Faro de Vigo

La comarca registró más de medio millar de rupturas matrimoniales en 2016, un 13% menos

Son mayoría las disoluciones que se realizan por consenso entre los cónyuges, aunque los problemas llegan a la hora de establecer las medidas de guardia y custodia de los menores

Los juzgados de la comarca registraron el pasado año un total de 535 rupturas matrimoniales, lo que supone un descenso de un 13,2% con respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 617 en los partidos judiciales de Pontevedra, Marín y Caldas. Las demandas de separación o divorcio cayeron de forma importante en la comarca, dado que el descenso en la media gallega fue inferior, de un 9,7%.
Los pontevedreses, por lo tanto, sufrieron menos rupturas matrimoniales de media que el resto de Galicia y además en su mayor parte (un 55%) fueron separaciones consensuadas entre los cónyuges. Así, del total de divorcios y separaciones, 294 fueron con acuerdo entre las partes mientras que en 241 fue precisa la intervención judicial para determinar las medidas que rigieron la disolución matrimonial.
También cabe destacar que sigue siendo mayoría los divorcios (un total de 499) frente a las separaciones (las 36 restantes) y que Marín fue la localidad en la que el descenso de las disoluciones matrimoniales fue mayor de los tres partidos judiciales de la comarca (un 23%). En Caldas el descenso fue de un 9% y en Pontevedra de un 6,4%. En Marín y Pontevedra los divorcios descienden por segundo año consecutivo. Sin embargo, como dato curioso también cabe destacar que los divorcios consensuados son los mayoría en la ciudad del Lérez, con 184 frente a 133, mientras que en los partidos judiciales de Marín y Caldas son mayoría las rupturas conflictivas.
Normalmente el principal problema a la hora de llegar a un acuerdo matrimonial tiene que ver con la guardia de los niños y esto se deja ver también en las demandas que se presentan en los juzgados por la custodia de los menores que nacen en parejas que no son matrimonio. En este caso, la mayoría siguen siendo demandas que resuelve el juzgado al no haber acuerdo entre las partes. Se presentaron 169 el pasado año en los tres partidos judiciales y de todas ellas casi un 63% acabaron sin consenso y dictando una resolución el juez.
Lo mismo ocurre cuando se trata de modificar las medidas establecidas por un juez inicialmente en el divorcio y que alguna de las partes puede pedir que se cambien en el caso de que se produzca alguna situación novedosa en relación a los dos miembros de la pareja (que uno de ellos, por ejemplo, pierda su empleo) en este caso, el año pasado se tramitaron 202 solicitud de modificación de medidas y en 8 de cada diez no hubo acuerdo y tuvo que resolver el juzgado.
Mediación
Cabe recordar que Pontevedra cuenta con un servicio de mediación intrajudicial en la ciudad que permite a los cónyuges alcanzar acuerdos que eviten que el durotrance de la ruptura matrimonial sea todavía más traumático. Los expertos recomiendan siempre una separación consensuada, sobre todo por el bien de los menores que puedan estar a cargo del matrimonio.
Se trata de un proceso en el que ambas partes deben consentir participar de forma voluntaria y las estadísticas de los servicios de mediación señalan que hasta un 50% de las familias que recurren a la mediación acaban con un acuerdo.

El Confidencial

Mi ex se ha quedado con la casa y la hipoteca, ¿cómo puedo dejar de figurar en la misma?

La sentencia de divorcio adjudicó a mi ex mujer la vivienda familiar con todos sus cargos, incluida la hipoteca. El problema es que yo figuro también en la misma

La sentencia de divorcio adjudicó a mi ex mujer la vivienda familiar con todos sus cargos, incluida la hipoteca. El problema es que yo figuro también en la misma. ¿Hay alguna forma de liberarme de esta hipoteca?

En caso de divorcio judicial, como ocurre en su caso, el hecho de que uno de los cónyuges se adjudique el 100% de la vivienda y se comprometa, en este caso ante el juez, al pago de la totalidad del préstamo hipotecario, no exime al otro miembro de la pareja de su obligación de cara al banco. En su situación, si su ex mujer incumpliera en el pago, la entidad financiera podría ir contra sus bienes presentes y futuros.

Por lo tanto, lo más recomendable, una vez hayan quedado inscritos los efectos de esta sentencia, tanto en el Registro Civil como en el Registro de la Propiedad correspondiente, es que lleve a cabo el cambio de titularidad del préstamo hipotecario, pues el simple hecho que uno de los miembros de la pareja se quede con la titularidad de la casa, no implica la titularidad en exclusiva de la hipoteca.

Para ello, ambos cónyuges titulares del préstamo deben realizar una negociación con el propio banco para que se produzca dicho cambio. Desde el punto vista jurídico las dos figuras recomendables para dicha alteración son: la novación o la cancelación del préstamo hipotecario, constituyendo uno nuevo a nombre exclusivamente de su ex mujer, y siempre y cuando el banco acepte dicho cambio, pues para ello se les puede exigir alguna de las siguientes garantías:

1.- Un nuevo titular.

2.- Aumentar el tipo de interés.

3.- Un nuevo aval.

Esto ocurre porque en algunos casos es posible que el banco no acepte el cambio de dos titulares a uno solo, entendiendo que el nuevo titular puede no ser lo suficientemente viable económicamente.

En caso de que el banco no acepte el cambio de los titulares, usted, que por sentencia judicial ha cedido su parte de la vivienda, deberá seguir afrontando el pago de la hipoteca.

 

La Voz de Galiica

El número de madres solteras por elección, en crecimiento en Vigo

Según IVI, la cifra se ha triplicado en Galicia en los últimos cinco años

El número de mujeres que deseaban ser madres solteras usando esperma de donante se triplicó en los últimos cinco años en Galicia, según ha informado la clínica de reproducción asistida IVI Vigo, que ha concretado que la mayoría de ellas son mujeres residentes en la ciudad olívica y con edad media de 38 años.

En concreto, la clínica cifra el incremento en un 234 por ciento desde 2012, periodo en que la media de edad «no ha variado significativamente». «Cuando la mujer siente la amenaza del reloj biológico, sobre los 40 años, y quiere ser madre pero no tiene pareja, es el momento en el que se plantea la maternidad en solitario», explica el director de IVI Vigo, Elkin Muñoz.

