son normales y unos padres no son peores que otros por no echar de menos a un hijo que se ha ido unos días de campamento», apunta María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del centro de Psicología Álava Reyes y autora de libros como «El no también ayuda a crecer».

A estas dos situaciones, Maricarmen Pérez Isabella, directora de actividades y fundadora del Club Eduma, además de coordinadora de tiempo libre, añade la de «aquellos padres que en su infancia asistieron a campamentos y ahora deciden llevar a sus hijos, no por necesidad, sino porque lo consideran como una parte imprescindible de su educación por todos los valores que aporta: aprender a compartir, colaborar, sentirse parte del grupo, tomar decisiones, autonomía, respetar al compañero, saber escuchar a los demás, cumplir normas, ser puntuales...».
Cuando un niño se estrena en un campamento, es normal que las familias se sientan un poco perdidas y desorientadas. Se trata de su primer alejamiento físico desde que los pequeños nacieron. «Esta separación es una prueba de madurez para padres e hijos –apunta Álava Reyes–. En algunas organizaciones no dejan que los niños hablen por teléfono con los padres, o en contadas ocasiones, para que los pequeños estén centrados en sus actividades y disfruten al máximo. Sin embargo, la creatividad de algunos padres muy protectores no tiene límites y llaman con excusas insospechadas a los centros para cruzar algunas palabras con sus pequeños. No es recomendable, puesto que el niño, al oír la voz de su madre o padre se acordará de lo bien que está en sus brazos y bajo el paraguas de sus mimos, lo que puede provocarle lágrimas o que diga, sin un motivo de peso, que quiere irse del campamento», asegura Álava Reyes.

Normas estrictas

No hay que olvidar que estos lugares tienen una serie de normas estrictas que todos los participantes deben cumplir: la hora de levantarse, colocar sus cosas, hacerse la cama... hábitos a los quizá que no están muy acostumbrados a realizar en casa, lo que puede resultar a los pequeños algo molesto pero, que, sin duda, les inculca valores para ser más responsables, autónomos y respetuosos.
Señala Álava Reyes que es normal que los niños echen de menos a sus padres sobre todo cuando les ponen una comida que no les gusta o, por la noche, cuando se meten en la cama sin su beso de «hasta mañana», pero «superar esos momentos es muy importante y les prepara para enfrentarse a otros pequeños contratiempos».
La fundadora del Club Eduma recomienda a los padres que vivan esta estancia de forma muy positiva «sobre todo porque se presupone que han elegido una organización seria y segura con profesionales formados para esta labor». Insiste en que decir a los pequeños que si quieren papá y mamá van a buscarte, «es un error porque no les ayuda a enfrentarse a sus miedos y dificultades», por lo que el día de mañana harán lo mismo en otros ámbitos (con amigos, los estudios...) y evitarán situaciones de las que no sabrán salir porque sus padres no les han dado la oportunidad de aprender».

Un alivio «saludable»

En la otra cara de la moneda están los progenitores que se sienten liberados por que su hijo esté fuera unos días. «Es muy lógico, incluso es “saludable”, porque los padres han estado mucho tiempo centrados en la educación de los hijos, en traerles y llevarles del colegio, de las extraescolares... y ahora tienen tiempo de mayor tranquilidad. Por eso, –matiza Álava Reyes– es normal que no le echen de menos o que deseen que el tiempo que esté fuera pase lento».
Esta psicóloga explica que los campamentos implican un gran alivio especialmente para las familias que tienen un hijo con algún problema, como puede ser de aprendizaje o de conducta, lo que supone un gran esfuerzo diario enfrentarse a esta situación. Para ellos, un campamento supone una liberación y un claro descanso».
Se trata, además, de unos días en los que los padres pueden centrarse más en su vida como pareja y realizar planes a los que ya no están acostumbrados por cuidar a sus hijos, como ir al cine, cenar solos, dar un paseo...
Matiza, no obstante, que hay familias en las que los abuelos influyen de forma negativa al insistir a los padres en cómo se les ha ocurrido llevar a los niños a un campamento pudiendo ellos quedarse con los nietos. «Frases como “seguro que la comida es muy mala”, “pasará hambre”, “habrá que ver si le tapan por las noches”..., pueden generar cierta ansiedad en padres que están felices por llevar a sus hijos a estas actividades de verano», matiza.
En cualquier caso, al finalizar el periodo del campamento, María Jesús Álava Reyes recomienda que los padres aprovechen para que sus hijos continúen con ese cumplimiento de hábitos o normas que han respetado mientras han estado fuera de casa. «Se trata de un buen momento para inculcarles que prosigan con esta actitud, aunque, desgraciadamente, la experiencia demuestra que solo lo realizan unos días y vuelven a su rutina del hogar que en familias muy sobreprotectoras consiste en hacerle todo al niño», concluye.

Las preferencias de los campamentos cambian con los hijos adolescentes

La mayoría de las recomendaciones para padres van dirigidas a aquellos que llevan por primera vez a sus hijos a un campamentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta las preocupaciones de aquellos que tienen hijos adolescentes. «Por lo general –asegura la psicóloga Álava Reyes–, los padres tienen la seguridad de que sabrán desenvolverse bien, pero sus preocupaciones se centran en saber que es una edad en la que empiezan a tontear con otros compañeros y que tienen muchos recursos e imaginación para evadir las normas impuestas por los monitores».
Por este motivo, los padres con hijos de 14 a 16 años algo más rebeldes, prefieren campamentos que incluyen muchas actividades (deportivas, educativas...) que dejan a los jóvenes poco tiempo para pensar en realizar “retos” o caigan en comportamientos poco adecuados y propios de estas edades. «También es cierto que los monitores están ojo avizor para que estos casos no tengan lugar y el compañerismo sea el adecuado y no dé lugar a conflictos ni casos de acoso».

La Voz de Galicia

Fracasa en Galicia la iniciativa popular para regular la custodia compartida

Un informe dice que la comunidad no tiene competencia para legislar y los diputados vacían el texto de contenido

Lograron reunir cerca de 15.000 firmas. Con ese respaldo la Asociación de Pais e Nais Separados rogó al Parlamento gallego que tramitara una propuesta de ley mediante una Iniciativa Legislativa Popular para regular en Galicia la custodia compartida o corresponsabilidad parental y de relaciones familiares. Hace nueve meses, en octubre del 2017, los promotores de la idea se felicitaron después de que la Cámara admitiera a trámite su propuesta con el favor del PP y PSOE frente a la negativa del BNG y a que En Marea no votó. Les había costado mucho esfuerzo llegar hasta ahí, pero el primer paso estaba dado.

