Aunque
en nuestro ordenamiento jurídico no está regulado expresamente, la
justicia ya ha reconocido en diversas ocasiones la posibilidad de que
los cónyuges firmen pactos en previsión de ruptura matrimonial
Más vale prevenir que curar. Al menos eso es lo que deben pensar
quienes, antes de pasar por el altar (o por un matrimonio civil),
deciden
firmar un acuerdo prematrimonial que establezca una serie de condiciones en caso de que se produzca la ruptura de la pareja.
Se trata de una medida más propia del Derecho anglosajón que del
español, donde no está regulado expresamente y no es tan habitual ver
casos de este tipo.
En nuestro ordenamiento jurídico los pactos prematrimoniales podrían
asimilarse ligeramente a lo que conocemos como capitulaciones
matrimoniales, si bien estas últimas exigen formalizarse en escritura
pública con inscripción posterior, tal y como prevén los
artículos 1327 y 1333 del Código Civil,
mientras que un acuerdo prematrimonial más al estilo anglosajón puede
hacerse mediante contrato privado. Además, los pactos prematrimoniales
determinan el momento del divorcio, tanto desde el punto de vista personal, como económico,
mientras que las capitulaciones contemplan el régimen económico que
existirá mientras se mantenga vivo el matrimonio, así como lo que
conllevará la ruptura desde el punto de vista patrimonial.
Regulación en Cataluña
Sí existe una previsión más específica para este tipo de acuerdos en
el Derecho Civil catalán, concretamente en el artículo 231-19 de la
norma autonómica. También la Comunidad Valenciana lo contemplaba en el
artículo 25 de su Ley de Régimen Económico Matrimonial (Ley 10/2007, de
20 de marzo), si bien esta norma ha sido derogada.
En el resto de España, cuando una pareja decide firmar un acuerdo de estas características antes de contraer matrimonio,
se puede acoger a la regulación más genérica del artículo 1323 del Código Civil,
según el cual “los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título
bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos”.
Los problemas más habituales que suelen generar este tipo de pactos
son que se declaren nulas algunas de las medidas convenidas, por no
ajustarse a derecho o pactar algo que no está previsto legalmente. En
este sentido, es necesario prestar atención a lo que se acuerda, porque
no todo vale. El artículo 1328 del Código Civil
considera nulas
las estipulaciones que sean contrarias a las leyes, buenas costumbres o
limitativas de la igualdad de derechos de los cónyuges. Tampoco es
posible acordar cuestiones que puedan dañar el interés de los menores.
En definitiva, el acuerdo prematrimonial es una especie de convenio
regulador anticipado. Es una manera de alcanzar un acuerdo cuando las
cosas todavía están bien entre la pareja, en lugar de esperar al
convenio regulador que, por su propia naturaleza,
llega en un momento en el que muchas veces la relación entre los cónyuges está ya demasiado deteriorada como para alcanzar un pacto.
La justicia ya ha reconocido que pueden existir pactos referidos a
las consecuencias del matrimonio fuera del convenio regulador, ya sea en
unas capitulaciones matrimoniales, ya sea en documentos
complementarios.
Pronunciamientos del Tribunal Supremo
Poco a poco, esta posibilidad de determinar de manera preventiva lo
que sucederá en caso de que el matrimonio fracase va ganando adeptos y
los tribunales ya se han pronunciado en algunos casos sobre la materia.
En
una sentencia de 24 de junio de 2015,
el Tribunal Supremo reconoció la validez de un acuerdo prematrimonial
en el que se fijaba el pago de una pensión vitalicia por parte del
hombre a la mujer de 1200 euros mensuales (más una actualización anual
del IPC) en caso de divorcio.
La sentencia señala que “en el profundo cambio del modelo social y matrimonial que se viene experimentando,
la sociedad demanda un sistema menos encorsetado y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia,
compatible con la libertad de pacto entre cónyuges que proclama el
artículo 1323 del Código Civil, a través del cual debe potenciarse la
facultad de autorregulación de los cónyuges”. Una cuestión que, como
recuerda el alto tribunal, ya tiene una regulación expresa en lo que se
refiere a pactos prematrimoniales previsores de crisis conyugal en las
respectivas normativas catalana y valenciana.
En este sentido, la sentencia subraya que
“no existe prohibición legal frente a los denominados pactos prematrimoniales,
debiendo ponerse el acento en los límites a los mismos, que están en la
protección de la igualdad de los cónyuges y en el interés de los
menores, si los hubiere, pues, no en vano, el artículo 90.2 del Código
Civil establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable
por analogía en ese caso, para su aprobación, que no sean dañosos para
los menores o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges”. El
propio artículo 39 de la Constitución Española establece la protección
de la familia y de la infancia.