En este contexto, la clínica ha recordado que un estudio que elaboró junto a la Universidad de Sevilla concluía que las mujeres que quieren ser madres solteras tienen «alta autoestima, una destacable satisfacción vital y, en general, un buen equilibrio emocional».

«Podemos decir que estas mujeres están siendo pioneras, mostrando a la sociedad una nueva forma de entender la familia y la crianza. Sin duda, están rompiendo barreras», ha remarcado la responsable de la unidad de apoyo emocional de IVI Vigo, la doctora Ana Izquierdo.

En este ámbito, IVI Vigo y la Asociación Madres Solteras por Elección han organizado para este martes una charla gratuita --bajo inscripción-- dirigida a madres solteras o mujeres que valoren serlo, para abordar con ellas los aspectos relacionados con este modelo de maternidad y crianza.

 

ABC

¿Me sale rentable el divorcio?

Lo que debes saber para cuando llega «la primera reunión con el abogado» 

La decisión de divorciarse o separarse de nuestra pareja es dura. Romper con la vida que se había llevado hasta ese momento, rehacer tu vida, empezar de nuevo... Y, ¿qué hacer con el bagaje de lo vivido hasta ese momento? Pero, una vez dado ese primer paso, llega el momento de asesorarnos profesionalmente, y con ello, la inquietante primera reunión con «el abogado».
Lo primero que debe entender una persona cuando va a iniciar los trámites de divorcio, explica Marta Macho, abogada del despacho especializada en Derecho de Familia, «y cuando hablo de divorcio me refiero también a separación o medidas paternofiliales, es que el dinero importa, y mucho. Inevitablemente, las penas, cuando se cuenta con solvencia económica, son menos penas, hecho constatado hasta la saciedad por los profesionales del derecho».
«Comencemos por una frase típica, -usada recurrentemente por los abogados de familia pero no por ello menos cierta- que reza: «con lo que antes vivía una familia, ahora tienen que vivir dos». Una verdad indiscutible», añade Macho.

Dos —o tres— viviendas

«Por el hecho de romperse una familia no aumentan los ingresos, pero sí los gastos», recuerda esta letrada. De esta forma, prosigue, «la pareja -constituida en torno a un domicilio- habrá de pasar a mantener dos viviendas, la del padre y la de la madre, e incluso a veces hasta tres viviendas (en aquellos casos de custodia compartida en que la madre y el padre residen fuera del domicilio familiar y son los hijos los que permanecen en el mismo, entrando y saliendo cada progenitor en cada periodo de custodia)».
«Piénsese que el progenitor no custodio saldrá, con toda probabilidad, del que hasta ese momento ha constituido el domicilio familiar, en el cual permanecerán los hijos junto con el progenitor custodio. Lo más probable es que sobre dicha vivienda esté constituido un préstamo hipotecario, del cual seguramente ambos serán titulares, y por lo tanto, sea quien sea quien resida en la vivienda, deberán abonar ambos dicha hipoteca en la proporción en que sean deudores», puntualiza Macho.

Pensión de alimentos

Por otra parte, recuerda esta abogada, «el progenitor no custodio deberá abonar además una suma mensual en concepto de pensión de alimentos a favor de sus hijos. Quizá deba pagar también una pensión compensatoria a su ex cónyuge. Todo eso sin contar con sus propios gastos».

Modificación de las medidas

También existe la posibilidad, advierte la experta de ABA Abogadas, «de que las medidas dictadas en el momento del divorcio sean modificadas en un ulterior procedimiento, llamado de modificación de medidas, el cual para ser viable debe reunir un requisito fundamental que el propio nombre del procedimiento judicial ya intuye: que exista una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para dictar las medidas cuya alteración se pretende».

Conclusión

«Insistimos en una evidencia fruto de la experiencia de años de tribunales. Por muy perentoria que se sienta la necesidad del divorcio hay que echar números. No tanto para volverse atrás sino para plantear el proceso de divorcio -ya sea de mutuo acuerdo o contencioso- atendiendo a todas las circunstancias. Cuando se han meditado las consecuencias económicas cabe plantear el proceso de divorcio de la forma menos gravosa para los cónyuges», apunta.
«Y aunque la sentencia que regula las medidas derivadas de dicho procedimiento no es inamovible, sí suele tener una considerable duración en el tiempo; un proceso de modificación de medidas no resultaría viable apenas transcurridos unos meses desde la sentencia de divorcio, sin tiempo para que se hubieran producido cambios en las circunstancias familiares que pudieran amparar la pretendida modificación», concluye Macho.

Faro de Vigo

"Señor juez, quiero vivir con mi padre"

La Audiencia de Pontevedra otorga a un hombre la custodia de su hija al ser "el deseo personal" de la adolescente -Son excepcionales, pero en los juzgados vigueses hubo sentencias similares

"No puede pedirse al Derecho que resuelva el problema de los afectos". Ésta es la frase que utilizan los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra como colofón a su argumentación sobre los motivos que les han llevado a revocar una sentencia dictada por un juzgado de Primera Instancia e Instrucción del área de Vigo referente a la guarda y custodia de una menor de 16 años. Frente al criterio del primer fallo, la sala otorga la custodia al padre por ser éste el "deseo personal" de la adolescente. El tribunal adopta este criterio atendiendo a que la chica ya tiene una edad por la que cuenta con "capacidad natural e intelectual suficiente para tomar decisiones libres" y por el "rechazo o aversión" que muestra a la "convivencia diaria" con su madre. Aunque lo ideal es "preservar" el vínculo afectivo y la relación de un hijo con ambos progenitores, señalan, en este caso estiman que "la imposición coactiva de contactos no deseados" sería "contraproducente" y, además, podría afectar a la "estabilidad emocional" y la "salud psíquica" de la menor. Lo único que resta, concluyen, es "respetar su voluntad".
Esta reciente sentencia de la Audiencia pontevedresa se centra de forma directa en una delicada cuestión. ¿A partir de qué edad puede escoger un menor, o al menos expresar su voluntad ante el juez, en relación con cuál de sus progenitores quiere vivir? ¿Qué peso tiene el deseo del hijo en la decisión que plasmará el magistrado en sentencia? "Si el procedimiento [de separación o divorcio] fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años", reza el artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto. "El criterio legal es que el menor debe ser oído, pero lo que éste exponga no es vinculante", explica Isabel Olcina, abogada viguesa especializada en litigios matrimoniales.
Otros factores

