El Pais

Seis pasos a seguir cuando recibes una herencia

Hacemos un repaso de los trámites legales que hay que llevar a cabo cuando uno se covierte en heredero

 

En no pocas situaciones afrontar una sucesión hereditaria suele implicar, además de las tramitaciones meramente administrativas sobre las que no solemos estar familiarizados, gestionar en paralelo situaciones de alto grado de emotividad provocadas por la pérdida de un ser querido y, si la suerte no nos acompaña en exceso, tensiones familiares entre los presuntos legatarios del finado derivadas de los diferentes puntos de vista sobre la distribución o el destino de los bienes percibidos.
En las siguientes líneas nos centraremos sin embargo en ofrecer una síntesis de los pasos de carácter legal que debemos dar para conseguir la efectiva liquidación de la herencia.

Paso 1. Obtención de las siguientes certificaciones

- Certificado de defunción. Lo puede solicitar cualquier persona acudiendo personalmente al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, existiendo varias modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe, Internacional o plurilingüe o negativo). También es posible su solicitud por vía postal indicando la dirección de remite y un teléfono de contacto. En cuanto a la obtención por vía telemática (https://sede.mjusticia.gob.es), dependerá de la incorporación de cada Registro Civil al proceso de informatización.
- Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.gob.es)
- Certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por vía electrónica completando el formulario disponible en https://sede.mjusticia.gob.es. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos quince días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en un juzgado de paz, habrá que pedirlo de forma presencial o por correo, aportando el certificado literal de defunción.

Paso 2. Obtención de una copia autorizada del testamento

Una vez conocida la situación testamentaria del fallecido a través de los certificados descritos en el punto anterior, habrá que acudir a la notaría indicada en el de últimas voluntades y solicitar una copia autorizada o compulsada del testamento. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero o legatario o a través de un apoderado.
Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de defunción y de últimas voluntades.

Paso 3. Declaración de heredero

En el supuesto de que en el certificado de últimas voluntades se establezca que el fallecido no realizó testamento, será necesario acudir a una notaría (en los supuestos de que exista grado de parentesco) o al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una declaración de herederos.
La declaración de herederos abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido.
Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.

Paso 4. Inventario de bienes y deudas que componen la herencia

Esta etapa del proceso tiene como finalidad conocer los bienes que dejó el fallecido y la manera de repartirlos, para lo cual habrá que hacer un inventario en el que se establezcan los bienes que forman el patrimonio hereditario.
Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevar a cabo solicitando notas de bienes a nombre del fallecido en el registro de la propiedad. También se puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.
Para los saldos bancarios, el procedimiento a seguir no será otro que acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido para que certifiquen el saldo existente al momento del fallecimiento.
La última declaración del IRPF del fallecido puede ser una buena fuente de información para saber en qué entidades hay abiertas cuentas, depósitos u otros productos financieros.
En cuanto a los vehículos, el lugar para obtener la certificación de titularidades vigentes será la jefatura provincial de tráfico del lugar del fallecimiento.
El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo, sin tener en cuenta joyas ni objetos de valor extraordinario. No obstante, fiscalmente se valora en el 3% del valor total de la herencia, a menos que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.

Paso 5. Documento de partición de herencia

También llamado cuaderno particional, en él se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el inventario de bienes, así como las posibles deudas del fallecido y las adjudicaciones que se hacen a cada heredero o legatario.
Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.

Paso 6. Liquidación de impuestos

Aunque el plazo para la liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones es de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento, durante los cinco primeros meses de dicho plazo se puede solicitar una prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda), ya que se trata de un tributo estatal cedido. Además, existen diferencias, a veces bastante notables, en cuanto a las tarifas y los beneficios fiscales aplicables en función en función de la comunidad autónoma en la que se tribute.
Otra exacción fiscal que interviene en las sucesiones hereditarias, cuando existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo se liquida en el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado en la herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.

La Voz de Galicia

El Parlamento aprueba debatir una ley de apoyo a la custodia compartida

PP y PSdeG dieron el visto bueno al debate, En Marea no votó y el BNG se posicionó en contra de legislarlo

Si un posible conflicto constitucional no lo impide, Galicia será la quinta comunidad en tener una ley de custodia compartida, o de corresponsabilidad parental y de relaciones familiares, que es como han denominado los promotores a la iniciativa legislativa popular (ILP) que ayer aprobó el Parlamento con los votos de PP y PSOE. Será la quinta autonomía tras Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, ya que la ley valenciana fue anulada por el Constitucional.

La Asociación de Nais e Pais Separados fue la impulsora de esta ILP para la que reunieron casi quince mil firmas, y que pretende que la custodia compartida sea la opción prioritaria en caso de ruptura de una pareja con hijos. Pero pese al apoyo hay mucho que cortar. Patricia Vilán, diputada del PSdeG, señaló en su intervención que «cremos que hai que debater, pero faríamos multitude de cambios ao texto. É moi mellorable -apuntó- e pode que non sexa constitucional, pero imos votar a favor», explicó.

También la parlamentaria popular, Paula Prado, advirtió la preocupación de su grupo por si se presenta una cuestión de inconstitucionalidad, y de hecho apuntó que solicitarán el apoyo de la comisión superior para el estudio y desarrollo del derecho civil gallego. Prado, no obstante, defendió esta figura de la custodia compartida «que busca o interese superior do menor», ya que además ayuda a romper «os roles que asignan á muller a garda e custodia».

Tanto el portavoz de En Marea, Luís Villares, como otros diputados de este grupo se mostraron a favor de trabajar en el debate de esta futura ley, pese a que en el pleno del Parlamento ni votaron ni defendieron su posición, en protesta por no llevar a cabo una jornada monográfica sobre los incendios forestales.

El BNG, en contra

La postura de los nacionalistas del BNG fue muy distinta. Tanto, que el defensor de la ILP, Lois Toirán, aseguró sentir «profunda dor das vosas palabras». «Poñedes sempre a palabra violencia por diante -insistió- ¿que nos queredes dicir con iso?». Toirán se refería así a las palabras de Olalla Rodil, quien afirmó en su intervención que la custodia compartida ya existe y es legal cuando hay acuerdo «polo que estamos a falar dunha custodia compartida imposta». La diputada del Bloque recordó que la ILP ofrece una imagen de una sociedad igualitaria «que non é tal». «Estamos nun contexto de discriminación e violencia -apuntó Rodil- e carece de sentido alterar a xurisprudencia, xa que non repercute no beneficio do menor, ao contrario, pode empeorar», aclaró.

El texto presentado por los promotores recoge que, ya antes o durante la relación estable, la pareja puede otorgar contratos que prevean y regulen las relaciones familiares con los hijos en caso de separación. En todo caso, cuando se produce la ruptura y hay hijos menores, ambos miembros deben presentar en el juzgado un plan de coparentalidad, que recoja no solo los tiempos de convivencia, sino las cargas familiares, el uso de la vivienda o la pensión compensatoria si correspondiese.

La ILP refiere que cualquiera de los dos progenitores puede solicitar esta custodia, y las malas relaciones entre los progenitores «non serán obstáculo nin motivo suficiente» para no aplicarla. La autoridad judicial adoptará de forma preferente esta opción «salvo que a custodia individual sexa máis conveniente». Lois Toirán, encargado de defender la ILP, reclamó agilidad en los trámites pero aseguró que «esto é o que queriamos, e oxalá que a lei saia co traballo de todo o mundo», en alusión a la necesidad de lograr el mayor acuerdo posible en la Cámara.

Galicia tiene derecho civil propio, pero no de familia

Hay comunidades con derecho foral que cuentan con un derecho civil especial que coexiste con el estatal. Y Galicia es, junto a País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra, una de esas autonomías. Por ello, aunque las competencias en materia de legislación civil son estatales, hay una excepción recogida en la Constitución, como explica la abogada y experta en derecho de familia, Concepción Rúa, en donde se especifica que se trata de una competencia estatal «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles o especiales allí donde existen». Y en Galicia existe este derecho especial, por lo que en principio podría parecer que no va a prosperar una cuestión de inconstitucionalidad, «pero no es tan sencillo», aclara Rúa.

Y es que la comunidad gallega nunca ha regulado el derecho de familia, por lo que no hay nada que conservar, modificar o desarrollar. En la práctica, recuerda esta experta «todo dependerá de si se plantea una cuestión de inconstitucionalidad». En Valencia, por ejemplo, sí se presentó, y el Constitucional anuló la ley que priorizaba esta custodia compartida al entender que la legislación excedía estas competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio.

Estas dudas jurídicas son las que han llevado tanto a PP como a PSOE a puntualizar el posible problema de la constitucionalidad a la hora de tramitar un texto normativo, aunque desde la Asociación Galega de Nais e Pais Separados aseguran que si hay consenso es más factible que no se presente un recurso.