Populares y socialistas tenían sus dudas de que Galicia pudiera legislar al respecto, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional echara abajo la normativa valenciana. Pero comprobaron que era un tema que estaba en la calle y que había comunidades que lo habían puesto como fórmula preferente, como Aragón, o, la más deseable, como Cataluña y País Vasco. Entonces aceptaron debatirlo. Ahora, tras varias prórrogas para la presentación de enmiendas al documento que pedía que esta alternativa fuera prioritaria en el caso de ruptura de la pareja, el texto por el que tanto peleó el colectivo de padres ha quedado vacío de contenido.

Dictamen

Los grupos representados en el Parlamento gallego tardaron en debatir el asunto a la espera del dictamen de la Comisión Superior para o Estudo do Desenvolvemento do Dereito Civil en Galicia, que resolvió, aunque no por unanimidad, que la comunidad gallega carece de competencias para legislar en esa materia.

Para evitar que sucediera lo mismo que ocurrió con la normativa gallega de adopciones, anulada por el Constitucional a finales del año pasado, y que ahora mantiene en vilo a muchas familias, fuentes de los dos partidos (PSOE y PP) que en principio dieron luz verde a la tramitación parlamentaria justifican su cambio de postura en una cuestión «de responsabilidad», porque no quieren que lo ocurrido con la norma de adopciones se repita con la custodia compartida.

De ahí que hayan optado por presentar, al igual que En Marea y BNG, enmiendas a la totalidad del articulado. De esta forma dejan totalmente vacía de contenido la iniciativa legislativa popular. En el aire está ahora que ese texto en blanco tenga que ser debatido, o no, por el Pleno del Parlamento. La pelota está ahora en el tejado de los servicios jurídicos del Parlamento gallego.

Meses de incertidumbre

Tras meses de incertidumbre, las esperanzas de la Asociación de Pais e Nais Separados quedan evaporadas de ese modo porque eso, en la práctica, implica que la proposición de ley no prosperará. Desde el PP, la diputada Paula Prado explica que en principio le dieron luz verde, «aunque tenía dudas de que Galicia tuviera competencias al respecto».

Ahora lamentan «haber generado falsas expectativas a los promotores», al mismo tiempo que recuerda que su grupo había presentado también una proposición no de ley para que el Gobierno central legisle en la materia, como estaba en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos.

En junio del año pasado el Congreso aprobó en Madrid una moción presentada por Ciudadanos para instar al entonces Gobierno del PP a realizar, en el plazo de tres meses, los cambios debidos en el Código Civil para que esa sea la opción preferente. El borrador del nuevo texto legal lo recoge, pero lleva aparcado más de un año.

Conceder la custodia compartida va en línea con la doctrina marcada por el Tribunal Supremo en todos aquellos casos que las circunstancias lo permitan. De hecho, el número de las concedidas ha experimentado un aumento continuado en los últimos años. En Galicia, en el 2016 eran ya un 17,4 % de los casos. Pero como coinciden la mayor parte de los expertos en el tema, no es una cuestión en la que pueda aplicarse una norma general porque hay que hacer trajes a medida adaptados a cada caso.

De ahí que la postura sobre el contenido de la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento gallego por la Asociación de Pais e Nais Separados no sea unánime entre los distintos grupos representados, aunque ahora todos hayan presentado enmiendas a la totalidad del articulado. «Continuar adiante coa iniciativa despois do dictame que di maioritariamente que Galicia non pode lexislar, sería unha irresponsabilidade. O que haberá que ver e se ten que ir a pleno ou non porque isto non se deu en ningunha parte», apunta la diputada socialista Patricia Vilán.

«Tomadura de pelo»

Desde el BNG, la diputada Olalla Rodil apunta que su grupo «é partidario de que sexa unha alternativa voluntaria que non vaia por riba do interese dos menores». Además, entiende que era «unha barbaridade que se impuxera, mesmo nos casos nos que houbera un conflito entre os proxenitores. (...) O texto era perigoso e temerario. O que ten que procurarse é a corresponsabilidade dos pais». No deja de recordar que, a su juicio, «a tramitación da iniciativa lexislativa popular foi unha tomadura de pelo do PP, PSOE e En Marea, xa que se xeraron expectativas que agora se frustraron nun tema de tanta sensibilidade social».

La diputada de En Marea, Paula Quinteiro, recuerda que en la sesión en la que se decidía si la iniciativa era o no aceptada a trámite «houberamos votado en contra, pero coincidiu co pleno dos lumes. Cando pedimos a prórroga foi porque pensamos que ía ir para adiante e queriamos traballar na corresponsabilidade en tódolos momentos da vida, non só despois dunha ruptura».

 

La Voz de Galicia

Un divorciado en paro pagará 11.600 euros a su hija por no darle estudios

Condenado el padre de Vigo que no pasó la pensión a la universitaria, la cual ya trabaja

Una jueza de Vigo ha condenado a un albañil divorciado en paro a pagar 11.621 euros a su hija, de 25 años y con trabajo, por los atrasos e impago de la pensión de alimentos durante los cuatro años en los que ella cursó dos carreras universitarias con grandes penalidades económicas y sacrificios. Y lo multa con 900 euros por un delito de abandono de familia.

La joven denunció a su padre porque él tenía que darle 200 euros al mes y no le dio nada justo cuando empezaba sus estudios universitarios. Se quedó colgada. La falta de dinero la hizo depender de una beca para cursar Derecho, facultad que abandonó y que le acarreó la pérdida de la ayuda estatal. Tuvo que empezar de cero en Magisterio con gran sacrificio de su madre y, tras recuperar la beca, simultaneó esa carrera con Pedagogía. Al agotar la ayuda pública, la estudiante se quedó sin dinero y colgó sus asignaturas de Pedagogía. Hace unos meses, encontró trabajo como profesora particular y camarera. «Mi vocación es ser maestra», dijo ella en el juicio.

La Fiscalía pidió la absolución del padre porque ve acreditado que no tiene dinero, pues no encontraron nada que embargarle. Además, la hija es mayor de edad y trabaja. Sin embargo, la exesposa acusó al hombre en el juicio de hacer trampas porque trabaja «en negro» en faenas del campo para vecinos de su aldea.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo llegó a la conclusión de que el padre sí tenía «otras fuentes de ingresos» y le llama «poderosamente» la atención que, en los períodos en los que decía que no tenía dinero, tampoco pedía subsidios ni ayudas públicas ni se anotó como demandante de empleo. La sentencia lo deja claro: «Entendemos que el acusado no lo necesita por tener otras fuentes de ingresos», lo que perjudicó los intereses familiares y los de su hija.

El pleito se remonta al 2011, cuando un juzgado de familia de Redondela obligó al implicado a pagar una pensión de alimentos a su hija, ya mayor de edad, de 200 euros al mes. A partir de marzo del 2013, el divorciado dejó de pasar parte del dinero pese a que disponía de medios económicos y luego ya no pagó más. El tribunal de Redondela soló encontró 178 euros para embargarle en un procedimiento de ejecución forzosa. Su exmujer lo denunció por abandono de familia en el 2016, lo que ratificó su hija.