La letrada explica que, junto a lo que dice el menor, a la hora de adoptar una resolución los magistrados valoran otra serie de factores que pueden ser claves. "Si el juez ve que con el cambio de custodia que plantea el hijo se puede ver alterada su vida no suele modificar ese régimen, salvo que haya una problemática grave de fondo que lo aconseje", afirma la jurista, que señala que el peso del deseo expuesto por un adolescente también depende de su edad. "No es lo mismo un niño de 13 años que uno de 16 o 17, que ya tiene un grado de madurez mayor", refiere. También hay que valorar que lo expuesto por el niño responda a una "voluntad autónoma" y no sea fruto de "caprichos" o "influencias" externas.
Casos como los que se recogen en la sentencia de la Audiencia pontevedresa, en la que la voluntad del adolescente es lo que resulta determinante a la hora de conceder el cambio de custodia, no son muy habituales. Pero en los tribunales de Familia de Vigo ya hubo resoluciones similares, además de varios asuntos en la actualidad en trámite. Una de las sentencias de la urbe olívica es referente a dos hermanos: uno no había alcanzado aún los 10 años y otro rondaba los 12. Atendiendo a lo que manifestaron, junto a otros factores, finalmente en el fallo se respetó la voluntad de ambos niños.
También hubo fallos con el criterio contrario. Como una chica de 16 años que, según fuentes próximas al caso, expresó "claramente" que quería irse con su padre. Valorado en su conjunto el caso, el tribunal concluyó que debía permanecer con la madre. 

Las Voz de Galicia

Las anulaciones de bodas religiosas se disparan

El cambio de tendencia en la diócesis de Tui-Vigo coincide con el primer año de la reforma del papa Francisco que incluye casos de gratuidad y agilidad en el trámite

Hacía casi una década que las anulaciones de bodas religiosas no experimentaban un ascenso como el que ha tenido en el 2016. En este año la diócesis de Tui-Vigo resolvió veintiuna nulidades, casi el doble que en el 2015. Fuentes del Tribunal Eclesiástico relacionan el incremento con el motu proprio del papa Francisco para abreviar los procesos y tramitarlos de forma gratuita. «Las personas que tienen dinero pagan y cuando justifican que no lo tienen, abonan la mitad o nada, dependiendo de los ingresos», indican las mismas fuentes.

La puesta en marcha del nuevo procedimiento hace poco más de un año provocó un aluvión de consultas, muchas de las cuales se quedaron en eso. Del centenar de personas que se interesaron por la tramitación en el 2015, solo una docena se animó a llevar adelante la anulación matrimonial, la segunda cifra más baja de la década.

En principio, muchos ciudadanos interpretaron la decisión del papa como café para todos y pensaron que no tendrían que aportar un euro por la gestión.

El presidente del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Tui-Vigo, Juan Carlos Sendón, aclaró, que tal como había matizado con posterioridad el papa Francisco, las parejas que disponen de medios pagan los 1.500 euros que cuesta el procedimiento en Vigo para compensar con aquellas que no pueden. La aportación varía en función de cada diócesis.

En principio, el papa pretendía que el coste gravitara en la Conferencia Episcopal o el obispado. En el caso del Tribunal Eclesiástico de Tui-Vigo, si lo gestionaba gratis para todo el mundo, se veía en la tesitura de tener que afrontar por su cuenta los gastos de material, oficinas, abogado, psicólogo y psiquiatra, aunque fuera con una retribución mínima.

Una de las cifras más altas de anulaciones se registró en 1999, cuando se tramitaron 56. Por el contrario, la más baja tuvo lugar en el 2013, con solo 11.

Desde el 2010 las nulidades fueron cayendo en picado, tal vez como consecuencia de la crisis económica. El presidente del Tribunal Eclesiástico lo achaca también al menor número de bodas al optar muchas parejas por vivir juntos sin casarse, como demuestra el descenso también de los matrimonios civiles.

Otra de las razones, dice, puede estar en la fe, al alejarse la gente cada vez más de la religión y no darle importancia a la situación moral. «Hay tantas rupturas y parejas de hecho que parece normal y habitual», destacaba Juan Carlos Sendón a propósito de la evolución.

La causa más frecuente es la incapacidad para asumir las obligaciones

Las causas que pueden llevar a la nulidad matrimonial son múltiples, pero hay unas que se repiten con mucha más frecuencia.

Inmadurez. La mayoría de las demandas tienen su origen en la inmadurez o dependencia psicológica de uno de los cónyuges de otra persona como el padre, la madre o un amigo. También es frecuente la incapacidad para asumir obligaciones

 

Simulación. Se casan sin asumir aspectos tan importantes como la indisolubilidad.

 

Brevedad. La brevedad en la convivencia conyugal es un motivo que puede ser tramitado por la vía breve.

 

Aborto. El aborto para impedir la procreación también figura en la lista de causas. Hay parejas que se casan con la idea de no tener hijos y se lo ocultan a la otra parte.

 

Infidelidad. Aunque la infidelidad en sí mima no es motivo de nulidad, si lo es la existencia de una relación extraconyugal en la época de la boda o inmediatamente posterior, la promiscuidad o conducta libertina.

 Es suficiente con que una de las partes presente la demanda en el tribunal

Para solicitar la nulidad matrimonial a la Iglesia hay que acudir al tribunal eclesiástico de la diócesis donde se celebró la boda. En el caso de Tui-Vigo, se encuentra en la sede del obispado en A Guía. Un experto en derecho canónico hace una valoración inicial sobre la viabilidad del proceso. Es suficiente con que una de las partes presente la demanda, aunque la otra no esté de acuerdo. Si no hay recurso de alguna de las partes, no es necesario recurrir a un segundo tribunal, como sucedía antes. El obispo es juez único en los casos más claros. Tarda un año y prosperan el 90 % de solicitudes.