 

ABC

En caso de un divorcio en régimen de separación de bienes es posible pedir una indemnización

Cada vez más los cónyuges que deciden contraer matrimonio bajo este régimen económico

¿En separación de bienes? Sí, si es posible. Y es que hoy en día, son muchas las parejas que se casan bajo este régimen matrimonial pensando que, ante una posible ruptura, será más fácil la disolución atendiendo a los criterios de «lo mío es mío y lo tuyo es tuyo». No obstante, nuestro Código Civil prevé una indemnización o compensación económica tras la extinción del régimen de separación de bienes (art. 1438).
Son cada vez más los cónyuges que deciden contraer matrimonio bajo el régimen económico matrimonial de separación de bienes, por entender que en un supuesto de crisis matrimonial, este es el que facilita los términos de la separación o divorcio. No sólo por estar claro el patrimonio de cada cónyuge, sino por creer que aun existiendo un desequilibrio económico de un cónyuge con respecto al otro, el que se haya visto desfavorecido tras la ruptura no tendrá derecho a una pensión compensatoria.
Sin embargo, este argumento es erróneo. Y es que nuestro Código Civil prevé una indemnización o compensación económica tras la extinción del régimen de separación de bienes, prevista en el art. 1.438. «Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación».
Según dicho artículo, para que uno de los cónyuges tenga derecho a obtener una compensación/indemnización, es necesario que se den los siguientes requisitos:
1.- Que los cónyuges hayan pactado un régimen de separación de bienes.

2.- Que ambos cónyuges hayan contribuido al levantamiento de las cargas, computándose como tal el trabajo doméstico.
Poco a poco el Tribunal Supremo ha ido concretando aún más los requisitos que han de existir para que proceda el reconocimiento de tal indemnización, en los siguientes términos:
- No es necesario que se haya producido un incremento en el patrimonio del otro cónyuge.
- El hecho de haber contado durante el matrimonio con ayuda de una empleada doméstica, no hace decaer el derecho a percibir dicha indemnización.
Ahora bien, lo que ha dejado claro el Tribunal Supremo es que; el derecho a percibir la indemnización está necesariamente condicionado a la falta de percepción de ingresos por parte del cónyuge que la solicita. Incluso aunque tales ingresos provengan de la colaboración en los negocios o empresas del otro cónyuge. Así lo ha determinado la reciente sentencia de fecha 28/02/2017, en la que revocan la indemnización por importe de 25.000 euros, que se le había reconocido a la esposa por parte de la Audiencia Provincial de Murcia, por constar acreditada la colaboración de la esposa a la actividad empresarial que desarrollaba el marido.

Conclusión

Recomendamos que, con independencia del régimen económico matrimonial escogido por ambos cónyuges, éstos sean conscientes de los derechos y obligaciones que cada uno de ellos conlleva, tanto durante el matrimonio como en caso de separación o divorcio.

El Pais

“El coordinador de parentalidad reducirá el conflicto en los divorcios con hijos”

Es un agente neutro y experto en relaciones y comunicación que ayuda a reducir los contenciosos entre los progenitores separados

 

El cómic titulado Marta y Pablo tienen que ir al juzgado, editado por la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, relata qué ocurre con los menores cuando sus padres deciden separarse o divorciarse y no se ponen de acuerdo sobre su custodia. "Los niños sufren, se sienten culpables...", apunta Esperanza Casals, presidenta de la Asociación Valenciana de Peritos del Turno de Intervención de Psicología Forense (AVAP del TIPF), que apuesta por introducir una figura nueva en España, el coordinador de parentalidad en los casos de divorcios conflictivos con menores. El coordinador "debe servir como agente neutro y experto en relaciones y comunicación para ayudar a reducir los conflictos interfamiliares y facilitar el derecho de los niños a crecer en un ambiente libre de disputas", sostiene. La AVAP ha sido anfitriona este viernes de una jornada en Valencia donde abogados, jueces, psicólogos y estudiantes debatieron sobre esta nueva medida.
Pregunta. ¿Es muy alta la conflictividad en la separación de parejas con hijos a su cargo?
Respuesta. Sigue habiendo muchas familias con una alta conflictividad cuando los padres deciden separarse o divorciarse, un 20 o 30% del total. Siempre es una situación de crisis y conflicto compleja, incluso cuando hay acuerdos amistosos. No deja de ser una situación dura.
P. Hay un debate abierto en España sobre el tipo de custodia más adecuada, y la compartida gana terreno. Desde su experiencia, ¿qué opina?
R. No se puede generalizar. Antes no estaba la custodia compartida, sino que imperaba preferentemente la materna y ni siempre es la adecuada ni la compartida tampoco. Generalizar es peligroso, la decisión sobre la custodia de los hijos debe adaptarse según la familia y las circunstancias concretas.
P. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los jueces otorgan cada vez más custodias compartidas. En una década se han pasado del 10% de los casos al 25%.
R. Es que si nos vamos a un mundo ideal, el padre y la madre deberían de poder educar, cuidar y disfrutar de sus hijos a partes iguales. Pero luego vienen las diferencias por eso es peligroso aplicar una norma general. Es verdad que ha habido un cambio significativo; antes había una mayor implicación de la madre en el cuidado de los hijos pero ahora ya no es así, por lo general. Los padres se implican desde que nacen los niños, van a las revisiones, al colegio…el rol está mucho más repartido, y eso está bien. Todos esos cambios hacen lógico que cada vez más se pidan custodias compartidas de los hijos cuando una pareja se rompe.

P. Hay un proyecto de ley sobre custodia compartida.
R. Se redacte lo que se redacte, siempre habrá una mención específica para que no se imponga una norma general. Supongo que seguirá primando que, en caso de disputa o desacuerdo, se necesitará una valoración pericial hecha por un profesional.
P. Las asociaciones de mujeres lo ven como un paso atrás y las de padres llevan años exigiéndolo.
R. Las asociaciones de padres o madres tienen sus propias razones e intereses pero la realidad es que cada niño tiene unas condiciones determinadas que hay que evaluar.
P. Su colectivo debate estos días sobre una figura novedosa en España que es el coordinador de parentalidad. ¿Qué es exactamente?
R. Los peritos hacemos las evaluaciones a los menores para aconsejar un mejor modelo de custodia para las familias y sabemos que nuestra pericial es una herramienta de auxilio al juez, que nos pide ayuda a nosotros. Cuando existe un divorcio conflictivo don menores de por medio solemos recomendar los centros de familia, terapia, puntos de encuentro familiar, mediación…pero nos hemos dado cuenta de que ninguno de estos recursos es útil cuando el nivel de conflicto es muy alto. Sin embargo, el coordinador de parentalidad es una figura que va a actuar a instancias del juez.
P. ¿Ante qué tipo de situaciones actúa el coordinador?
R. Una vez la familia pone en marcha las medidas planteadas por el juez empiezan a surgir un montón de conflictos. Las sentencias no pueden delimitarlo todo y, por ejemplo, el coordinador puede intervenir en si el niño va o no a una excursión, si va y hay que llevarlo al cumpleaños de un amigo: ese tipo de cosas que dejan al niño desvalido porque los mayores no son capaces de manejar la situación. En ocasiones, los progenitores se machacan a denuncias, los juzgados se colapsan y la situación de conflicto es terrible. Y el coordinador lo que intenta es ayudar a facilitar las cuestiones del día a día. No toma decisiones sino que hace cumplir las resoluciones del juez y, puntualmente puede decidir si el niño va o no a la excursión, comunicándolo al juez. Es una figura bisagra, una ayuda, un auxilio.
P. ¿Qué tipo de profesionales son los más adecuados para desempeñar ese papel?
R. En principio parece que el perfil más adecuado es el del psicólogo, un profesional con experiencia en mediación, en familia e infancia y en resolución de conflictos. Es un trabajo muy, muy complejo.
P. ¿De dónde viene la figura del coordinador de parentalidad?
R. Proviene de los EE UU. Es una figura que, independientemente del recorrido que pueda tener, se necesita. Ha habido distintos intentos. En Buenos Aires se llama terapeuta judicial y aquí en España está en marcha una experiencia piloto en Cataluña. Se está poniendo en marcha.
P. ¿Un coordinador de parentabilidad hubiera evitado casos como el de Juana Rivas y Francesco Arcuri?
R. Hubiese empezado a ejercer sus funciones inmediatamente después de dictarse la sentencia y depende… Es una figura que requiere de la participación de los progenitores, si uno de los dos dice que no, la cuestión acaba de nuevo judicializada. En cualquier caso, estoy segura que reducirá mucho la conflictividad.
P. Han presentado el cómic Marta y Pablo tienen que ir al juzgado. ¿Qué pretende la historia?
R. Los niños sufren. Incluso bien llevado la cuestión del divorcio y la custodia de los niños no deja de ser una situación de crisis a la que tienen que adaptarse. Se sienten culpables y el cómic lo que deja claro es que aunque se les pida la opinión a los niños, la decisión no la toman ellos sino sus padres y si no es posible, un juez. Eso tranquiliza mucho.