El fiscal pidió la absolución porque el hombre estaba en paro y no tenía ingresos, pero la magistrada replica que no basta con decir que se carece de dinero, sino que hay que probar tal insolvencia. La titular, tras oír al acusado en el juicio, quien decía que pagó mientras pudo, concluye que sí tenía posibilidades económicas, al menos parcialmente. «Si bien su situación no era desahogada, dispuso de medios económicos, al menos durante algunos períodos, para hacer frente de forma parcial a la pensión de alimentos, sin que el mismo haya abonado cantidad alguna desde el 2014 hasta la actualidad», dice la jueza. La jurista ve acreditado que el padre trabajó tres meses en el 2015 por 500 euros al mes y que él mismo admitió que no los destinó a pagar la pensión.

Además, la sentencia resalta que el propio acusado admitió que él trabajaba esporádicamente «cuando le sale algo, a jornal», actividades a las que ya se dedicaba durante el matrimonio. Recordó que el hombre dijo en el juicio que vivía de la ayuda de su tía y de lo que sacaba a jornal, unos 30 o 40 euros, y que lo suelen llamar una o dos veces al mes, y a veces tres veces en una semana. Además, tiene coche y paga la gasolina «cuando le sale algo de trabajo» y el seguro y otros gastos los abona «cuando tiene dinero». Eso le delató porque no le dio ni un céntimo a su hija.

Pedían para él un año de cárcel por un delito de abandono de familia

Madre e hija ejercieron la acusación particular contra el exmarido y padre, respectivamente, en contra del criterio de la Fiscalía. Pedían un año de cárcel para el implicado, algo que la jueza descarta en la sentencia porque no es un reincidente. La sentencia le ordena abonar 8.221 euros por atrasos del 2013 al 2017 y otros 3.400 hasta la actualidad. A la magistrada le llamaron la atención varios detalles. Si el acusado se quedó sin fondos y dice que un hermano le ayuda a pagar la casa, ¿por qué no fue a pedirle al juzgado que modificase las medidas del divorcio para que le rebajasen la pensión? Y aunque el divorciado dijo que tenía algunos ingresos, él admitió en el juicio que «no ha pagado absolutamente ninguna cantidad a favor de su hija desde el 2014». Y eso es abandono.

 

Faro de Vigo

Los conflictos entre exparejas por la escolarización o pasaporte de sus hijos se disparan en los juzgados

De enero a junio hubo 106 casos, un 50% más que en 2017

Tras una separación, si hay hijos de por medio y la relación entre la expareja no es precisamente buena, las decisiones que a lo largo de los siguientes años es preciso adoptar con respecto a los menores pueden acabar convirtiéndose en una fuente inagotable de conflictos que no pocas veces finalizan en los juzgados de Familia. Y un tipo de asunto que aumentó de forma notable, disparándose más de un 50% en un solo año, es el que se deriva de los desacuerdos entre ambos progenitores en relación con dos cuestiones muy concretas: la escolarización y la expedición del pasaporte a los niños. ¿Y por qué acaban ante el juez? Pues la razón es que para ambos trámites, para matricular por ejemplo a un menor en un colegio o para que pueda obtener el pasaporte, se exige la firma de los dos progenitores. El problema surge cuando uno de ellos no quiere estampar su rúbrica. Ante este escenario, la opción existente es acudir al magistrado para que, mediante una resolución judicial, aporte la solución. Se trata de los denominados procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y cada vez hay más, como lo demuestran los 106 expedientes de esta materia que entraron en las salas de Familia de Vigo en el primer semestre de 2018. En el mismo período del año anterior la cifra se situó bastante por debajo: entonces hubo 69 casos.

Para cierto tipo de cuestiones relacionadas con los menores de edad se requiere la firma de los dos titulares de la patria potestad. En el caso del pasaporte, el consentimiento expreso de los dos miembros de la pareja se exige a raíz de una reforma legal que entró en vigor en 2014, para, entre otros fines, evitar problemas de sustracción de los hijos por parte de alguno de los cónyuges. "Hace años apenas registrábamos pleitos de esta materia; ahora son frecuentes, entran prácticamente todas las semanas", explican fuentes judiciales. La mayoría de estos procedimientos de jurisdicción voluntaria tienen que ver con la escolarización. "A partir de la primavera, cuando se abren los plazos de las matrículas en los colegios, es cuando más hay", concretan.

En ocasiones, tras la negativa de uno de los padres a firmar existe un desacuerdo real. "Puede ocurrir que uno quiera un colegio religioso y otro no; o que el exmatrimonio viva en distintas ciudades y cada uno de ellos pretenda escolarizar al niño en un centro escolar de su zona", relatan. Pero en la mayoría de las ocasiones, detrás de estos casos que al final debe resolver el juez hay simplemente una "falta de entendimiento" entre los padres. "Acaban aquí por no hablar o no comunicarse entre ellos; o porque el que no firma solo quiere hacer daño al otro; no se debe a que al final no esté conforme con llevarlo a ese colegio en concreto", ahondan sobre esta problemática.

En lo relativo a los pasaportes, la situación es similar. Surge si uno de los padres quiere ir de vacaciones con su hijo y su expareja no acude a la Policía Nacional a firmar el consentimiento para que se expida este documento. En los juzgados también ven con cierta habitualidad estos asuntos cuando se trata de viajes organizados por los centros escolares. "Aunque vayan a países del espacio Schengen, los colegios suelen requerir los pasaportes de los niños", dicen en un juzgado.

¿Y cómo soluciona el juez estas situaciones? En el caso de los pasaportes, tras verificarse que ninguna cuestión lo desaconseja, dicta una resolución autorizando al cónyuge que lo solicita para que se lo expidan al niño. Y lo mismo en la escolarización, atribuyendo la facultad a uno de los padres tras estudiar las circunstancias.

Gran volumen de trabajo

Y junto al aumento de estos casos, la carga de trabajo en las tres salas de Familia sigue siendo alta. Entre enero y junio registraron en total más de 1.450 causas. Entre ellas destacan las 341 que hubo de separaciones o divorcios, así como las 116 de los denominados more uxorio, los de las parejas de hechos que van a la vía judicial para regular lo relativo a la custodia, régimen de visitas y pensión de los hijos menores. También se contabilizaron casi 180 casos de modificación de medidas: la mayoría son de padres que piden una rebaja de la cuantía a abonar por alimentos a sus hijos.

Junto a los asuntos de Familia, estos tribunales registraron 296 procedimientos de internamientos en centros psiquiátricos, 120 de ingresos en residencias de la tercera edad y 122 de incapacidades

 

La Voz de Galicia

Primera nulidad matrimonial en Vigo con el proceso breve del papa Francisco

Una pareja solicitó la anulación de mutuo acuerdo tras casarse por un embarazo

 El Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Tui-Vigo ha fallado la primera sentencia de nulidad matrimonial con el proceso breve que el papa Francisco dictó su motu proprio del 2015. Para que el matrimonio se pueda acoger a este sistema es necesario que los dos miembros lo soliciten de mutuo acuerdo. Esto no suele resultar fácil, sobre todo en el escrito inicial, donde expresan las razones que les llevan a tomar la decisión.