 

El Pais

Cataluña registra dos divorcios por cada tres bodas

La comunidad tiene la tasa de separaciones más alta de España

 

Por cada boda y media, Cataluña registra un divorcio. En 2015, la comunidad celebró 26.873 enlaces y certificó 18.898 rupturas matrimoniales entre nulidades, divorcios y separaciones. El fin de la crisis vuelve a animar a las parejas mal avenidas a enfrentar los trámites y las consecuencias económicas de una separación. Cataluña tiene una tasa de separaciones de 2,6 por cada 1.000 habitantes, la más alta de España, con una media de 2,2.
“Cataluña tiene una sociedad más laica, donde hay menos influencia de la iglesia católica. Además, que el régimen matrimonial sea de separación de bienes, hace que las parejas puedan actuar de forma más individual y que disolver el matrimonio dé menos miedo”, justifica María Ángeles Félix, catedrática de derecho eclesiástico del Estado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. De las 101.357 rupturas matrimoniales que se registraron en España en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 18.898 se dictaron en Cataluña.
La docente, que también es miembro de Tribunal Eclesiástico de Barcelona, asegura que el fin de la crisis ha influido en el repunte de las separaciones. En 2013, en plena recesión, se notificaron 18.584 rupturas, la cifra más baja de la última década.
Aunque el número de nulidades eclesiásticas sigue siendo anecdótico en el conjunto de rupturas, las sentencias favorables de los tribunales eclesiásticos se han casi duplicado en un año, de 33 a 52. “En un contexto de crisis, una pareja con una crisis conyugal busca el primer remedio, que es el divorcio. Y si lo tienen, no tienen prisa por pedir la nulidad porque supone otro gasto. Por eso cuando se sale de la crisis, hay un auge de nulidades", señala Félix. Además, los criterios para conceder nulidades se han flexibilizado.

 

El Pais

El Supremo rechaza el recurso de una madre con hija dependiente a usar la vivienda familiar

El tribunal no ve equiparable la protección que necesita un hijo menor de edad a la de uno mayor de edad con discapacidad

 

El Tribunal Supremo ha desestimado el caso planteado por una madre, que vive con su hija mayor de edad y dependiente en el domicilio del padre. La mujer pedía seguir haciendo uso del inmueble por tiempo ilimitado, pero la sentencia le da la razón al padre y afirma que no es equiparable la protección y asistencia que necesita un hijo menor de edad a la que requiere uno mayor de edad con discapacidad. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar en caso de separación o divorcio.
La mujer, siguiendo la misma línea argumental por la que el progenitor sí está obligado a pasar una pensión alimenticia, había presentado un recurso de casación en el que solicitaba que su hija se considerase como menor al tener una discapacidad —esquizofrenia— y, en consecuencia, también pedía el uso indefinido de la casa. La Audiencia Provincial de Valencia, al igual que el juzgado de instancia, había atribuido anteriormente por un período de tres años, que finaliza ahora, el disfrute de la casa para la progenitora.
El Supremo no ve posible la permanencia de la mujer en el domicilio, ya que al ser la vivienda propiedad del padre, negarle su uso por tiempo ilimitado "vaciaría de contenido económico el derecho de propiedad o lo reduciría notablemente". Y corrige que la sentencia a la que hacía referencia la recurrente para defender su alegato es relativa a la de un hijo con patria potestad rehabilitada en favor de su madre, mientras que en este caso la discapacidad de la hija que convive en el domicilio familiar "no ha sido reconocida judicialmente".
Según dice el tribunal, la atención hacia las personas mayores con discapacidad depende de "su estado y grado, físico, mental, intelectual o sensorial, del acierto en la adopción de los apoyos en la toma de decisiones y de la elección de la persona o institución encargada de hacerlo, entre otras cosas". También, el respeto a su derecho de vivir de forma independiente y de tener control sobre su vida diaria "siempre que sea posible". Por tanto, asegura que la toma de decisiones derivadas del divorcio de los padres sea asumida por la hija y no por su madre.
 

ABC

Feijóo se posiciona a favor del «vientre de alquiler» y la custodia compartida

Afirma que «no son debates menores» y que «la ética a lo largo de los siglos se va ajustando»

El presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha posicionado este lunes a favor de la regulación de la gestación subrogada y la custodia compartida, dos asuntos que serán sometidos a debate en el congreso nacional de su partido y que ha abierto heridas internas entre los sectores más conservadores.
En un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, Feijoo ha asegurado que estos «no son temas menores» y, de hecho, los ha ligado directamente al «problema estructural» de la natalidad en España. Esta cuestión es el eje central de la ponencia social que ha coordinado el vicesecretario Javier Maroto. 

Aunque ha reconocido que suscita posiciones muy encontradas en su partido por la cuestión «ética», el líder del PP gallego se ha posicionado a favor de la «evolución» ideológica del partido, que en todo caso definirá su ideario en un «congreso abierto». Organizaciones territoriales como Madrid y Valencia, con Cristina Cifuentes e Isabel Bonig a la cabeza, se muestran partidarias de la regulación de ambas cuestiones.
«Es un tema importante. Hay mucha gente a la que le gustaría tener hijos y no puede. Es verdad que estamos al borde de planteamientos éticos pero la ética a lo largo de los siglos se va a ajustando. Y los planteamientos éticos del siglo XVIII no son los del siglo XXI. A una pareja que quiere tener hijos se le debe respetar», ha asegurado.
Feijóo, que ha reconocido que él mismo está recabando la opinión de los compromisarios gallegos, ha recordado que está a la espera del nacimiento de su primer hijo. «Si no me dejara ver a mi hijo me voy a enfadar», ha dicho en defensa del principio de igualdad en la custodia de los descendientes.

La Voz de Galicia

La ley gallega de custodia compartida coge impulso tras el apoyo de Feijoo

La entidad que promueve la ILP confía en lograr el acuerdo de todos los grupos

La Asociación Galega de Pais e Nais Separados ha recogido casi diez mil firmas para que el Parlamento debata una iniciativa legislativa popular (ILP) para aprobar una ley gallega de custodia compartida. Y el apoyo claro del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a este tipo de custodia, da impulso a esta futura norma que se sumaría a las que ya tienen Cataluña, País Vasco, Aragón y Navarra, y que acaba de ser tumbada en Valencia por el Tribunal Constitucional.

Si todos los trámites se van cumpliendo «e hai celeridade e ganas por parte dos deputados», indica el presidente de la asociación, Lois Toirán, la Cámara gallega podría aprobar esta legislación en un año. No obstante, el colectivo que respalda esta ILP confía en un acuerdo mayoritario de todos los grupos y no solo del PP, «porque iso vai a ser sinónimo de que a lei vai funcionar», apunta Toirán.