ABC

El divorcio explicado para niños

Según datos del INE, el 47,2% de los matrimonios separados o divorciados tienen hijos solamente menores de edad 

Tras las vacaciones, numerosas parejas optan por separarse o divorciarse, y son diferentes los motivos que propician que tenga lugar durante esta época. Pasar más tiempo con tu pareja puede ser estupendo, pero también puede ser el origen de muchos conflictos y discusiones, por lo que la capacidad de solucionar los problemas que surgen fuera de la rutina diaria se pone a prueba.
Muchas veces se espera que el pasar tiempo juntos en vacaciones suponga un descanso y la solución a los problemas, o al menos que las tensiones del día a día se relajen; sin embargo en muchas ocasiones sucede justo lo contrario: se acentúan los problemas. A esto hay que sumarle un posible incremento del tiempo compartido con la familia política o los hijos, que puede convertirse en otro foco de conflicto.
En cualquier caso y tras la difícil decisión del divorcio, muchos puede que no sepan cuál es la forma más saludable de enfrentar la situación y explicársela a sus hijos. Para estas situaciones de transición estos consejos de ifeelonline.com pueden ser de utilidad:
¿Qué ocurre con los hijos después de un divorcio?
En España, según los datos del INE, el 47,2% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de separación o divorcio tenían sólo hijos menores de edad; el 4,6% sólo hijos mayores de edad dependientes económicamente; y el 5,2% hijos menores de edad y mayores dependientes. Estos menores que se encuentran en medio de una situación de separación o divorcio de sus padres pueden tener dificultades al encajar la situación, afectando a su personalidad, e incluso a su rendimiento escolar.
Múltiples factores son los que afectarán a los hijos durante y después del divorcio. Desde la pérdida de poder económico que supone el fin del ahorro común de la pareja, hasta un posible cambio de residencia (cambio de rutina, de escuela, amigos…). Además hay que añadir la reducción de la presencia de uno de los progenitores, o el proceso de aceptación a una nueva persona en su vida si existen terceras personas en la vida de sus padres.
Todo esto puede conllevar sufrimiento y la mala aceptación del divorcio por parte del niño, que necesitará ayuda para comprender la nueva situación. Según ifeelonline, «este debe entender que no es culpable de lo que está ocurriendo, y que pase lo que pase no se quedará solo. Quizás lo ideal sea que un experto nos ayude a gestionar este complicado proceso de adaptación: ayudarle a entender que sus progenitores entienden su dolor o que no puede forzar la situación para obligar a sus padres a estar juntos, pero sobre todo, que no es el responsable de la situación».
Estos son algunos de los consejos de ifeelonline para tener un buen divorcio, en la medida de lo posible:
—Ambos padres deben implicarse en ayudar a su hijo en este periodo, simplificando la dificultad.
—Modificar las rutinas que incluyan a los niños lo menos posible.
—Mantener a los hijos al margen de las discusiones de pareja y comentarios legales.
—Evitar hablar mal del otro, y culparle de las situaciones, en presencia del menor.
—Mantener la presencia de ambos progenitores en el día a día del niño.
—No utilizar al niño para castigar a la pareja (dificultar el contacto por ejemplo) o echarle cosas en cara al otro.
—Recordar que el hijo no es la persona en la que apoyarse, sino alguien que necesita apoyo.
—Tomar decisiones consensuadas con respecto a los hijos: no ser pareja no significa no seguir siendo padres.
—Si la decisión está tomada y es definitiva, lo mejor es hablar con vuestro hijo con sinceridad: una charla adecuada a su edad explicándole la situación sin ponerle en contra de ninguno. Es importante hacerle saber que aunque sus padres van a separarse, ambos le siguen queriendo igual. Que tiene derecho a sentirse triste o enfadado, pero que poco a poco pasará.
Lo que hay que tener en cuenta ante todo, aseguran desde ifeelonline, es que «él no necesita saber los problemas que os han llevado a tomar la decisión (eso son cosas de pareja), necesita saber que sus progenitores están presentes en su vida y necesita saber ahora, más que nunca, que eso no va a variar. A pesar de que hayáis decidido separaros, ambos seguís siendo padres y el niño nunca ha de ser utilizado como una herramienta para enfrentarse a la ex-pareja ya que quien acabaría sufriendo sería él». 

ABC

¿Qué hacer si me quiero divorciar?

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística Dicha cifra en 101.294 las rupturas del año pasado, un 0,1% menos que en 2015.  Por regiones, la Comunidad Valenciana y Cataluña encabezan las disoluciones matrimoniales, con una tasa de 2,5 por cada mil habitantes; frente a Castilla y León y Extremadura (1,7 por mil). 

Según los demógrafos, «el matrimonio ya no nace concebido para toda la vida». Antes de quebrar, las uniones conyugales duran entre 16 y 20 años de media en nuestro país.
Son algunas de las conclusiones que se desprenden de las últimas cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referente a las nulidades, separaciones y divorcios registrado en 2016.
Dicha estadística cifra en 101.294 las rupturas del año pasado, un 0,1% menos que en 2015.  Por regiones, la Comunidad Valenciana y Cataluña encabezan las disoluciones matrimoniales, con una tasa de 2,5 por cada mil habitantes; frente a Castilla y León y Extremadura (con una tasa de 1,7 por mil, muy por debajo del promedio nacional).
Que el matrimonio ya no es «hasta que la muerte nos separe» no solo lo dicen las estadísticas. También puede desprenderse (o es una consecuencia de lo anterior) de la cada vez menor dificultad que hay en España para romper las uniones.
Sin embargo, la mayor o menor facilidad para hacerlo dependerá en buena medida de si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo o uno contencioso, es decir, que implica un duelo en los tribunales.
Tal y como explica la OCU en su página web, «la diferencia entre ambos tipos de divorcio es enorme. Con un divorcio de mutuo acuerdo se obtienen muchas ventajas: el proceso puede resolverse en un plazo mucho más corto que si el divorcio es contencioso, los costes son muy inferiores, ya que solo hace falta un abogado y un procurador para presentar la demanda conjunta, en vez de un par de profesionales por cada miembro de la pareja», son algunas de las diferencias.
Una vez se ha establecido el tipo de divorcio, el siguiente paso se basará en buscar un abogado, un procurador y, si se recurre a la mediación familiar, un mediador.
Por otro lado, es muy normal que el matrimonio tenga una masa común de bienes y derechos, sujeta a cargas y obligaciones. En tal caso, tendrán que liquidar los bienes gananciales, es decir, componer dos lotes proporcionales teniendo en cuenta tanto las deudas como los bienes. Si la pareja se pone de acuerdo acerca de la liquidación del patrimonio común, pueden añadir a la demanda su propuesta de liquidación. Pero también lo pueden hacer antes de interponer la demanda de divorcio, acudiendo a un notario, en cuyo caso habría que buscar también a este profesional, explica desde la OCU.

Convenio regulador

Por último, hay que tener en cuenta el convenio regulador. Recoge las medidas que van a definir la vida de los ex cónyuges después del divorcio: patia potestad, guarda y custodia si hay hijos, atribución del uso de la vivienda familiar, etc. Es decir, es un documento crucial si hay hijos en común.
En los divorcios de mutuo acuerdo, la demanda de divorcio debe presentarse obligatoriamente junto a un borrador de convenio regulador, que será revisado por el fiscal (si hay hijos) y por el juez, para asegurar que se ajusta a la legalidad y no resulta perjudicial para ninguno de los interesados. Es decir, que la sentencia puede aprobar el convenio, no aprobarlo o aprobarlo solo parcialmente.

ABC

¿Cuáles son las regiones españolas donde los matrimonios duran menos?

Según los demógrafos, «el matrimonio ya no nace concebido para toda la vida en plena segunda transición demográfica». Antes de quebrar, las uniones conyugales duran entre 16 y 20 años de media en nuestro país 

Por cada mil españoles, se producen 2,2 rupturas cada año. Menos que en otros países europeos, como Portugal y Bélgica, pero más que Italia y Malta. «Estamos en la media de nuestro entorno», asevera Teresa Castro, demógrafa del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), «aunque si se tuviera en cuenta el número de parejas de hecho que quiebran, el dato se dispararía». Según la investigadora, cada vez se rompen más uniones, aunque al no ser formales o estar registradas, no se contabilizan en informes, como el publicado ayer por el INE, referente a las nulidades, separaciones y divorcios registrado en 2016. Dicha estadística cifra en 101.294 las rupturas del año pasado, un 0,1%menos que en 2015.  Por regiones, la Comunidad Valenciana y Cataluña encabezan las disoluciones matrimoniales, con una tasa de 2,5 por cada mil habitantes; frente a Castilla y León y Extremadura (con una tasa de 1,7 por mil, muy por debajo del promedio nacional).
También se encuentran por debajo de la media las comunidades de La Rioja, Murcia, Madrid, Cantabria y Andalucía, con una tasa de 2,1 por mil habitantes; así como Galicia, con 2; y País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, con 1,9. En Baleares, la tasa de disoluciones matrimoniales se equipara a la media nacional, 2,2, y por encima, aparte de Canarias (2,4) y las mentadas Cataluña y Comunidad Valenciana, también se sitúa el Principado de Asturias (con 2,3).
Apenas hay variaciones en datos globales respecto a años anteriores, puesto que los 96.824 divorcios que se produjeron en 2016 suponen un 0,3% más que en 2015. «La tendencia se mantiene estable; las diferencias son ínfimas», afirma a ABCDonato Ibáñez, jefe del área de Estadísticas Judiciales del INE. El año pasado hubo también 4.353 separaciones y 117 nulidades de uniones religiosas. En los procesos de divorcio y separación, se otorgó la custodia compartida de los hijos a ambos progenitores en el 28,3% de los casos (aumenta 4 puntos porcentuales), mientras en otro 66,2% se concedió a la madre.
En opinión del demógrafo Rafael Puyol, los porcentajes no representan una «diferencia signicativa» respecto a ejercicios anteriores y afianzan la idea de que nuestro país no es ajeno a la «segunda transición demográfica» que se está viviendo en «todas las sociedades occidentales», razona. La radiografía, según Puyol, es la siguiente: «Disminuyen los matrimonios formales (la gente se casa cada vez menos) y aumenta el fenómeno de la cohabitación entre las parejas más jóvenes, sin ningún vínculo civil o religioso». «La gente ya no tiene la concepción de un matrimonio para toda la vida, las reglas del juego han cambiado. La posibilidad de que duren se ha reducido, por el carácter de provisionalidad con el que nacen y porque el marco legal y económico favorecen la ruptura. Divorciarse es más barato y exprés», declara Puyol.