En el caso de esta primera nulidad no hubo problemas al tratarse de una pareja joven que se casó como consecuencia de un embarazo. «Ni siquiera los padres conocían la relación de los hijos, fue de poco tiempo, se casaron y el matrimonio fracasó. Ambos lo admitieron», indica el presidente del tribunal, Juan Carlos Sendón.

La tramitación de una segunda nulidad, iniciada con el proceso breve, será trasladada finalmente al ámbito ordinario al complicarse a medida que se ha ido desarrollando. Se trata de un matrimonio en el que el hombre reconoce su homosexualidad. «Los hechos son clamorosos, pero ante las exigencias del varón el proceso se ha encontrado con más dificultades y ahora le corresponderá al obispo resolver», detalla Sendón. La principal diferencia entre el primero y el segundo caso es el tiempo que se tarda en resolverlo.

El proceso rápido suele durar en el tribunal de Vigo entre tres y cuatro meses, mientras que el ordinario puede llegar al año y medio. Cabe la posibilidad de que se retrase incluso más debido a las ocupaciones de Juan Carlos Sendón. La falta de sacerdotes ha obligado al obispado a recurrir a él para cubrir las parroquias de Saiáns y Priegue. La actividad que genera esta nueva ocupación con celebraciones no solo de eucaristías, sino también de bautizos, bodas, comuniones y entierros, le obliga a dedicar menos tiempo al tribunal y, sin quererlo, podría retrasar el trabajo, pese a ser prioritario.

En total, en el último año emitió 17 sentencias de nulidad matrimonial y en lo que va del 2018 se han presentado nueve solicitudes. «Cuando se publicó la reforma del papa Francisco se advirtió un incremento muy notable de demandas reclamando la gratuidad, lo que indica que tiene repercusión lo que dice el papa. Ahora ya volvemos a la normalidad. Hace 20 años eran el cuádruple. Una cosa es la consulta y otra que presenten la demanda», aclara. Reconoce que este año se han fallado más negativas de nulidades que las habituales, cinco o seis, y que esto le da pena y le quita el sueño «porque es una situación difícil», aunque queda la posibilidad de apelar en Santiago para comprobar si el fallo es correcto.

Que el motu proprio del papa establezca la gratuidad del procedimiento de nulidad no significa café para todos. El obispado de Tui-Vigo lo aplica solo a las personas que carecen de recursos y que lo pueden demostrar. Para el resto de los solicitantes se mantiene la tasa existente de 1.500 euros. «Algunos tribunales de España declaran gratuito todo y otros ponen tasas para cubrir los gastos. Necesitamos el dinero para pagar luz, teléfono, correos y gratificaciones a las personas que colaboran», advierte el presidente.

«El 90 % de las separaciones son por falta de madurez y por precipitación»

Entre los motivos que han inducido a solicitar la nulidad matrimonial en el último año predominan dos. «El 90 % de los casos son por falta de madurez y por precipitación, se casan sin conocerse, con mucha ilusión y poca cabeza, se sienten muy enamorados y, a veces, ya se ve que van mal. Algunos van precedidos de convivencia de hecho y después fracasan al casarse. Salvo excepciones, normalmente son matrimonios que duran una media de cinco años», comenta el presidente del Tribunal Eclesiástico.

A la hora de tomar la iniciativa lo hacen por igual hombres y mujeres, que habitualmente tienen hijos. «Se ha dado el caso de un matrimonio que, cuando se separaron, ella estaba embarazada», dice.

Otras veces la incapacidad de alguno de los miembros está detrás de la separación, son incapaces de asumir cargas, de atender a la familia, de aportar dinero...

El cambio radical de la etapa de noviazgo a la del matrimonio es otro motivo de ruptura. «Durante el noviazgo la persona se muestra atenta, cariñosa, amable, no se separan, y tras el matrimonio ya no es igual, muestra otra personalidad, pueden aparecer defectos ocultos, como no poder tener hijos, drogas...».

La que no es motivo en sí misma de nulidad es la infidelidad, a no ser que sea una práctica habitual. También depende de las circunstancias y de si se perdona. «Puede ser propio de él o de ella. Algunos son muy carotas, se han presentado fotos en las que aparece abrazando a otra. Se atenta contra el matrimonio, en el que juraron fidelidad», apunta Sendón.

Faro de Vigo

Condenan a una madre por infringir el régimen de visitas de su hijo e inhabilitan dos años al abogado

El Juzgado de lo Penal impone 9 meses de prisión a V.A.D., vecina de Moaña, y multa e inhabilita al letrado por "deslealtad profesional" -Deberán indemnizar al padre del menor y pagar las costas

Nueve meses de prisión para una madre como autora de un delito de desobediencia a la autoridad al impedir el régimen de visitas establecido por el juez para el padre de su hijo y 18 meses de multa con una cuota de 12 euros al día, así como la inhabilitación especial durante dos años para el ejercicio de la profesión de abogado para el letrado que la asesoró, como autor de un delito de deslealtad profesional. Es la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra a V.A.D, vecina de Moaña, y su abogado defensor, J.L.P.V., a los que también obliga a indemnizar al padre del niño con la suma de 2.500 euros más los intereses legales, así como a pagar las costas, incluidas las de la acusación particular. La sentencia es susceptible de apelación ante la Audiencia Provincial.
El pleito comenzó hace más de un lustro, tras la ruptura matrimonial de los morracenses José Antonio R. y V.A.D. en mayo de 2011 y diferencias sobre el reparto de bienes, así como la negativa de ella a compartir el niño pese a las resoluciones judiciales que la obligaban. En enero de 2013, el titular del Juzgado número 1 de Cangas dictó un auto por el que acordaba que la guarda y custodia del hijo habido de aquel matrimonio fuese otorgada a la madre, estableciéndose un régimen de visitas en favor del padre. Ante el "incumplimiento voluntario" de la sentencia por parte de la madre, en noviembre volvió a requerírsele y "se le advirtió de que podía incurrir en desobediencia". La madre, "asesorada por su abogado [J.L.P.V.] no cumplió lo acordado en la resolución judicial". 