Ayer, precisamente, la entidad se reunió con el grupo parlamentario de los populares gallegos. Fue un encuentro en el que recibieron un apoyo con el que ya contaban. «A impresión foi moi positiva e están coa intención de sacar adiante a lei, pero sería un erro que fose dun só partido político», señalan desde la asociación. Desde que se anunció la presentación de esta ILP los promotores se reunieron ya con En Marea y el PSdeG además de con el PPdeG, y todos los grupos se mostraron partidarios de debatir y hacer las modificaciones necesarias para que esta legislación salga adelante, y también desde el BNG habían apoyado previamente el debate. «Sabemos que non todo vai ser un camiño doado, e sabemos que hai reticencias desde algúns sectores, pero cando menos contamos con esta axuda». Además de la recogida de firmas -la entidad quiere presentar el mayor número posible, muchas más de las 2.500 necesarias-, y de las reuniones con los partidos, la Asociación Galega de Pais e Nais Separados está promoviendo mociones o recogidas de apoyos de los alcaldes en los concellos gallegos.

Sobre las declaraciones de Feijoo, quien será padre en febrero y aseguró que se enfadaría si no le dejaran ver a su hijo, Toirán relativizó estas palabras, ya que les gustaría que «non todo dependera de experiencias particulares, senón que fora unha resposta a unha necesidade social, e non dos adultos, senón dos fillos e as fillas, porque é un dereito deles, dos nenos».

En Galicia, en el año 2015 el 15,6 % de las rupturas con hijos acabaron en custodia compartida, un porcentaje muy inferior a las comunidades que tienen normas propias autonómicas, como Cataluña, con un 40 %, o Aragón, con un 34 %. Pese a ser partidario de una ley estatal, un tema que de hecho estará presente en el congreso nacional del PP de febrero, la asociación defiende leyes específicas en la comunidad, ya que hay peculiaridades que debe abordar Galicia.

Un debate que todos los partidos quieren abrir, pero sin postura oficial

Otro asunto que Feijoo se mostró partidario e debatir es la maternidad subrogada, que todos los grupos gallegos coinciden en querer abrir, pero sin tener una postura única y oficial. El PPdeG admite que se está estudiando y se respeta el pensamiento de cada persona; el grupo de En Marea sostiene que no se puede tomar a la ligera una decisión, por lo que habría que abrir un análisis en la sociedad; el PSdeG apunta también a este debate abierto; mientras que el BNG insta a estudiar antes todas las posibilidades y lo que significa ética y económicamente esta maternidad

 

La Voz de Galicia

Retiran a un vigués la patria potestad de su hijo por abusar de la hermanastra del menor

El Supremo corrige a la Audiencia y ve un «grave riesgo» para el niño

 

Un vecino de Vigo condenado por abusar de forma continuada de una niña de once años, hija de su novia, ha perdido la patria potestad de su propio hijo y el derecho a hacerle visitas. La madre de la víctima recurrió al Tribunal Supremo para que retirase la patria potestad del otro niño para evitar que quedase bajo el cuidado del abusador. La demandante alegó que el niño estaba sometido «a un grave riesgo» porque el padre había incumplido sus obligaciones de respeto y cuidado hacia su hijastra.

La pareja convivió en el 2006 y 2007 y el novio aprovechaba la ausencia de su pareja para abusar de la hija de ella, que rechazaba los tocamientos e incluso mordió en un brazo al agresor. Al nacer el hermano pequeño y mientras la madre estaba ingresada en el hospital, el hombre aprovechó para abusar otra vez de la pequeña, la cual sufrió depresión. El hombre fue condenado en el 2013 a cinco años y medio de prisión y alejamiento.

La batalla legal se remonta al 2014, cuando la madre pidió a un juzgado de familia de Vigo que retirase o suspendiese la patria potestad a su expareja. La magistrada le dio la razón a la mujer en el 2015 porque «no es difícil comprender que quien abusa sexualmente de la hermana de su hijo no se encuentra en condiciones de velar por este ni de proporcionarle una formación aceptable desde, prácticamente, ningún punto de vista». Preveía riesgo para el menor y que la relación entre padre e hijo «podría provocar una situación de conflicto de lealtades en el menor de consecuencias imprevisibles».

El condenado recurrió en la sexta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, la cual dictaminó en febrero del 2016 que la privación de la patria potestad sería temporal y que el recluso podría recuperarla cuando cumpliese toda su condena en la cárcel «porque no se trata de actos que hayan afectado al propio hijo». La sala no vio ningún beneficio en privar al hijo de su padre más allá de la condena.

La madre recurrió ante el Tribunal Supremo para que el padre, que estaba ingresado en un centro penitenciario, no pudiese cuidar nunca de su hijo, con el que apenas tuvo relación en los últimos años. Además, consideraba que la Audiencia había hecho prevalecer el interés del progenitor al del hijo.

Ahora, la sala primera de lo Civil del Tribunal Supremo lo priva totalmente de la patria potestad porque el hombre ha incurrido en una grave agresión sexual a la hija de su pareja y pone en «riesgo y peligro cierto» a su propio hijo. Añade que el implicado «no reúne las características propias de un buen padre de familia» y ve «evidente» que el progenitor «no está capacitado para el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y respeto de un menor».

Faro de Vigo

La puesta en marcha del tercer juzgado de Familia, para este primer trimestre

Con esta sala sí se cumplirían los módulos de trabajo recomendados por el CGPJ

 Los plazos previstos para la puesta en marcha del que será la tercera sala civil especializada en Familia continúan sin demora. Desde la concesión de este nuevo juzgado definitivo en el mes de noviembre, estaba previsto su inicio a lo largo del primer trismestre de este año, y según se informó desde el TSXG "no hay indicios de que se vaya a retrasar". De este modo, antes del mes de abril, el juzgado de refuerzo sito en la calle Coruña abandonaría sus labores de descongestión de asuntos y pasarían a repartise entre las tres salas fijas.
Todavía se desconoce dónde se ubicará este nuevo juzgado, si su actividad se desarrollará en las propias dependencias judiciales de calle Lalín o si, por la contra, ocuparía el espacio dejado por el refuerzo en el piso de alquiler de la calle Coruña.
Lo que sí queda acreditado es que con esta tercera sala el Juzgado de Familia sí podrá cumplir con las cargas de trabajo recomendadas por el Consejo Gerenal del Poder Judicial (CGPJ). Dado que el módulo máximo de asuntos recomendado para cada tribunal de Familia se mueve en una horquilla de entre 908 y 1.088 causas anuales, la cifra global de las futuras tres salas no debería superar los 3.264 pleitos. En caso de que la litigiosidad se mantenga y no se incremente durante este año, los tribunales de familia sí cumplirían con los módulos de trabajo recomendados, ya que el año pasado registraron 3.219 asuntos.
En datos de 2015, cuando tan solo había dos salas de Familia activas, el ratio máximo que no debían superar ambos tribunales era de 2.176, sin embargo ese año registraron 3.218, casi un millar de asuntos más de los que se deberían encargar los dos tribunales de Primera Instancia especializados en Familia.