Una «nueva vida» a los 44 y 47 años

Los matrimonios españoles conviven una media de 16 a 20 años antes de su disolución. Cuando rompen, ellas tienen 44 años, de media, y, ellos, 47. El 22,2% de los divorcios se produjo cuando la pareja llevaba conviviendo entre 5 y 9 años.
La investigadora Castro opina que el informe del INE aporta una dimensión «parcial», al no cuantificar todas las uniones rotas por el camino. «Hay estudios que ya cifran en un tercio de los niños los nacidos de parejas de hecho», ejemplifica. 

La Voz de Galicia

Un gerente divorciado deberá pagar una pensión de 2.000 euros al mes a sus hijas universitarias

La Audiencia sostiene que los gastos de ocio de las estudiantes van incluidos dentro de la pensión

La sexta sección de la Audiencia ha ordenado que un gerente divorciado siga pagando cada mes 2.000 euros a sus dos hijas universitarias en concepto de pensión de alimentos a pesar de que él pidió una rebaja de dicha cuantía porque le habían recortado el sueldo durante la crisis. Cada menor percibirá mil euros al mes.

El asunto se remonta al 2011, cuando ambos cónyuges firmaron el convenio regulador del divorcio que fijó la pensión de alimentos en 2.000 euros para las dos hijas del matrimonio cuando una estudiaba bachillerato y la otra iba al colegio. Ahora, ambas son universitarias y, según el tribunal, tienen que sufragarse el ocio y otras necesidades básicas que van incluidas dentro de los gastos extraordinarios que recoge la pensión.

El divorciado recurrió a los tribunales poco después para que le rebajasen la cuantía a la mitad porque alegó que su empresa le había bajado el sueleo de 5.100 euros al mes a solo 3.700, además de otras rentas de su patrimonio. Dijo que perdió 1.300 euros al mes entre el 2012 y el 2014 pero la Audiencia hizo cuentas y redujo su caída de ingresos a solo 463 euros, cifra que compensaba porque la pensión de 500 euros de la exmujer se extinguió a los dos años. Por tanto, ingresaba lo mismo.

 

ABC

Motivos por los que aumentan los matrimonios que tras divorciarse se casan con su misma pareja

Expertos en relaciones de pareja explican cuándo un nuevo «sí quiero» puede funcionar 

El amor es un sentimiento universal y cuando una pareja se refugia con fuerza bajo su paraguas surge todo un mundo de maravillosas posibilidades... o todo un mar de tempestades.
España parece presa de nubarrones. Cada vez hay menos matrimonios y casi siete de cada diez se separan o divorcian. Sin embargo, según confirman fuentes consultadas por ABC, existe una tendencia incipiente de parejas que tras romper su matrimonio deciden, pasado el tiempo, volver a casarse con su misma pareja. ¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas?

Esta tendencia iniciada en los años 60 en EE.UU. con casos tan sonados como los repetidos «sí, quiero» y «ahora no te quiero ni ver» de Liz Taylor y Richard Burton, y que años después simularían Melanie Griffith y Don Johnson, Pamela Anderson y Rick Salomon, Eminem y Kimberly Anne Scott, Jean-Claude Van Damme y la escultural Gladys Portugues... también ha tenido sus réplicas en nuestro país, recuérdese el matrimonio de Pepe Sancho y María Jiménez.
Mila Cahue, doctora en Psicología Clínica y autora de«Amor del Bueno"», apunta que cada vez observa más casos en su consulta. Se trata de matrimonios que cuando acabaron su relación la cerraron bien y completamente, «es decir, no podían convivir juntos, pero nunca fueron víctimas de humillaciones ni ofensas por parte de uno hacia el otro".
La mayoría de las parejas que se dan una segunda oportunidad rompen la primera vez porque su relación está afectada por factores externos como el estrés laboral, la intromisión de la familia política, la incompatibilidad de horarios laborales, la lejanía al vivir en ciudades distintas por ambición profesional... «Con la distancia en el tiempo, el cerebro suele olvidar lo negativo, cuando no ha sido traumático, y se queda con lo bueno. Por eso, tras encontrarse de nuevo –explica Cahue– es posible que esas circunstancias que impedían la relación hayan desaparecido y que las personas hayan madurado».

Detectar los errores

No hay que olvidar, tal y como señala el doctor Adrián Cano, psiquiatra y director de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar de la Clínica Universidad de Navarra, que muchos matrimonios antes de su primera ruptura acuden a terapia y, a pesar de que decidan divorciarse, «este proceso les ayuda a detectar los verdaderos errores y a reflexionar la parte de culpa de cada uno. Información muy válida cuando se produce un reencuentro».
Lo que más sorprende a los que «tropiezan dos veces con la misma pareja» es que retoman la relación «con mucha ilusión porque el enamoramiento –insisten los dos expertos consultados– surge de nuevo con fuerza, como si fuera la primera vez». Mila Cahue añade que aparece, incluso, con mayor profundidad porque las personas esta vez sí saben dónde se meten «porque cuentan con la ventaja de saber todo de la otra persona y no tener que pensar en que hace falta cambiarle porque los defectos y virtudes son de sobra conocidos. A ello se suma la ventaja de que se supone que, como ha pasado tiempo, han madurado y se tiene más claro lo que se quiere y se espera de una relación. Si han llevado a cabo un proceso de reflexión individual sobre ellos mismos y como pareja, lo que se encuentran en esencia es una versión de ellos mismos pero mejorada».
Aunque hay parejas que vuelven a estar juntas después de cinco, diez o más años separadas, el doctor Adrián Cano apunta que es posible que esta nueva oportunidad surja con más posibilidades cuanto menos tiempo haya pasado desde el divorcio porque es cuando más sensación de apego existe y si hay hijos de por medio también es más fácil retomar la relación. «Desgraciadamente, se valora mucho más a las personas cuando no las tenemos que cuando están a nuestro lado», asegura.
No obstante, señala este psiquiatra, todo depende del valor que se le conceda al compromiso. «Vivimos en una sociedad muy acelerada, donde prima la inmediatez y queremos todo ya y a nuestra manera. Cuando no es así, rompemos con ello. Los terapeutas lo vemos en las relaciones amorosas. En cuanto hay un conflicto y tensiones, las parejas rompen en vez de dar tiempo a la posibilidad de comprometerse y esforzarse en mejorar la situación. Quizá muchas de ellas se ven abocadas al fracaso porque siguen esta inercia de una sociedad con un elevado número de divorcios».
Explica que hay muchas relaciones que aseguran: «Nos amamos pero no sabemos cómo querernos» y el principal motivo «es la gran presión social del día a día, el poco compromiso, el mínimo esfuerzo realizado por satisfacer a la otra persona, la inmadurez personal y del propio matrimonio», concluye.
Aun así, muchas parejas buscan su segunda oportunidad. Y es que en el amor todo es posible. ¿O no?

El Pais

El nuevo novio de mi ex se ha instalado en mi casa, ¿puedo desahuciarle?

La vivienda había sido adjudicada a la esposa en el momento de la disolución matrimonial, quien como usuaria del piso puede consentir la permanencia de un tercero

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un caso en el que el exmarido pretendía desahuciar al compañero sentimental de su exmujer, que convivía con ella en la vivienda que le fue adjudicada en el divorcio para que residieran ella y sus hijos menores. La pareja sentimental de su ex se instaló en el piso y no abonaba ninguna renta. A lo que hay que añadir que la casa era de titularidad exclusiva del esposo.
Casos como éstos son numerosos en la vida real, y es que es lógico que las parejas, tras la ruptura, rehagan su vida sentimental. No obstante, hay situaciones que podemos ver, desde un punto de vista humano, como ilógicas o quizás injustas, todo depende de la perspectiva.

Lo que dijo el Juzgado

Ya el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por el exmarido. Éste intentó que se echara al "ocupante" del piso mediante un desahucio "por precario" esto es, por utilizar el inmueble, sin pagar renta a cambio, y sin ser titular de ningún derecho (ni ser propietario ni ser arrendador). La nueva pareja vivía en el piso, evidentemente, con el consentimiento y autorización de su exmujer.
El exmarido consideraba además que había sufrido un empobrecimiento por culpa de dicha situación, y exigió que se le indemnizara con 11.000 euros, calculada a razón de 640 euros mensuales, que sería el importe de un alquiler de similares características. Se daba la circunstancia de que el hijo del demandado convivía también junto con los hijos comunes de ambos cónyuges.
La sentencia rechazó la demanda al entender que el derecho del demandado, actual pareja de su ex, provenía del consentimiento por convivencia, derivado de su relación de afectividad con la persona que tenía el uso del inmueble; y tampoco cabía hablar de enriquecimiento injusto del demandado o empobrecimiento correlativo del exmarido.