El requerimiento judicial volvió a producirse en varias ocasiones más, tras resolverse otros tantos recursos ante la Audiencia Provincial. En marzo de 2014, la mujer fue nuevamente instada para el cumplimiento del régimen de visitas, "y a pesar de ello, asesorada nuevamente [por su abogado] no cumplió el mismo, impidiendo que el menor viese a su padre". En julio del mismo año, en una sentencia para resolver el procedimiento de divorcio, se atribuyó al padre la guardia y custodia del niño y un régimen de visitas, el juez ordenó otra su ejecución, el 29 de septiembre, pero la madre volvió a incumplir la orden, "siendo asesorada en este sentido nuevamente" por su abogado J.L.P.V. En todo ese tiempo, el padre "no tuvo contacto con su hijo menor salvo en dos ocasiones en que coincidieron en sede judicial", resume la sentencia que firma el magistrado Miguel Aramburu García-Pintos.
El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra considera documentado que la madre fue requerida en varias ocasiones para que cumpliera los mandatos judiciales y no lo hizo. Y de sus propias declaraciones concluye que conocía las resoluciones que le afectaban y de hecho las firmó, admitiendo "que no cumplió el régimen de visitas porque así fue asesorada" por su abogado. También hizo caso omiso porque "no creí lo que me dijo la autoridad judicial, para ser sincera", una declaración que para el juez "deriva sin duda alguna que incumplió conscientemente las resoluciones judiciales que le obligaban a un régimen de visitas o a realizar un cambio de custodia". Así, al margen de la "opinión" de su abogado, "no es admisible que no se creyera lo que le decía un juez", y más cuando se lo transmitía en su presencia, conducta de la acusada que "refleja una indiferencia a las órdenes emanadas de la autoridad que pone de manifiesto que no le importaba su contenido e incumplirlas".
"Deslealtad profesional"
Con respecto al comportamiento del abogado, el juez señala que en sus respuestas al interrogatorio señaló que "no había intención de desobedecer ni de desautorizar a la jueza ni nada", que su actuación estaba fundada en que las sentencias no eran ejecutables en sus aspectos constitutivos o que "se deben cumplir las resoluciones judiciales cuando son justas y ajustadas a derecho". En síntesis, el letrado defensor de la madre del menor "entendía que las resoluciones judiciales eran nulas y por tanto no debían cumplirse", y en función de ese entendimiento aconsejó a su clienta, lo que "refleja una concepción del derecho y de la posición de los sujetos procesales que no se puede compartir".
El delito de deslealtad profesional lo comete "el abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados", y por ello "será castigado con penas de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años". Según la sentencia, el letrado J.L.P.V. actuó indicando que no tenían que cumplirse las resoluciones judiciales, lo que "perjudicó claramente los intereses de su cliente ya que coadyuvó a la comisión de un delito de desobediencia". En este caso "subyace el interés de un menor que, por la actuación contraria a las resoluciones judiciales de los dos acusados, no pudo tener contacto con su padre durante mucho tiempo".

El Pais

Hipotecarse con tu pareja te puede salir muy caro

Más de una década después, muchos propietarios siguen compartiendo el piso con sus exnovios ante la imposibilidad de venderlo y saldar la deuda con el banco. Antes de firmar conviene atar algunos cabos

La última crisis inmobiliaria dejó un sinfín de damnificados. Muchos aún no pueden pasar página porque el banco les recuerda cada mes que no hay nada que una más —salvo los hijos— que la firma de una hipoteca durante 30 o 40 años. Los efectos de la crisis aún pesan sobre las personas que se hipotecaron en los años de bonanza con sus parejas, con las que hoy no comparten nada, salvo las letras hipotecarias y una casa.
Cuando se acabó el amor se encontraron con que las ventas y los precios caían en picado (a partir de 2008). Con un exceso de endeudamiento, quedaron atrapados en la hipoteca y sin poder deshacerse de la vivienda (algunos incluso se han visto obligados a vivir bajo el mismo techo a la espera de tiempos mejores). Y así siguen más de una década después, aunque durante este tiempo hayan podido amortizar sus hipotecas gracias a la bajada de los tipos de interés. "La casa nos costó 175.000 euros en 2004. Son 50 metros útiles en el barrio de Canillejas (Madrid). Me quedan por pagar 130.000 euros. Nos dieron un 110%". Es el caso de Laura Más, una madrileña de 41 años, que se separó de su pareja un año después de comprar.
El mercado se ha recuperado, pero no lo suficiente. El precio se ha revalorizado un 10,3% desde el mínimo de 2015, aunque acumula una caída del 36,7% desde el pico del boom en 2007, según Tinsa. "Gracias a casi 10 años de pago de cuotas con alta amortización de capital ha permitido la venta a precios actuales en muchos casos", señala Toni Expósito, director general de Comprarcasa. "Las economías más saneadas y con hijos más mayores han comenzado a vender la vivienda común y adquirir una propiedad para cada uno", dice Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. Aunque no todos: "Todavía no podríamos venderla por lo que debemos, pero la idea es hacerlo en cuanto pueda", dice Laura. Aunque Duque avisa de que algunas viviendas, por su ubicación, nunca recuperarán los precios de hace años.
Mientras tanto, el auge del alquiler ha supuesto un alivio para sus economías. "Algunos quieren acabar con los vínculos y vender lo antes posible. Aún así, no parecen tener prisa, ya que tienen compensadas sus cargas hipotecarias con los ingresos", recuerda Expósito.
Pero la memoria es frágil y los españoles han vuelto a hipotecarse a medias. "No hay datos pero mayoritariamente las hipotecas son firmadas por parejas", dice Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). En 2017 la contratación creció un 9,7%, hasta sumar 310.096, su cifra más alta desde 2011, según el INE. Y además, entidades como BBVA ya venden hipotecas que cubren más del 100% del valor de la tasación.
Ante semejante caramelo, toca echar mano de prudencia y sentido común. Contratar una hipoteca con la pareja tiene riesgos y se hacen más patentes cuando acaba el amor y el buen trato, sobre todo si los tipos de interés empiezan a subir. Por eso, "que el vínculo sentimental sea estable es clave porque las parejas se separan, pero el crédito no. La estabilidad determina una parte importante de su futuro económico", dice González. "Hipotecarse solo no está al alcance de todo el mundo, pero limita la responsabilidad y evita que se generen conflictos por culpa de una separación. En cambio, hipotecarse en pareja facilita el acceso al crédito y reduce notablemente el riesgo de impago, aunque puede convertirse en una atadura importante si hay una ruptura", indica Miquel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash.com. Hay que tener en cuenta que ambos son responsables de su pago, aunque se separen. Y, en caso de demora o impago, el banco irá a por el patrimonio presente y futuro de los dos. No hará distinciones.
El paso por el notario es obligado. Tanto si se trata de novios como de parejas de hecho o matrimonios con separación de bienes, "hay que dejar constancia de quién paga más y cuánto más, ya sea porque sus padres le hayan prestado el dinero y haya abonado la entrada o porque tenga más ahorros. En caso contrario, pasados los años se olvidará", dice José Corral, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Cantabria. Así, antes de firmar las escrituras "conviene suscribir un contrato ante notario en el que se especifique la proporción de propiedad de cada uno y la cuota hipotecaria que asumirán y quién se quedaría con la casa y la hipoteca en caso de separación", añade Riera.