Faro de Vigo

Tres matrimonios se rompen al día en la ciudad, la mayoría de ellos de mutuo acuerdo

El número de rupturas descendió un 20% con respecto al año pasado - La reforma legal que permite a los notarios tramitar los divorcios consensuados y una mejora de la situación económica están detrás de esta caída

Menos rupturas y más avenidas. Este frase describe la realidad de las relaciones entre cónyuges de la ciudad y resume el panorama de litigios registrados por los Juzgados de Familia en materia de separaciones y divorcios. La importante litigiosidad que generan las rupturas matrimoniales se tradujo en más de un millar de separaciones tramitadas a lo largo del año pasado por los juzgados de la ciudad. Fueron en total 1.063 los esposos y parejas de hecho que acudieron a los tribunales vigueses a poner fin a su relación, cifra que dista de los más de 1.200 matrimonios disueltos en 2015, lo que supone un descenso del 20% en este tipo de pleitos.
Las estadísticas de las dos salas de Familia más el refuerzo no solo evidencian una caída en el número de rupturas, sino que también dejan buena muestra de que la mayoría de los cónyuges apuestan por dejar a un lado sus desavenencias y abogar por terminar la relación de forma consensuada, concretamente a través del procedimiento del mutuo acuerdo, mucho más rápido y económico- tal y como reconocen los abogados- que los pleitos contenciosos. De estos últimos se registraron un total de 323 divorcios y 157 rupturas de parejas de hecho, frente a las 445 y138 divorcios y rupturas de parejas de hecho de común acuerdo, respectivamente.
Y junto a la bajada de la disolución de las relaciones, estas salas también han visto decrecer las peticiones de modificación de medidas, que pasan de 386 en 2015 a 329 durante el año pasado. En cuanto a la liquidación de sociedades gananciales, 29 se produjeron en el ejercicio anterior frente a las 32 de hace dos años.
La notaría, el nuevo juzgado
Estas estadísticas no revelan solo unos hechos puntuales, sino que vislumbran un horizonte que, a tenor del contexto económico y social actuales y de las reformas legales puestas en marcha, podrían convertirse en una tendencia futura. La entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria que permite a los notarios tramitar los divorcios consensuados y en los que no existan hijos menores de edad o con alguna discapacidad, trajo consigo importantes cambios en ciertos procedimientos que se tramitaban exclusivamente por la vía judicial. Ahora la persona puede decidir si formalizar su ruptura ante el letrado de la administración de justicia- nueva denominación del secretario judicial- o hacerla en escritura pública ante notario. Esta situación "desjudicializa" muchos procedimientos y los deriva a manos notariales.
El letrado vigués Tomás Santodomingo argumenta esta reforma legal como una de las principales causas del descenso de la litigiosidad en materia de divorcios y separaciones. "En las rupturas consensuadas y en las que no existan hijos menores de por medio, se puede optar por divorciarse ante notario y esto hace que muchos casos no tengan que tramitarse por el juzgado. Es mucho más rápido y también puedes solicitar la liquidación de bienes si quieres", afirma el abogado olívico. Santodomingo señala además que otra posible causa detrás de esta caída de asuntos reside en una mejora del panorama económico. "Los divorcios, al igual que, por ejemplo los despidos, crecen mucho cuando hay crisis. La gente se separa mucho más siempre que hay situaciones económicas complicadas porque las relaciones se vuelven más tensas. Cuando la crisis mengua, los divorcios también".
Ganan los internamientos
Aunque hasta el momento estos asuntos correspondían al grueso por excelencia de los Juzgados de Familia, lo cierto es que este año la tendencia se ha revertido y las salas viguesas de Familia tramitaron más internamientos e incapacidades que rupturas matrimoniales. Precisamente fueron los internamientos en psiquiátricos - con 365 dictámenes- y en residencias- 339- los asuntos más tramitados por este juzgado, sumando un total de 1.237 asuntos frente a los 1.063 de rupturas matrimoniales.
En total durante 2016, los tribunales de Primera Instancia especializados en Familia registraron 3.219 litigios, cifra prácticamente idéntica a la del año pasado. Desde 2013, las cifras de litigiosidad en estos tribunales solo han ido en aumento, argumento la decisición del TSXG de dotar con una tercera sala definitiva a estos juzgados.

La Voz deGalicia

El juzgado duplica los días de bodas civiles al aumentar la demanda

El secretario del Registro Civil ya puede ahora oficiar enlaces y se turna con la jueza

Las parejas de Vigo que desean contraer nupcias por lo civil en los juzgados pueden elegir dos días a la semana, una mejoría que se ha consolidado ante el aumento de la demanda. La novedad es que, por ley, ahora también puede oficiar el secretario del Registro Civil y no solo la magistrada como venía siendo habitual. Ambos se turnan para sellar estos enlaces: la titular celebra uniones los viernes y el letrado judicial los martes o, si la sala está ocupada, otro día que quede libre.

El ritmo de ceremonias se ha duplicado respecto a hace un año, cuando la jueza solo atendía los viernes en jornadas maratonianas donde llegaba a celebrar ocho ceremonias matrimoniales en una mañana. Pero la situación cambió cuando una reforma legal autorizó al secretario del juzgado a presidir también estas uniones. El doble turno se ha consolidado el último año ante la demanda de casamientos.

Una fuente judicial explica que la cifra de bodas para los contrayentes del partido judicial de Vigo se mantiene estable, sobre todo ahora que es temporada baja. No cree que el hecho de doblar los turnos haya influido en el incremento pero el nuevo sistema sí permite que las sesiones estén más espaciadas.

La misma fuente niega que haya colas o listas de espera para casarse pero es cierto que muchas parejas reservan con un año de antelación para elegir con holgura la fecha que mejor les conviene, sobre todo en primavera o verano, en temporada alta. Los más tardones deben acomodarse en los huecos libres de la agenda.