Otros casos similares resueltos por la justicia

Por su parte, la Audiencia echa mano de otros casos similares resueltos por la justicia para fundamentar su fallo. Así, en otra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 2011, se dijo que sí existía legitimidad en la ocupación del inmueble por el tercero aunque no exista consentimiento del propietario, dada la atribución judicial del derecho al uso de la vivienda. Asimismo, se rechazaba que existiera un daño patrimonial para el titular de la finca. Añade que aunque la queja sea humanamente comprensible, es jurídicamente inatendible. Se trata de un sentimiento de injusticia por la utilización de la vivienda por una tercera persona que no paga nada por ello.
Frente a este criterio, otras sentencias, como la dictada por la Audiencia Provincial de Almería de 19 de marzo de 2007, entienden que se ha producido una modificación esencial de las circunstancias que en su momento se tuvieron en cuenta para establecer el uso y disfrute. Se indicaba que si el cónyuge al que se le atribuye el uso del inmueble quiere fundar una familia con una tercera persona, lo oportuno sería liquidar la sociedad de gananciales, formando un nuevo hogar y renunciar al privilegio del que venía disfrutando dada su anterior situación.

El derecho al uso de la vivienda

La sentencia señala además que el derecho al uso y disfrute de la vivienda atribuido al progenitor que tiene la custodia de los hijos menores no solamente es para el cuidado o guarda de los mismos, sino también para que establezcan en él su domicilio familiar. Se trata por tanto, de un reducto de intimidad, donde el progenitor al que se le atribuye el uso, pueda establecer relaciones estables de pareja con quien estime conveniente o relaciones familiares con otros miembros de su familia.
En definitiva, la facultad del titular del derecho a usar la vivienda ampara no solo el impedir la entrada o permanencia a quien estime conveniente, sino también permitir la entrada y permanencia en su domicilio a cualquier persona siempre que no perjudique los derechos e intereses de los hijos (lo que sería objeto de revisión vía modificación de medidas).
Además, el Código Civil no contempla la convivencia marital como causa de extinción del derecho de uso sobre la vivienda, incluso cuando no haya hijos comunes.

¿Y qué hay de una posible indemnización?

Tampoco prosperó el recurso en este punto, pues no se dan a juicio del tribunal los requisitos necesarios. El marido no acreditó que su ex hubiera reducido sus gastos ordinarios como agua, luz, gas, etc, al compartirlos con otra persona. Además, el hecho de que la pareja conviva sin pagar alquiler no supone un empobrecimiento para el exmarido, pues no ha visto empeorar sus expectativas con esta nueva situación. en definitiva, sigue sin poder utilizar la casa para sí o arrendarla a un tercero, porque el uso está atribuido a la exesposa con los hijos durante su minoría de edad.

¿Laguna legal?

La propia sentencia indica que en este punto nada dice el Código Civil, a diferencia del derecho civil autonómico, como la ley valenciana o la ley vasca de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. En ambos casos sí se pueden contemplar situaciones similares con el fin de evitar resultados que pueden ser ajenos a la equidad o justicia.

Posibilidades de resarcimiento

En cuanto a la compensación económica a una situación como la que se plantea en este caso, pasaría por la solicitud de rebaja de la pensión a través del proceso matrimonial de "modificación de medidas". Ante una circunstancia sobrevenida como ésta sería posible rebajar la pensión dado que el compartir el uso de la vivienda con su nueva pareja, supone un ahorro o beneficio económico a un tercero.
En relación con este punto, la sentencia cita una reciente resolución del Tribunal Supremo, de 19 de enero de 2017, que redujo la pensión de alimentos por considerar que el progenitor que tiene la custodia de los hijos y el tercero con el que convive, entendidos como nueva familia, se benefician del uso de la vivienda familiar adjudicada a los niños, y por lo tanto, la contribución del padre debe ser menor.
Al menos el marido no fue condenado a las costas del juicio, y es que el asunto es considerado como jurídicamente dudoso por el propio tribunal.

 

ABC

Manipulación de los hijos contra sus padres, un maltrato habitual durante la ruptura

Los expertos señalan que la instrumentalización de los hijos contra uno de los padres tiene consecuencias muy negativas en su desarrollo psicoevolutivo 

La ruptura en una relación de pareja es uno de los mayores factores de estrés para el ser humano, pero el fenómeno se agrava cuando hay hijos de por medio, ellos acaban siendo quienes cargan su mochila con el peso del rencor de sus padres, los pilares fundamentales en su desarrollo emocional. La ruptura del vínculo familiar es por sí solo un fenómeno determinante en el desarrollo psicoevolutivo de los hijos, pero la habitual manipulación del menor por parte de uno o ambos padres para ponerlo en contra del otro tiene, según los expertos, consecuencias catastróficas en su autoimagen, su autoestima y en sus capacidades de tratar con los demás y mantener relaciones de apego seguras en el futuro.
Actualmente los Servicios de Protección al Menor ya consideran el Síndrome de Alienación Parental(SAP) como un maltrato, por ser una forma de violencia contra el menor. Así lo han asegurado los expertos Mª Paz Ruiz Tejedor, psicóloga forense de la Clínica Médico Forense de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y José Manuel Muñoz Vicente, psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las conferencias sobre maltrato infantil y otras formas de violencia organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Durante la jornada hicieron hincapié en la necesidad de establecer unos criterios profesionales consensuados para poder hacer estudios serios sobre la magnitud, prevalencia e incidencia del problema con el fin de conocerlo, prevenirlo y atajarlo de forma precisa. Los estudios hasta la fecha, indican los expertos, son limitados y sesgados. Se basan concretamente en encuestas telefónicas a adultos que han sufrido esas manipulaciones, los resultados concluyeron que los niños víctimas de alienación parental crecieron como adultos vulnerables que repitieron el error de alienar a sus hijos. Se convirtieron en personas que a menudo acumularon divorcios y se detectó también cierta propensión a tener problemas de adicciones.
«El niño necesita a sus dos figuras de referencia para un desarrollo normal», asegura Ruiz Tejedor, porque sino llega a crear una falsa memoria e incorporar recuerdos que no existen.
Un caso habitual es la denominada «parentificación», que se produce cuando uno de los progenitores, tras una ruptura traumática, no consigue aislar completamente al menor de su dolor. El niño acaba victimizándolo y concibiendo a la otra figura parental como culpable. La más tóxica de las prácticas es el Síndrome de Alienación Familiar, cuando los dos progenitores manipulan al hijo. En este caso, la psicóloga indica que se produce un conflicto de lealtad tan dañino que es él mismo quien rechaza a uno de sus padres para salir del laberinto. La ruptura del vínculo puede llegar a ser irreversible.
En la mayoría de los casos la manipulación es intencionada, pero existe un pequeño porcentaje en el que el estrés de la ruptura desencadena en uno de los padres un transtorno psicológico. Dentro de la psicósis percibe al otro progenitor como un peligro real para su hijo y con la instrumentalización busca protegerlo.
En cuanto al perfil de alienador, los expertos están de acuerdo, es el contacto con el menor lo que determina la alienación, no el sexo. Cuando el niño es pequeño las herramientas para la alienación están en manos del progenitor custodio, porque conviven y establecen un vinculo más estrecho. Durante la adolescencia los papeles cambian, el adolescente busca libertad y el padre que pone los límites es un estorbo para él, una coyuntura que el alienador suele aprovechar en su favor. El padre no custodio es, en este caso, quien tiene una posición privilegiada para deslegitimar al custodio.
Los expertos detectaron una mayor incidencia de este fenómeno en las separaciones más conflictivas, pero confiesan que se llegan a producir con frecuencia en las separaciones de mutuo acuerdo debido al rencor y el sufrimiento que se arrastra tras las rupturas.

Instrumentalización de la denuncia

«Como en todas las ramas de la justicia, las denuncias falsas existen», confiesa Muñoz Molina. Por otro lado, la tesis doctoral de Mª Paz Ruiz Tejedor abordó las denuncias de acosos sexuales en la infancia, donde revela haber detectado un elevado porcetaje de denuncias falsas que la condujeron a la conclusión de que las denuncias también se instrumentalizan. Las consecuencias: una interrupción del régimen de visitas y la desvinculación con el padre o la madre que se puede extender en el tiempo e incide muy negativamente en la relación con el niño.
Durante los litigios, muchos menores son obligados a dar falsos testimonios, detectados tras una práctica forense en la que no se encuentra ningún indicio de que el maltrato denunciado se produjese.
El tratamiento de estos casos es delicado. Los expertos aseguran que cualquiera de los padres puede ser el alienador, contradiciendo los primeros estudios sobre la materia, con escasa base científica, que señalaban a la madre como la principal alienadora. La práctica demostró, no sólo que esto no fuese así, sino que en ocasiones, en casos de violencia de género, es el maltratratador quien alega una instrumentalización de la denuncia para poder seguir maltratando a la mujer, afirmando que no es él quien maltrata sino ella la que manipula.
Muñoz Vicente recomienda para una correcta gestión de la ruptura ponerse en manos de profesionales. Psicólogos y mediadores son los mejores aliados para una separación blanda que mantenga aislado al menor.