Vías de escape

Una vez se rompe la pareja hay varias salidas, con permiso del mercado inmobiliario. La más sencilla es vender la casa a un tercero y saldar la deuda. Si no es posible, "una de las partes puede renunciar a ella sin compensación económica o vender su parte a la expareja —aunque es la peor de las soluciones porque tributa del 6% al 10%, según la comunidad autónoma—. Es mejor hacer una extinción de condominio, que tributa al 1%", dice el notario José Corral. Con esta operación deja de figurar en la escritura de compraventa. Otra cosa bien distinta es que el banco acepte liberar a uno de los titulares de la hipoteca, algo muy improbable. "Supone perder una garantía de pago, por lo que es normal que, a priori, no esté dispuesto a efectuar esa operación. De hecho, solo se acepta si el que se convertirá en titular único tiene un muy buen perfil o si se añaden garantías adicionales, como un nuevo cotitular o un aval", aclara Riera. Para el presidente de la AHE este es, sin duda, el verdadero problema. "Al banco, además de la solvencia, le importa la liquidez, por lo que no se va a conformar con un solo salario. Hay que sustituir al pagador de la hipoteca, por ejemplo, convirtiendo al padre en titular", explica.
Al margen de la hipoteca y del desamor, la firma de un testamento donde se deje el usufructo a la pareja en caso de fallecimiento (para que pueda seguir viviendo en la casa de por vida), puede evitar muchos otros problemas. El notario José Corral reconoce que cada vez se hacen más testamentos en este sentido por parte de parejas de hecho, novios o matrimonios. En caso contrario, se pueden dar casos dramáticos.

 

Lawandtrends

¿Cuáles son los derechos de una pareja de hecho?

 El ordenamiento jurídico español entiende por pareja de hecho la unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio, aunque en análoga relación de afectividad. Los tribunales rechazan la analogía entre el matrimonio y la convivencia extramatrimonial, consideran que no son realidades equivalentes, sino situaciones jurídicas distintas

 

Para que exista una pareja de hecho se debe reunir una serie de circunstancias:

• La unión entre dos personas ya sea de carácter heterosexual u homosexual.
• Una relación pública y notoria como si de un matrimonio se tratase.
• Deben llevar una vida de convivencia estable y duradera.
• No pueden estar unidas por matrimonio.
• La existencia de unos intereses comunes en el desarrollo de una vida familiar.

Actualmente, la legislación no establece un plazo concreto por el cual considere que la unión de hecho tiene una estabilidad, ahora bien, hay que estar la normativa propia de la comunidad autónoma de que se trate ya que esta cuestión no ha sido regulada a nivel estatal, sino en cada una de las comunidades autónomas.

Derechos de las parejas de hecho

Pensión de viudedad

Se concede el derecho a pensión a la pareja estable al fallecer su conviviente cuando se den las siguientes situaciones:

• Que el fallecimiento sea posterior a 1 de enero de 2008.
• Si se cumplen los requisitos de cotización establecidos y se haya acreditado que los ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo tiempo. En el caso de no tener hijos comunes el porcentaje será del 25%.
• Si los ingresos del sobreviviente son inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento y durante el período de su percepción. El límite se aumentará en 0,5 la cuantía por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad, que conviva con el sobreviviente.
• El solicitante de la pensión debe acreditar la condición de pareja de hecho mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos de lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. La inscripción o la formalización del documento debe haberse producido con una antelación de dos años, como mínimo, con respecto a la fecha del fallecimiento.

• Que haya existido una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.
• Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estuviera impedido para contraer matrimonio ni tuviera vínculo matrimonial con otra persona.

Relación padres e hijos

Los derechos y obligaciones como padres serán las mismas que en un matrimonio. En el supuesto de ruptura de la convivencia se aplican las mismas reglas de guarda y custodia, pensión, régimen de visitas, y derechos a heredar por tus hijos.

Régimen económico

En las parejas de hecho no se aplica un régimen económico específico, si bien los miembros de la pareja de mutuo acuerdo podrán regular sus relaciones económicas en escritura pública otorgada ante Notario. Es decir que pueden pactar el modelo económico por el que deseen regirse, pero respetando siempre la ley y no perjudicando o discriminando a una de las partes. Los acuerdos que vulneren estos principios podrían ser nulos.

Impuestos

En relación con el ámbito tributario, hay que diferenciar entre los distintos impuestos, de tal manera que las personas que formen una pareja de hecho no pueden tributar en la opción de tributación conjunta del Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Físicas (IRPF), por ello, los integrantes de dicha pareja de hecho sólo podrán optar a efectuar la declaración en modalidad individual.

Sin embargo, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en ambas modalidades, en la mayor parte de Comunidades Autónomas se han equiparado las parejas de hecho a los cónyuges, disfrutando así de las mismas ventajas fiscales, pero OJO porque no es en todas.

Herencia

La herencia se trata del punto donde mayores diferencias existen entre el matrimonio y la pareja de hecho. Ya que esta última no puede heredar de su compañero sentimental, no sería un heredero forzoso. Por ello, en estos casos es importante realizar el testamento si se desea dejar protegida a la pareja, si bien habrán de respetarse siempre las legítimas de los herederos forzosos que serían fundamentalmente los hijos, y en defecto de estos los padres.  

Permiso laboral

El parentesco por afinidad se constituye con el matrimonio, por lo que, en el caso de las parejas de hecho al no existir matrimonio tampoco existe parentesco por afinidad, por tanto, no se tendría derecho al permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes, salvo que se reconociera en el convenio colectivo de aplicación.

En el caso de celebración de inscripción de la pareja de hecho, los funcionarios pueden solicitar el permiso de quince días. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores no contempla este permiso para las parejas de hecho, por lo que solo tendrías derecho si en el convenio colectivo lo recogiese.

Médicos

Para poder disfrutar de la asistencia sanitaria en las parejas de hecho se debe acreditar convivencia continuada de un año antes de la inscripción en el registro.

Alquileres

En el caso de fallecer el titular del contrato de alquiler, el otro miembro de la pareja de hecho puede subrogarse si acredita dos años de convivencia con la inscripción en el registro, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

Adopción

Se han llevado a cabo modificaciones en la legislación para que una pareja de hecho pueda adoptar igual que un matrimonio.