En la jornada de ayer se celebraron varias bodas en los juzgados. El lugar de ceremonias es una sala de vistas en la planta baja del edificio de la calle Lalín que es compartida por el juzgado de familia de refuerzo y antes por el especial de preferentes.

Desde hace varios años, rige una norma que impide que los testigos y familiares arrojen arroz a los recién casados en el interior del edificio judicial. Han de hacerlo en el exterior de las dependencias y prueba de ello es que, en pleno martes, la calle Lalín quedó sembrada de pétalos de rosa que lanzaron los invitados al enlace. Cada media hora, se puede ver un coro de felices contrayentes y sus familias salir del juzgado, sorteados por abogados que caminan a toda prisa.

750 nupcias civiles al año

Una de las cosas que ha sorprendido al Registro Civil es que las bodas oficiadas por notarios, autorizados por una reciente reforma legal, son muy escasas.

Fuentes del Registro Civil indican que la cifra de bodas civiles del 2016 en Vigo no superó el millar. En el 2015, fueron contabilizados 750 enlaces en los juzgados y el 2016 registró una tendencia al alza pero no trascendió la cifra oficial. Fuentes próximas señalan que se mantienen en el mismo volumen de enlaces.

La evolución de los matrimonios, tanto religiosos como civiles, en Vigo tiende a decaer cada década. En 1976 se alcanzó el récord de 1.899 enlaces, pero 20 años después, no pasaban de 1.225. Hubo un repunte en 1998, con 1.423 nupcias, pero con la crisis tocó fondo en el 2014 con 930, la peor cifra en 40 años. En el 2015, aumentaron a 968 y en el 2016 subió algo más.

La reforma legal no anima a las parejas a acudir a las notarías a contraer matrimonio

300 nuevas parejas de hecho al año y otras 240 rupturas de cohabitación

Alos casi mil matrimonios civiles que se registran en Vigo cada año (750 en los juzgados y 200 en el Concello) hay que sumar otras 300 uniones extraconyugales o parejas de hecho que registra el Concello cada año.

El peso de las parejas de hecho en Vigo se percibe a la hora de romper la relación con vía judicial, generalmente cuando hay hijos por medio y los padres discuten por la custodia o la pensión alimenticia. En el 2016, los juzgados de familia contabilizaron 138 rupturas de more uxorio (cohabitación) de mutuo acuerdo y otras 102 de forma contenciosa. El número de separaciones puede ser mayor porque las parejas sin hijos se van cada uno por su lado sin pasar por el juez.

También hubo 233 divorcios contenciosos y 445 de mutuo acuerdo. Estas 678 separaciones matrimoniales suponen casi el triple que las rupturas de parejas de hecho y en conjunto casi igualan al número de bodas.

 

El Pais

“La gente te mira raro cuando dices que te casas por la Iglesia”

Las bodas católicas alcanzaron en el primer semestre de 2016 un 22%, su mínimo histórico

Alejandra Corsini se casó por la Iglesia católica, al igual que nueve de sus conocidos que han contraído matrimonio este año. "Con mi marido — Alejandro Muñoz — dábamos por hecho que sería una celebración religiosa, no lo concebíamos de otra manera", relata. A sus 28 años, solo ha participado de un matrimonio civil. Su entorno forma parte del 22% de bodas eclesiásticas celebradas el primer semestre de 2016, de un total de 68.560, según el INE. El mínimo histórico.
Atrás quedaron los años 2000, cuando el 75% de las bodas en España se consumaban en un altar. A Corsini le da pena la última cifra conocida. "A la gente le da miedo el compromiso. Si te casas por la Iglesia y luego te separas, no solo le fallas a tu pareja y a ti, sino que también a Dios", comenta. Agrega que el factor económico también puede influir en la caída. "Una boda es algo muy caro, siempre hablamos con Alejandro de que nos casaríamos cuando los dos tuviésemos un trabajo estable". Corsini es arquitecta y tiene un emprendimiento de decoración llamado b4living. Su esposo, de 28 años, ejerce de abogado.

El sociólogo Alfonso Pérez-Agote, autor del libro Cambio religioso en España: los avatares de la secularización, atribuye la disminución de los matrimonios a dos grandes factores. El primero, la crisis económica. La tasa de paro entre la población joven de menos de 30 años es del 34,4%. "El paso de la juventud a la edad adulta se ha atrasado de los 25 a sobre los 30 años. Ahora cuando tienes novio no tienes trabajo, o vuelves a la casa de tus padres o estudias un máster porque no hay empleo", afirma. Lo segundo, es que ha cambiado la cultura de la familia. "Hay jóvenes que dicen que el sacramento para toda la vida es la hipoteca, no el matrimonio". Pérez-Agote, de acuerdo con sus investigaciones, cree que estamos pasando por una tercera oleada de secularización. "Los jóvenes de hoy, son los hijos de los desinteresados en la religión, cuando piensan en casarse no piensan en la Iglesia, ya es algo muy lejano para ellos", concluye

 

El extremeño Juan Tovar, de 31 años, tiene marcado en su agenda 2017 que el 9 de septiembre se casa. Tanto él como su novia, Ximena Gutiérrez, son católicos no practicantes, pero "daban por hecho" que se casarían por la Iglesia. "No me afecta en lo más mínimo el bajo porcentaje de bodas eclesiásticas", asegura Tovar. "Creo que con toda la información que sale en los medios se está estigmatizando a la Iglesia. Tiene cosas que son muy malas y otras muy buenas, pero la gente se queda con lo malo", afirma. Trabaja como farmacéutico donde le han lanzado más de un "¿La gente todavía se casa?" cuando ha anunciado la noticia. Sin embargo, no ha percibido rechazo cuando dice que es por la Iglesia católica.
Cuando Corsini decía que se casaba por la iglesia tampoco recibió comentarios con los que se sintiera discriminada. "Me miraban raro, como cuando digo que no puedo ir al aperitivo el domingo porque tengo que ir a misa", cuenta. La mayor sorpresa, reconoce, se la llevaba la gente cuando decía que no convivía con su novio. "Se extrañaban muchísimo, me decían 'ya verás que en el matrimonio cambian las personas' y cosas así". Sin embargo, en los cuatro años de noviazgo, habían veraneado muchas veces con las familias de cada uno, así que confiaban en que no habría sorpresas. "Y así ha sido", dice contenta un año y medio después de haber dicho acepto.