ABC

¿Puede mi ex pareja prohibirme hacer planes con mis hijos este verano?

Al llegar las vacaciones muchos padres separados organizan diferentes planes con sus hijos. Esto, que normalmente no genera problemas, sí puede llegar a provocarlos si el otro progenitor se opone a ese plan. Pero, ¿puede tu ex pareja prohibirte hacer tus propios planes con tus hijos?.

La regla general: Cada padre decide donde ir y qué hacer con sus hijos.

Cada padre puede decidir qué planes hacer en el periodo que le corresponda estar con tus hijos; ir de campamento, al pueblo con los abuelos, etc.., salvo que haya un riesgo físico para los menores. El otro progenitor, no puede inmiscuirse en estas decisiones aunque, por supuesto, siempre tendrá que estar informado de dónde estarán los niños. Estas actividades no consensuadas deberá sufragarlas cada padre o madre en exclusiva, sin poder exigir al otro ninguna cantidad de dinero. Sólo se compartirán los gastos cuando se trate de una actividad consensuada entre los dos.

¿Se puede viajar con los hijos al extranjero sin autorización de la ex pareja?

Por defecto, se aplica lo mismo que en el supuesto anterior. Siempre que se informe de dónde estarán los menores, el otro progenitor no podrá interponerse en dicha decisión, pudiendo viajar libremente con los hijos al extranjero. Sin embargo, hay dos excepciones a esta regla:
1) Que se haya elegido como destino un país considerado de riesgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En este caso, el otro progenitor podría mostrar su oposición al Juzgado e, incluso, iniciar un procedimiento de medidas urgentes a fin de impedir la salida del país de los niños.
2) Que en la sentencia de divorcio o de medidas paternofiliales, se hubiera fijado un cierre de fronteras por existir riesgo de sustracción internacional del menor.
En el año 2016, en España hubo 206 casos de sustracción internacional de menores que suceden normalmente cuando uno de los padres no es nacional español, y lo único que le ataba a España eran sus hijos. Para evitarlos, en la sentencia de divorcio —o en un procedimiento urgente como en la excepción anterior— puede fijarse un cierre de fronteras. ¿Y qué significa esta medida? Es una prohibición de salida del territorio nacional de los menores sin autorización expresa de ambos progenitores.
Por tanto, si éste es el caso, los hijos sólo se pueden ir al extranjero con la autorización expresa del otro progenitor. En el supuesto de que el otro progenitor se negase injustamente a dar su autorización, la única posibilidad que quedaría sería la de solicitar una autorización judicial para suplir dicho consentimiento. En este caso, el Juez entrará a valorar las razones que justifican la salida de los hijos, las garantías de retorno y tomará una decisión acorde a las mismas.

Conclusión

La ley y el sentido común dictan que cada padre podrá decidir libremente y por su cuenta lo que desee hacer con sus hijos durante las vacaciones. Cualquier otra forma de hacerlo saturaría a los Juzgados de Familia durante los periodos vacacionales. Sin embargo, la realidad es que esta regla general debe tener limitaciones, y ello teniendo en cuenta que cada vez hay más divorcios de personas de diferentes nacionalidades.

 

Noticias Juridicas

Pensión compensatoria ¿temporal o vitalicia?

La pensión compensatoria es aquélla que recibe el cónyuge, por parte del otro ex cónyuge, al que la separación o el divorcio le haya producido una situación de desequilibrio económico en relación con la posición del otro, es decir, que económicamente su situación ha empeorado respecto a la que tenía durante el matrimonio. Esta pensión puede ser temporal o por tiempo indefinido y normalmente se regirá por lo que pacten las partes en el convenio regulador, o en defecto de acuerdo, será el juez quién en base a una serie de criterios determine si debe o no imponerse, y en su caso, si debe ser abonada por un tiempo determinado o indefinido.
Si hace unos años cuando se fijaba judicialmente una pensión compensatoria no se limitaba su duración en el tiempo, la tendencia actual es limitar la percepción de dicha pensión por un período determinado tras el cual se considera que se habrá superado el desequilibrio económico inicial que la originó.

Límite temporal de la pensión compensatoria

El pasado 18 de mayo de 2016, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó sentencia en la que indicó que “la fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del Código civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio (sentencia 3 julio de 2014) y esta norma prevé unas circunstancias determinantes de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges”. En este caso, el Supremo confirmó que puesto que existía dentro del convenio regulador de la separación un acuerdo entre las partes en el que se fijó la pensión compensatoria sin límite temporal alguno, y que no se habían producido alteraciones en su patrimonios, no procedía que ningún juez o tribunal estableciera esta temporalidad por lo que determinó su carácter indefinido.
Por otra parte, no es necesario que se establezca un límite temporal que sea el transcurso de un determinado número de años, sino que puede ser que la realización de un hecho concreto. Como en el caso resuelto por el Tribunal Supremo en abril de 2016 donde la jubilación del deudor de la pensión compensatoria extinguía esta obligación. El obligado a abonar la pensión compensatoria tenía ya 53 años, los que sumados al tiempo de duración de la pensión (ocho años) se acercaban a los de su edad de jubilación, fecha en la que ambos cónyuges pactaron en el convenio regulador de separación que dejaría de percibirse. Por ello, en su sentencia el Supremo estimó que no procedía establecer la pensión como vitalicia.
Siguiendo esta doctrina jurisprudencial, según la cual en cuanto a la pensión compensatoria hay que atender a lo acordado entre las partes, en noviembre de 2016 la Audiencia provincial de Madrid determinó que no se puede limitar judicialmente la duración de esta pensión si los cónyuges no fijaron límite alguno cuando la pactaron. En este supuesto, basándose en la importante reducción de los ingresos del obligado a abonar la pensión compensatoria,  el juzgado que se pronunció en primera instancia redujo su cuantía y fijó un límite temporal. Por su parte, la audiencia revocó este pronunciamiento al considerar que el juzgado había interferido en el acuerdo adoptado por los cónyuges, que no habían establecido ningún límite temporal a la pensión compensatoria, rompiendo con la seguridad jurídica contractual.

Se tiene en cuenta la convivencia previa al matrimonio

A efectos de determinar la procedencia de la pensión compensatoria, su cuantía y su carácter temporal o indefinido además de la duración del matrimonio, la  convivencia more uxorio previa de la pareja también es un factor a tener en cuenta según señala, entre otras, la sentencia 657/2016 del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016. En este caso, el matrimonio había durado 16 años, a los que se añadieron, a efectos de la determinación de la pensión compensatoria, los 15 años de convivencia previa. Como se recoge en la sentencia, en virtud de la doctrina ya expresada anteriormente por el propio tribunal en anteriores pronunciamientos: “en los supuestos de convivencia more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión compensatoria”. En base a todos esos años de convivencia antes y durante el matrimonio, en los que además la beneficiaria no realizó ninguna actividad laboral dedicándose al cuidado de su familia, y a otros factores como su edad, se declaró que la pensión compensatoria debía tener carácter indefinido.

Desequilibrio económico

Además del límite temporal que puedan establecer las partes existen otras limitaciones establecidas en el artículo 101 del Código Civil: el cese de la causa que lo motivó, es decir que el desequilibrio económico de la parte acreedora de la pensión desaparece o porque ésta contrae un nuevo matrimonio o vive maritalmente con otro persona.
En cuanto a la expresión desequilibrio económico sobrevenido a  raíz de la separación o divorcio está claramente definido en la sentencia de Tribuna Supremo de 19 de enero de 2010, cuya fundamentación fue recogida, entre otras, en la sentencia 598/2016 del Tribunal Supremo de octubre de 2016: “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio”. La pensión compensatoria, sostiene, “pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial […] e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación”. En este caso la beneficiaria no había trabajado durante el matrimonio, el régimen económico matrimonial era el de separación de bienes y su sitaución económica había empeorado respecto a la que tenía durante el matrimonio, por lo que el alto tribunal estimó que no procedía establecer un límite temporal para la pensión compensatoria.

Imposibilidad de superar desequilibrio económico

El pasado 19 de enero el Supremo en su sentencia nº 34/2017 se pronunció sobre la temporalidad de una pensión compensatoria cuya beneficiaria durante los 36 años de matrimonio se dedicó al cuidado de la familia y apenas contaba con un mes de experiencia laboral lo que suponía una importante dificultad para acceder al mercado laboral y en consecuencia no resultaba probable que supere el desequilibrio económico que justificó el establecimiento de la pensión. Por lo que declara sin valor ni efecto la sentencia anterior sobre el caso en lo referente a la pensión compensatoria ya que no cabía imponer un límite temporal a la pensión compensatoria porque no existía posibilidad de superar el desequilibrio y basándose en  circunstancias que no se habían producido aún, como es el cese de los ingresos por parte del obligado al pago.