 

Atlantico

El juzgado da la razón al vigués que se llevó a su hijo de Suiza

El fallo, que ha sido recurrido por la madre, desestima la aplicación del protocolo de La Haya al entender que el menor estuvo en domicilio irregular fuera de España un año

El juzgado de Familia de Pontevedra ha rechazado la petición de  aplicar el procedimiento de La Haya solicitado por la madre  del menor cuyo padre, un vigués, se lo llevó de Suiza el pasado mes de enero.
La mujer denunció a su expareja a las autoridades suizas después de que desapareciera con el pequeño de su vivienda en Zurich, donde había ido a verlo. El padre, Ismael G. se presentó días después en el juzgado de guardia de Vigo con el niño, de 3 años, sin que se tomara ninguna medida al respecto, al no existir una medida judicial sobre la custodia del menor.
Ante esta situación, la madre, Laila A. decidió iniciar un proceso para solicitar la aplicación del convenio de La Haya y pedir la restitución de la situación, argumentando que se daban las condiciones de custodia de hecho al llevar el niño en ese domicilio viviendo con la madre un año.
El padre presentó la documentación en el juzgado tras negarse a entregar al pequeño a su madre alegando situación de riesgo y el hecho de que todavía no se haya atribuido legalmente la custodia a ninguno de los dos.
La resolución judicial ya ha sido  recurrido por parte de la madre, que viajó hasta Vigo para la vista y que pudo ver al pequeño en los juzgados, bajo supervisión del equipo psicosocial un mes después del suceso.
En su recurso, alega que el padre tenía conocimiento de su marcha a Suiza, argumentando que incluso él fue en Reyes a visitar al pequeño a su propia casa, ocasión en la que huyó del domicilio con el niño, ahora en Vigo.

Cinco Dias

¿Casado con un autónomo? Cuidado. Puedes ser responsable de sus deudas

Cuando se está en régimen de bienes gananciales, las pertenencias de la pareja pueden verse afectadas por las deudas del trabajador por cuenta propia.

Cuando uno es autónomo trabaja en nombre propio. Asume con ello unos derechos y, sobre todo, unas obligaciones relacionadas con la actividad que esté desarrollando. Sin embargo, lo que no mucha gente conoce es que las personas que están a su alrededor también pueden verse afectadas por determinadas acciones del trabajador por cuenta propia, como sus deudas. En este caso, uno de los mayores afectados sería la pareja del profesional independiente, sobre todo si están casados.

La responsabilidad que contrae un autónomo frente a terceros es universal, por lo que cuando contrae una deuda debe responder con su patrimonio actual y futuro. Si está casado, estas deudas podrían recaer también sobre el cónyuge. Dependiendo delas circunstancias, en mayor o menor medida. De ahí que sea vital tener en cuenta qué régimen económico rige al matrimonio y la naturaleza de esos bienes.

Bienes gananciales
Si el régimen económico que rige al matrimonio es de bienes gananciales, ambos tienen la misma disposición de los bienes, ya sean propiedad de uno o del otro. Para regirse por este régimen, ambos tienen que dar el consentimiento expreso.

No obstante, se considerará dado este consentimiento cuando uno de los cónyuges tenga conocimiento de la actividad empresarial del otro y no se oponga a ello al contraer matrimonio.
Una vez celebrado el enlace, todos los bienes que adquiera el autónomo tras la boda formarán parte de la nueva unidad familiar. Es decir, la otra persona queda también ligada a las deudas que pueda contraer el autónomo en el desempeño de su actividad.
Si la actividad empresarial se desarrolla a través de una sociedad mercantil o de una cooperativa, la responsabilidad queda limitada al capital social. Por su parte, si se comprueba la responsabilidad del administrador, sus bienes privados y los gananciales pueden verse afectados.
Separación de bienes
Otra de las opciones cuando uno se casa es mantener separación de bienes. Cada uno conserva su propio patrimonio. En este caso, la responsabilidad por las deudas contraídas por el autónomo solo afectará a sus bienes, no a los de su pareja. Salvo expreso reconocimiento de que se haga de otro modo.

 

Atlantico

Vigo registró el año pasado 200 denuncias más por malos tratos

El incremento en el número de mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia de género a lo largo de 2017  en el partido judicial rozó el 20%, una subida que se extendió a las órdenes de protección y alejamiento

 Las denuncias por violencia de género, que llegaron a un máximo histórico en 2017, se incrementaron en Vigo en cerca de un 20% con 200 más que el año anterior. Los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo  General del Poder Judicial, hecho públicos ayer, constatan que fueron 1.288 las viguesas que denunciaron ser víctimas de malos tratos a lo largo del pasado año, frente a las 1.087 de 2016.
El aumento detectado fue incluso superior a la de Galicia, donde   las denuncias subieron  un 13,4% hasta alcanzar las 6.433.
Dicho incremento se extendió a las órdenes de alejamiento, que pasaron de 172 tramitadas durante el 2016 a 228, de las cuales fueron denegadas medio centenar. A diferencia de años anteriores, en Vigo el 100% de esas medidas de protección para la mujer que denuncia sufrir malos tratos fueron solicitadas por ellas mismas.
El juzgado adoptó además órdenes de alejamiento para los hombres, un total de 182, de los que seis iban dirigidas a menores de edad.
El juzgado de Violencia de Género  asumió no obstante prácticamente el mismo volumen de asuntos que en el año anterior, debido a los casos pendientes, pero resolvió prácticamente la misma cifra y registró un número más alto de delitos, 1.263 frente a los 1.087 del ejercicio correspondiente a 2016. La mayoría de víctimas de violencia de género en el partido judicial de Vigo sufrieron lesiones y malos tratos, mientras que en sólo ocho casos se registraron delitos contra la libertad.
Frente al incremento en el número de denuncias se aprecia en la estadística del Observatorio un descenso en la gravedad de las mismas. El peor año de la historia reciente fue el 2015, por el número de víctimas mortales registradas, tres en la ciudad de Vigo y otras dos en el área. En 2016, la ciudad sumaba otra mujer asesinada  y otras dos víctimas de tentativas frutadas, lo que llegó a batir un récord de causas con preso. El pasado año,  sólo se tramitó una causa grave referente al crimen ocurrido en 2016, si bien el goteo de mujeres fallecidas no pudo pararse, con una víctima en Redondela, a principios de año, muerta después de que su expareja volara la casa. Él no podrá ser juzgado por estos hechos, al morir también en el interior de la vivienda, donde él mismo provocó los hechos, según concluyó la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional.
Durante el año pasado, también hubo más hombres juzgados por el maltrato a sus mujeres, en su mayoría exparejas, en concreto un centenar más que en 2016, de los que fueron condenados casi un 70%.
A pesar del incremento, a nivel autonómico Galicia sigue siendo una de las comunidades con una tasa de violencia de género (víctimas por cada 10.000 mujeres) más baja del Estado, con 42,74 personas, frente a las 66,65 del conjunto del Estado y más de 1.200 medidas de protección adoptadas.