Pacto atípico
Volviendo al caso concreto, el Supremo señala que
no se trata de “un supuesto de renuncia de derechos o de renuncia a la ley aplicable,
pues lo acordado por las partes no tiene su fundamento en la necesidad
de alguno de ellos, ni en el desequilibrio posterior a la crisis del
matrimonio, pues ambas partes gozaban de una saneada economía por lo que
lo pactado es, como el acuerdo expresa, una renta mensual vitalicia
que, como pacto atípico, tiene perfecto encuadre en el artículo 1323 del
Código Civil”.
Además, el alto tribunal destaca que
“los pactos no son
contrarios a la ley, moral u orden público, en cuanto se limitan a
pactar un acuerdo económico para el caso de separación conyugal,
lo cual ya tiene cabida en los ordenamientos autonómicos, en otros
Estados de la Unión Europea y con un refrendo normativo en los artículos
1323 y 1325 del Código Civil”.
También pone de relieve que
“no queda el cumplimiento del pacto al arbitrio de uno de los cónyuges dado que, como acuerdo, fue negociado”.
La sentencia incide, además, en el hecho de que ninguno de los dos se
encontraba en una situación económica comprometida. Finalmente, añade
que no queda cuestionada la igualdad de los cónyuges, pues no consta que
los pactos hayan sido gravemente perjudiciales para el ex marido, de
profesión abogado y que ya se había divorciado de un matrimonio
anterior.
Tampoco vale, a juicio del Supremo, alegar la
situación de crisis económica como excusa para moderar la pensión vitalicia pactada.
El ex marido invocó la doctrina sobre la cláusula ‘rebus sic
stantibus’, según la cual las condiciones de un contrato pueden
alterarse si las circunstancias cambian. Pero el tribunal rechazó
cualquier posibilidad de moderación o extinción de la renta vitalicia,
dado que ambos mantienen una desahogada situación financiera, igual que
la existente en el momento de los pactos. “Razón que nos lleva a la
aplicación del artículo 1258 del Código Civil que determina algo tan
elemental como que los contratos han de ser cumplidos”, concluye la
sentencia.
Antecedentes en el Supremo
El Tribunal Supremo ya se había pronunciado anteriormente sobre pactos atípicos firmados entre cónyuges. En
una sentencia de 4 de noviembre de 2011, el Tribunal Supremo
reconoció una pensión de alimentos que debía pagar el hombre a la mujer por importe de 6.000 euros.
Dicha pensión de alimentos fue pactada por las partes en el convenio
regulador en el momento de la separación, pero cuando llegó el divorcio
el ex marido quiso echarlo atrás argumentando que en todo caso habría
que hablar de pensión compensatoria y no de alimentos.
Finalmente, el tribunal fijó la siguiente doctrina: “El convenio de
separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios
estableciendo alimentos entre los ex cónyuges. El pacto sobre alimentos
tiene naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a
la separación, mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por
lo que el alimentista deberá seguir prestándolos”.
Un piso a libre elección en caso de separación
Unos meses antes, el Supremo también se pronunció en un caso en el que
los
litigantes pactaron que, en el supuesto de separación, el marido
estaría obligado a entregar a la esposa una pensión mensual y a donarle
el piso que ella eligiese.
La sentencia, con fecha de 31 de marzo de 2011,
entendió que dicho pacto no vulneraba el artículo 1256 del Código
Civil, que prohíbe que el cumplimiento del contrato quede al arbitrio de
una de las partes.
Según sostenía aquella sentencia, la obligación del marido surgía
fuera quien fuera el que iniciara la separación, de modo que no se
dejaba a la iniciativa de la esposa la eficacia del pacto. En cuanto al
contenido del contrato, señaló que
no puede considerarse válido el pacto de donación de un piso
ya que se trata de una promesa futura de donación prohibida en el
artículo 635 del Código Civil, pero sí el pacto referido al pago de una
pensión mensual, aunque deben declararse prescritas, por el transcurso
de cinco años (artículo 1966.3 del Código Civil), las pensiones
devengadas desde la sentencia de separación hasta la interposición de la
demanda, siempre que se hubiese ya consumado el transcurso de los cinco
años para cada una de las mensualidades.
En este caso, las sentencias de instancia habían desestimado
totalmente la demanda de cumplimiento del contrato por el que el marido,
en caso de separación, quedaba obligado a pagar a la esposa una renta
mensual y a donarle un piso.
Autonomía de la voluntad
La autonomía de la voluntad de los cónyuges fue ya reconocida por el Supremo
en una sentencia de 22 de abril de 1997 que puso de relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales pueden coincidir tres tipos de acuerdos: "En primer lugar,
el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia;
en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda
integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que
ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser
aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio
jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que
prevé el artículo 90 del Código Civil".