Recibir una herencia no extingue la pensión compensatoria

También en el pasado mes de noviembre llegó al Supremo (sentencia nº 674/2016 de 16 de noviembre 2016) un caso en el que se declaró el derecho una mujer a la percepción de una pensión compensatoria con cargo a su ex marido porque se consideró probado el desequilibro económico de ésta a pesar de haber recibido una herencia. De hecho, al dictarse la sentencia de separación, en la que se establecía la pensión compensatoria indefinida, ya se tenía la expectativa de que la beneficiaria iba a recibir una herencia, la cual fue considerada por la Sala como insuficiente para superar dicho desequilibrio, por la edad de la beneficiaria -64 años-, que no tenía cualificación profesional y que estuvo dedicada al cuidado de la familia durante toda la duración del matrimonio.

Reinserción progresiva en el mercado laboral

La extinción de la pensión compensatoria puede producirse si se supera la situación de desequilibrio económico por la que se originó, por lo que reinsertarse en el mercado laboral supondría que dicha pensión finalizara. Sin embargo, en el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Badajoz el  8 de noviembre de 2016 en su sentencia 237/2016, se puntualizó que se trataba de una reinserción progresiva al mercado laboral: la beneficiaria daba clases particulares de inglés y limpiaba domicilios puntualmente, actividades además de economía sumergida, con lo que se presumían las ganancias pero no podía considerarse como una verdadera reinserción en el mercado laboral. La mujer llevaba siete años sin trbajar en los que se había dedicado al cuidado de su familia, teniendo en cuenta que por su edad y preparación podía reinsertarse progresivamente en el mercado laboral, sí se estableció una pensión compensatoria para ella pero con un límite temporal de dos años.

No había intención de buscar trabajo

Es posible incluso que una pensión compensatoria establecida pase de ser indefinida a temporal, no porque se haya superado la situación de desequilibrio económico entre los ex cónyuges, sino porque la parte beneficiaria no haya tenido intención de reinsertarse en el mercado laboral, sin tener ningún impedimento para ello. Esta cuestión fue abordada por ejemplo, por la  Audiencia Provincial de Pontevedra el 26 de octubre de 2016 en su sentencia nº 491/2016, en este caso la beneficiaria de la pensión compensatoria tenía 36 años cuando se fijó judicialmente la pensión y tras 14 años desde que se declaró el divorcio no había “tenido la más mínima intención de incorporarse al mercado laboral para procurarse una vida económica independiente” tal y como se indica en la sentencia. La audiencia teniendo en cuenta que en los años transcurridos la beneficiaria no había buscado activamente trabajo declaró extinguida la pensión desde el año siguiente a la fecha de la sentencia de primera instancia.

La beneficiaria de la pensión convive con una nueva pareja

Otro caso que puede dar lugar a la extinción de la pensión compensatoria es tal y como especifica el artículo 101 del código civil “por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”. El Tribunal Supremo en su sentencia nº 42/2012 de 9 de febrero de 2012 sentó jurisprudencia acerca de qué se entiende por “vivir maritalmente” con una persona a efectos de la extinción de la pensión compensatoria. Según explica en su sentencia la expresión “vivir maritalmente” debe interpretarse en base a dos cánones: la finalidad de la norma y la realidad social del tiempo. Teniendo en cuenta la finalidad de la norma, la Sala entiende que con la inclusión de esta especificación en la ley se pretende evitar que se oculten con el fin de que no se extinga una pensión compensatoria, “auténticas situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas como matrimonio”. Por otro lado, en base a la realidad social del tiempo la expresión "vida marital con otra persona" supone desde un punto de vista subjetivo “que los miembros de la nueva pareja asuman un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma”;  y desde un punto de vista objetivo una convivencia estable, es decir los sujetos viven como cónyuges more uxorio. Con lo cual, siempre que la persona acreedora de una pensión compensatoria se encuentre en una situación en la que se cumplan estos requisitos complementarios la pensión se extinguirá.

Noticias Juridicas

Si mi ex apunta a mi hija a clases de refuerzo en verano ¿tengo que pagarlas?

Los gastos extraordinarios de los hijos comunes en un proceso de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho son habitualmente fuente de conflicto, pues no pocas veces se cuestiona la satisfacción de los mismos.
Si partimos del concepto de "alimentos" incluido en el Código Civil (artículo 142) como aquellos que cubren "todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación e instrucción y asistencia médica", podemos definir los "gastos extraordinarios" como aquellos que, aunque necesarios, resulta imprevistos y que, por tanto, generan conflicto entre los progenitores.
Precisamente las clases de refuerzo académicas son consideradas por la jurisprudencia como gasto extraordinario, al que deberán contribuir los progenitores conforme al acuerdo al que hubieran llegado ratificada en el Convenio.
La Audiencia Provincial Málaga, Sentencia 888/2016, de 21 de diciembre (Recurso 1062/2014), ha tenido en cuenta la alteración sustancial de la capacidad económica del padre en una situación como la del ejemplo, y ha acordado, conforme a la solicitud del padre divorciado, la modificación del acuerdo sobre gastos extraordinarios establecido en el convenio de separación, que se ha visto notablemente reducida.
Así las cosas, el tribunal establece un nuevo reparto de dichos gatos (en un porcentaje del 80% por la madre y del 20% el padre) y que deben ser consensuados previamente a su devengo, salvo supuestos de urgencia. Además se establece expresamente que en caso de falta de acuerdo, deberá recabarse la autorización judicial del gasto.

Desproporción entre los ingresos de ambos progenitores

La sentencia de primera instancia estableció que ambos progenitores deberían abonar el 50% de los gastos extraordinarios que genere la menor, mientras que la Audiencia Provincial de Málaga señala que el 80% de los mismos serán satisfechos por la madre y el 20% restante por el padre, debiendo, previamente a su devengo, ser consensuados por ambos progenitores (salvo supuestos de urgencia en el que ello no sea posible), y a falta de acuerdo, deberá recabarse la autorización judicial del gasto, sin catálogo apriorístico establecido de lo que debe considerarse como gastos de naturaleza extraordinaria.
Resulta probada una notable disminución de la capacidad económica del padre respecto a la que tenía en el momento de la separación matrimonial. Esta alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en su día permite modificar el convenio regulador que fue aprobado por la sentencia de separación, toda vez que los medios económicos de la madre permanecen indemnes.
La desproporción existente entre los ingresos de ambos progenitores justifica que los gastos extraordinarios no se abonen al 50%, como suele ser habitual, pues este porcentaje de contribución incumpliría el principio de proporcionalidad aplicable en esta materia. Por ello, se considera más adecuado fijar en un 80% la contribución de la madre y en un 20% la del padre.
Así expresa la Sala en su sentencia esta circunstancia: "resultando en la actualidad inapropiada la medida en la forma dispuesta en el convenio regulador, más cuando la misma no ha resultado sino una fuente de conflictos continuos entre ambos progenitores y ello puede redundar en perjuicio de la menor hija común al ver continuamente enfrentados a sus progenitores, por lo cual procede su modificación"
Y este empeoramiento sustancial de la capacidad económica del progenitor no custodio permite modificar también el convenio regulador en cuanto al listado de gastos extraordinarios, que incluía, entre otros, el término de “actividad académica o de formación complementaria” de la menor, que ha sido fuente de conflictos entre ambos progenitores. Ello permite abarcar materias no regladas propias del conocimiento humano, lo cual no es acorde con la actual situación económica actual del padre.

¿Qué se considera gasto extraordinario?

La Sala insiste que no es posible realizar un catálogo cerrado de lo que puedan ser considerados como "gasto extraordinario" de los hijos menores comunes.
Así, señala: "esta Sala tiene reiteradamente declarado que no cabe realizar una determinación apriorística de lo que debe ser considerado como gasto extraordinario y los que no tienen tal naturaleza , ya que no puede perderse de vista que estos gastos están regidos por el casuismo derivado de las concretas y especiales circunstancias a tomar en consideración en cada caso a la hora de determinar si un gasto concreto merece o no la consideración de gastos extraordinario, no cabiendo, en consecuencia, reiteramos, realizar en Sentencia declaraciones genéricas sobre lo que constituyen gastos extraordinarios, como se hace en el Fallo de la Sentencia apelada".
Lo que procede declarar en la Sentencia, continúa, "es que la calificación de un determinado gastos como extraordinario, si existiese discrepancia entre los progenitores , exigirá la declaración judicial en el momento en el que dicho gasto surja , con audiencia de ambos, sino resultase de urgente atención. En definitiva la determinación de un concreto gasto como de naturaleza extraordinaria, exige el previo consenso entre ambos progenitores, a fin de que los dos puedan opinar sobre su conveniencia o su cuantía, debiendo en caso de desacuerdo, ser autorizado judicialmente como tal, y sólo si se cumplen estas condiciones resultaría factible que el uno pueda recabar del otro su respectiva contribución; procediendo en el sentido expuesto estimar el motivo de apelación y revocar el pronunciamiento la Sentencia".
Por tanto, y en resumen, no procede realizar una determinación apriorística de lo que debe ser considerado como gasto extraordinario y los que no tienen tal naturaleza, pues ello dependerá de las concretas y especiales circunstancias a tomar en consideración en cada caso.
La determinación de un concreto gasto como extraordinario precisará del consenso de ambos progenitores previamente a su devengo, salvo caso de urgencia en que ello no sea posible, para que los dos opinen sobre su conveniencia y cuantía. Y, en caso de desacuerdo, deberá recabarse la autorización judicial del mismo

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Luces y sombras en la custodia compartida de los menores

El PSOE teme que puedan existir perjuicios cuando esta medida es impuesta por los jueces 

Existe un consenso innegable entre los expertos respecto a que la custodia compartida es el régimen ideal para establecer la tutela de menores en casos de separación, nulidad o divorcio en un entorno de entendimiento entre los progenitores. Pero el borrador de anteproyecto que ha comenzado a redactar el Gobierno para establecer como preferencial este sistema de guarda —o como mínimo equipararlo a la custodia monoparental— ha comenzado a levantar recelos en la oposición.
El PSOE registró esta semana en el Congreso una Proposición no de ley que el Ejecutivo evalúe las consecuencias que tiene esta tutela cuando viene impuesta por los tribunales, advirtiendo que es el mejor sistema en la teoría pero que aplicación en la práctica de manera adecuada es compleja. «Exige respeto mutuo entre los progenitores, actitud razonable y habilidades para el diálogo entre ellos que son difíciles de encontrar en padres en conflicto», subraya la iniciativa. Y en ningún caso, creen los socialistas, puede generalizarse este tipo de custodia en los casos de violencia de género. Consideran además que este estudio debe realizarse en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los órganos competentes.