Atlantico

Las rupturas matrimoniales, a la baja: sólo 834 en 2017

El descenso se colocó en el 7 por ciento en cuanto a demandas presentadas el año pasado

 La cifra definitiva de demandas de ruptura matrimonial (separaciones y divorcios) presentadas en Vigo durante el año pasado volvió a caer y ya son al menos tres consecutivos a la baja, una tendencia que ya parece consolidada. En 2017, según los datos ya certificados del Consejo General del Poder Judicial, hubo un total de 834 demandas -la mayoría de divorcios- mientras que en 2016 se contabilizaron 953 y todavía más, un total de 1.040, ende 2015. En 2016 se bajó  del millar al año por vez primera en lo que va de siglo, aunque también han disminuido las bodas (un millar al año como máximo) y crecen las parejas de hecho registradas y al mismo tiempo las rupturas de esta segunda fórmula de unión legal.
Esta reducción también se produjo a nivel de toda Galicia: el número de demandas de ruptura el año pasado fue de 6.132, frente a las 6.601 que se recibieron en los juzgados de la comunidad en 2016, lo que supone un descenso del 7 por ciento. En 2015 habían sido 7.307.
En Vigo los divorcios copan el 95 por ciento de las demandas y las separaciones son cada vez menos. También son mayoría las rupturas de mutuo acuerdo, el 75 por ciento del total. La diferencia con el divorcio está en que los separados no pueden casarse  y en que pueden volver a estar casados si lo desean con una simple trámite en el juzgado. En esta ocasión hubo anulaciones: un exqueatur, que supone trasladar una decisión del Vaticano. Pero no hubo anulaciones civiles a la una figura que se contempla para  matrimonios en fraude de ley. Pese a que hubo algunas demandas menos, el trabajo no descendió: hubo más medidas cautelares y de  guardia y custodia, lo que ha obligado a abrir un nuevo juzgado de Familia, el tercero, en la Gota de Leche.

Atlantico

La huelga paraliza las parejas de hecho e impulsa la mediación

Los funcionarios de juzgados inician hoy con servicios mínimos su cuarta semana de paro 

A punto de cumplirse un mes de la huelga de funcionarios de los juzgados, las consecuencias de esta paralización, que en Vigo sigue teniendo un seguimiento masivo, continúan en aumento. Entre los múltiples afectados por el conflicto laboral de los trabajadores, en espera de retomar las negociaciones con la Xunta, se encuentran además de las parejas que quieren contraer matrimonio y no pueden fijar fecha, las que optan por inscribirse como parejas de hecho.
La paralización del Registro Civil, únicamente con servicios mínimos (licencias de enterramiento) ha frenado dichas inscripciones ante la imposibilidad para los interesados de cursar la documentación oportuna que deben presentar para formalizar su nuevo estado.
Si ya se había registrado en el último año un descenso en el número de solicitudes, la huelga ha sido definitiva en estos primeros meses del año para los interesados, que tendrán que esperar ya sea para formalizar su unión mediante matrimonio civil o como pareja de hecho.
En medio de esta situación en los juzgados, crece el interés por conocer la mediación, como alternativa al litigio judicial.  Pese a los intentos en los último años por difundir este sistema en la resolución de  conflictos, todavía son mayoría los que optan por acudir al juzgado para solventarlos.
Mediadores consultados por este diario consideran que “éste es un buen momento para que la ciudadanía pueda intervenir directamente en la solución  sin verse afectado por los problemas de la huelga”.  Al margen de la situación de los funcionarios, que, aseguran, están en su derecho de reivindicar lo que consideran justo, “la mediación abre una vía y una solución”.
Desde hace unos meses, los propios juzgados difunden este sistema que evita tener que llegar a una vía en ocasiones traumática para la persona.
De hecho, Vigo contó con la primera mediación penal en un atropello con resultado de muerte que  evitó la celebración de la vista, tras alcanzarse un acuerdo entre las partes implicadas.

Faro de Vigo

La Audiencia falla que la custodia compartida es "menos traumática" para los hijos tras una ruptura

Los juzgados vigueses detectan un aumento de peticiones para aplicar este régimen, que ya se otorga incluso en casos contenciosos

 Aunque la custodia monoparental a favor de la madre sigue imperando y a la cabeza, la compartida se está convirtiendo en un modelo de convivencia que cada vez tiene mayor presencia. Los juzgados de Familia de Vigo, junto a la sala civil de la Audiencia que revisa estos asuntos, han detectado un incremento de casos en los que se demanda esta opción: un sistema en el que, tras una separación o divorcio, el padre y la madre se reparten a partes iguales el tiempo y los cuidados que dedican a sus hijos. Y no solo suben las peticiones. Siempre cumpliendo "a rajatabla" el criterio de que debe prevalecer el interés y bienestar del menor -junto a otra serie de factores-, los jueces son cada vez más proclives a fallar a favor de esta fórmula. La doctrina del Tribunal Supremo es clara, como explican abogados especializados en Familia como la viguesa Beatriz Viana. Frente a la excepcionalidad en la que durante mucho tiempo se ha movido, este régimen debe ser, en la medida de lo posible, el "normal" y "deseable".
Recientemente la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sala viguesa que resuelve los recursos de apelación civiles, dictó una sentencia a favor de un padre que luchaba por la custodia compartida. Tras el divorcio en 2012 la custodia de los dos menores se encomendó a la madre. Pero el progenitor, años después, presentó un procedimiento de modificación de medidas ante el Juzgado de Primera Instancia 5 de Vigo, especializado en Familia. Esta sala rechazó la custodia compartida, pero la Sección Sexta cambia ese dictamen y la otorga. Los magistrados valoran que este régimen es "menos traumático" para los hijos, ya que evita el "inevitable distanciamiento" de éstos con el progenitor que no tiene la custodia.
El fallo toma como punto de referencia ineludible "el bien, el bienestar de los hijos", en la actualidad de 9 y 11 años de edad. Y enumera los factores por los que ve adecuado que el padre y la madre tengan igual tiempo de convivencia con ellos. Ambos disponen de "medios, aptitudes y habilidades" semejantes para atender a los menores. Más allá de los problemas entre la pareja, siempre tuvieron "buena relación" en lo que se refiere a los niños. Cada uno tiene casa propia y, aunque la de él está más lejos del colegio, dispone de coche para llevarlos. Y el horario laboral del padre es incluso "más flexible" que el de su expareja. Es por ello que la sección falla a favor de la custodia compartida: las estancias serán por semanas y los principales períodos vacacionales se reparten en dos períodos.
Esta sala, en su argumentación, incide en el contexto social actual para señalar que a día de hoy no son "sostenibles" los "prejuicios" que había antaño hacia este modelo, así como hacia el de la custodia paterna. Fuentes de la sección confirmaban ayer que cada vez ven más casos y que se conceden siempre que se aprecie que el régimen es el "más adecuado" para el menor. Deben, eso sí, conjugarse una serie de factores -situación de los domicilios y horarios de los padres, relaciones entre ellos...-. "Partimos de lo que dictaminó el Supremo; no tiene que considerarse excepcional, sino lo normal siempre que se den las condiciones favorables", dicen.
Uno de los jueces de Familia de Vigo, Daniel Tomás, incide en que si se dan esas circunstancias es "lo ideal", ya que se "comparten" responsabilidades parentales. En su caso, incluso ya ha otorgado la custodia compartida en asuntos contenciosos, es decir, cuando no hay acuerdo entre los padres.