Un debate profundo

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si es necesario mantener estas reservas. El vicepresidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez, subraya que este tipo de custodia es la ideal al ser menos traumática para el menor «que puede seguir teniendo a sus dos padres», y subraya su confianza en que los juzgados no la establecen «por capricho» o sin informes sobre la familia. Ve en la actuación del PSOE posibles motivos ideológicos, aunque sí reclama que antes de establecer una legislación en temas tan delicados se abra un debate profundo con expertos para evitar que prevalezcan los intereses partidistas. 

En cambio, la directora general de «The Family Watch», María José Olesti, considera que la iniciativa del PSOE es una medida positiva ya que «lo más importante a la hora de aplicar la custodia compartida es tener en cuenta que lo que está por encima siempre es el interés y la protección físicay anímica del menor en general y en algunos casos de forma particular». Aboga así porque esta medida lleve «un seguimiento especial por parte de los jueces en aquellas situaciones donde exista conflicto y donde las relaciones entre los padres sean difíciles o inviables».

Sin seguimiento

A lo largo de su proposición, el PSOE advierte de que no se ha realizado ningún análisis objetivo sobre si la custodia compartida es conveniente para salvaguardar el interés del menor, a pesar de que se está extendiendo. En este sentido, subraya que los juzgados de familia no hacen seguimiento alguno sobre el impacto de la custodia compartida en los menores cuando es impuesta por el juez, ni hay datos sobre su idoneidad para asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, la estabilidad emocional y la formación integral del menor.
«Se debe legislar en interés del menor. Creemos que los jueces deben intervenir sólo en aquellos casos en los que exista conflicto y hay que dejar a las partes que negocien el modelo de custodia cuando se realiza de mutuo acuerdo, que son la mayoría de los casos de divorcio en este país», ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, tras el registro de la iniciativa. Los socialistas coinciden así con la plataforma feminista, que considera la custodia compartida como «una forma más de violencia contra las mujeres» y denuncia que cuando viene impuesta por los tribunales los efectos que acarrea para los menores no son «positivos».

Mayoría política ajustada

El Gobierno, de hecho, ha emprendido esta reforma con una ajustada mayoría política. El pasado 20 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó por 171 votos a favor y 158 en contra una moción de Ciudadanos, consecuencia de interpelación a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Con esta moción, el grupo naranja instaba al Gobierno a realizar, en tres meses, las modificaciones necesarias para que el Código Civil contemple la guardia compartida como el modelo preferente. El debate está servido.

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Cómo reclamar por vía judicial el derecho a ver a los nietos

¿Puede el abuelo exigir un régimen de visitas a sus nietos? ¿Por qué causas se puede denegar este derecho? 

¿Puede el abuelo exigir un régimen de visitas a sus nietos? ¿Por qué causas se puede denegar este derecho? ¿Cuál es el límite de sus derechos? ¿Aunque no esté reconocido en sentencia, pueden los abuelos ayudar a sus hijos divorciados a cuidar de los nietos? Hoy, 26 de julio, se celebra en España, al igual que en otros muchos países, el «Día de los abuelos», motivo por el que, desde Legálitas, recordamos los derechos de este colectivo en relación con sus nietos.
Tradicionalmente, los abuelos en nuestro país han tenido un papel importante en la familia, y su apoyo ha sido aún mayor en los últimos años con motivo de la crisis, en los que no pocos abuelos han debido compartir su pensión con el resto de la familia, han acogido a sus hijos y nietos en su hogar para ayudarles a salir adelante o, simplemente, han adoptado un papel más activo en el cuidado de los nietos.
Sin embargo, la relación entre nietos y abuelos no siempre es algo fluido. En ocasiones, especialmente con motivo del divorcio de los progenitores o del fallecimiento de uno de ellos, ésta se ve interrumpida. 

Ante esta situación, los abuelos pueden solicitar vía judicial que se les reconozca el derecho a visitar a sus nietos y estar en su compañía.
La ley 42/2003 modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. De acuerdo con estas modificaciones:
—En caso de separación el convenio regulador podrá incluir un régimen de visitas y comunicación del hijo con los abuelos.
—Este derecho no existe solo en caso de ruptura, sino también en el de desinterés de los progenitores o ausencia de uno de ellos.
—En caso de que los padres no puedan hacerse cargo de los hijos, los abuelos tendrán preferencia para hacerse cargo de su tutela antes que otros parientes, otras personas o instituciones.
—En caso de menores en situación de acogimiento los abuelos también tendrán derecho a un régimen de visitas y relaciones.
Sin embargo, este derecho tiene un límite muy claro, como ocurre en todas las cuestiones en la que hay distintos intereses en juego y hay menores afectados. El interés que prevalece siempre será el del menor para todo aquello que le afecte. El interés de los abuelos y de los padres se tiene en cuenta y es importante. Pero solo en cuanto sea beneficioso para el menor.
Aun partiendo de la base de que las relaciones de los abuelos con los nietos son beneficiosas para estos últimos, hay casos en los que no será así, por lo que el art. art. 160.2 del Código Civil indica que «No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados».

Cuando hay justa causa para negar visitas

La justa causa deberá probarse y debe ser algo concreto, a valorar caso a caso por el juez, teniendo siempre en cuenta el interés del menor. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo no bastará para denegar las visitas la mala relación de los abuelos con los padres, o que el conflicto que genera esta mala relación pueda hipotéticamente afectar a la salud de los nietos.
Algunas de las causas tenidas en cuenta para denegar estas visitas por nuestros tribunales han sido conductas inapropiadas de los abuelos, manifestaciones en contra de los progenitores, la intención de los abuelos de asumir un rol parental o la existencia de informes psicológicos que evidencien un riesgo razonable para el menor de que esa relación le desestabilice.
A modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Cantabria denegó el derecho a relacionarse con sus nietos, por entender que era perjudicial para los niños, a una abuela que tenía una mala relación con su hijo al que insultaba frecuentemente y que en presencia de los menores llegó a agredir a la madre de los niños.

Hasta dónde llega el derecho

Estamos acostumbrados a que en caso de separación o divorcio con custodia atribuida a uno de los progenitores tenga un régimen de visitas de fines de semana alternos, una o dos tardes por semana y mitad de vacaciones escolares.
¿Puede un abuelo solicitar un régimen tan amplio? Nuestro Código Civil establece su derecho a relacionarse con los nietos, pero no concreta la forma en la que lo hará. Esto supone que, en caso de desacuerdo entre los padres, el tribunal deberá examinar caso por caso para decidir el más adecuado. Teniendo en cuenta, como en todo lo que le afecta, lo que sea más beneficioso para el menor.
Tendrá en consideración cuestiones como la edad de los niños, sus actividades, el grado de vinculación que tienen con sus abuelos y como ha sido su relación hasta ese momento. Tal y como el Tribunal Supremo indica en su sentencia de 14 de noviembre de 2014 «no debe impedirse la pernocta, pero tampoco generalizarla».
De hecho, son mayoritarias las sentencias que consideran desproporcionado un régimen de visitas a favor de los abuelos como el que se fija para los padres. Con carácter general suele consistir, en los casos en los que se accede a que los abuelos pasen periodos con pernocta de los nietos, en 1 o 2 semanas de vacaciones al año y algunos fines de semana durante el curso escolar.

Ayudar a hijos divorciados

No es infrecuente que en caso de separación o divorcio la relación con la familia política esté muy deteriorada y que ambos traten de impedir vía judicial que los abuelos se encarguen de los hijos cuando les toca estar en compañía del otro progenitor si este no está presente en parte de ese tiempo.
Si bien en los casos en los que existiera riesgo para el menor y así se demostrara podría denegarse, con carácter general se acepta por parte del juzgado que los abuelos ayuden a su hijo a atender a sus nietos recogiéndoles del colegio o cuidándoles mientras está en el trabajo. Es otra forma de permitirles relacionarse con los nietos, aunque no tengan un régimen de visitas formal, y además favorece la relación de este con los niños y su conciliación laboral en muchos casos.