 Pérez-Agote cree que la tendencia de los matrimonios civiles puede aumentar en el futuro, a medida que nazcan los hijos y haya personas que quieran regularizar su situación. Narra que al inicio, el matrimonio era la legitimación de las relaciones sexuales: "Después se fue relajando mucho y se podía tener relaciones fuera del matrimonio, entonces la gente se empezaba a casar cuando tenía hijos. Pasó de ser una legitimación social de las relaciones a ser la legitimación de la procreación". Aunque deja abierta la ventana a que puede cambiar la tendencia, en el ámbito religioso lo ve más difícil: "Me da la impresión que la Iglesia católica está perdiendo el rumbo".

La Voz de Galicia

Los abogados recomiendan borrar el Facebook y el WhatsApp a sus clientes

Las redes sociales delatan a divorciados, herederos o accidentados laborales

Los investigadores del asesinato de Ana Enjamio se han dado cuenta de que el único sospechoso no figura en ninguna red social salvo su perfil en una web de contactos. La policía da por hecho que horas después del crimen borró su perfil en todas las redes sociales sin dejar rastro alguno de su vida.

Esfumarse de dichas redes es cada vez más común. Los propios abogados han asumido que los mensajes en Facebook pueden jugar en contra de su cliente. Por eso, muchos les prohíben que escriban nada mientras se dirime el juicio, no vaya a ser que meta la pata y eche a perder su pleito. Otra veces, directamente, el abogado le pide a su patrocinado que borre todos los mensajes porque la otra parte podría aprovecharse y sacar a relucir una selección de frases desafortunadas que serán determinantes en el juicio.

«Un mensaje de WhatsApp puede ser oro en manos de un abogado», dice una letrada especializada en divorcios. Admite que lo primero que hace cuando defiende a un cónyuge en un proceso de separación, es consultar el Facebook del otro litigante. Y es que un mensaje desafortunado, un patinazo en un comentario o una imagen comprometida en puede inclinar la balanza de la justicia, sobre todo, en procesos donde se juegan la pensión de alimentos en un divorcio, el derecho a una herencia o el cobro de una indemnización.

Muchos abogados han aprendido la lección y husmean en las redes sociales en busca de patinazos del contrincante. Por ejemplo, un vigués que desheredó a su hija tras descubrir que esta lo ponía verde en su muro de Facebook. La abogada encontró una mina en estos comentarios difamantes hasta que reunió los suficientes como para probar un maltrato de obra. Fue excusa suficiente para que el padre alegara ente notario que su hija era una desagradecida y que le estaba injuriando. Con las copias impresas de los maltratos, el progenitor reformó su testamento ante notario y desheredó a la hija.

Hay más casos. En las demandas de indemnización, las aseguradoras revisan el Facebook del demandante. En un juicio en la Audiencia, una compañía alegó que el accidente entre dos vehículos era un fraude porque varios de los nueve ocupantes lesionados, que decían que no se conocían de nada o solo de verse por el barrio, tenían entre sí más de 20 amigos en común. Sin embargo, la Audiencia replicó que agregar a amigos en Facebook no era prueba de amistad y fueron absueltos.

Las compañías también siguen de cerca a los accidentados laborales. A veces descubren que el lesionado exhibe fotos haciendo deporte que exige gran esfuerzo y donde muestra una salud de hierro recuperada milagrosamente. Otras veces descubren que el empleado dado de baja mantiene actividades lucrativas.

Pero quizás, los abogados de divorcios son los que mejor han sabido explotar la mina del WhatsApp y el Facebook. Sobre todo, cuando las mujeres tienen que abonar la pensión a su excónyuge porque dice que está en paro y carece de recursos económicos. Si su letrada descubre que el hombre tiene una nueva pareja, y que incluso van a tener familia, la exmujer podría presentar pruebas al juez para que la exima de continuar con la manutención.

Más típico es la del exmarido que dice no tiener dinero para pagar la pensión pero luego se exhibe en Facebook en fiestas, cenas en restaurantes caros o en lugares paradisíacos de vacaciones.

 

UNCOMO

Cómo conseguir régimen de visitas para abuelos

 Cualquier proceso judicial relacionado con el derecho de familia, así como el divorcio, modificación de medidas o el establecimiento de un régimen de visitas para los abuelos, las decisiones se toman teniendo en cuenta el interés y desarrollo del menor. Es por ello que las medidas que adopta al juez no siempre se ajustan a lo que piden los adultos, sino que lo hace según las circunstancias del menor. 

Los abuelos tienen derecho al régimen de visitas

Popularmente, es mucho más conocido que los padres divorciados puedan solicitar un régimen de visitas concreto sobre sus hijos. Hay que destacar que los abuelos también tienen derecho a solicitarlo ya que así lo concede el Código Civil.
Normalmente, que los abuelos soliciten un régimen de visitas judicial viene dado porque la relación con los hijos no es buena. Para ello, disponen de diferentes mecanismos legales:

• En el caso de que los padres del menor no se hayan divorciado, los abuelos pueden presentar una demanda en el juzgado y solicitar un convenio para fijar un régimen de visitas satisfactorio.

• Si los padres del menor están en proceso de divorcio, los abuelos pueden ejercer su derecho incorporando una cláusula en el mismo convenio regulador del divorcio que se está negociando para que prevea un régimen de visitas. Este debe fijar qué días pueden visitar a su nieto/a y durante cuánto tiempo, siempre teniendo en cuenta los intereses y actividades del menor. Nunca se puede anteponer los intereses de los adultos a los del menor.

• En caso de que las divergencias entre los padres y los abuelos para ver al nieto/a surjan posteriormente a la firma del convenio, pueden solicitar, judicialmente, la firma de uno nuevo. Este servirá para regular, solamente, el régimen de visitas de los abuelos, sin poder servir como excusa para cambiar otras condiciones que afecten a las relaciones entre los padres y el hijo/a, como la pensión de alimentos, la de compensación o el tipo de custodia que disfrutan.

Denegación 

Para solicitar el régimen de visita es necesario presentar una demanda en el juzgado de primera instancia de la localidad donde residan y se tramitará a través de un juicio verbal.
Durante el proceso judicial, el juez valorará las condiciones del menor de edad y la relación que tiene con sus abuelos. Dependiendo de las conclusiones que extraiga, aprobará un régimen de visitas o lo denegará.
Siempre que el juez decida su denegación, se debe basar alegando una justa causa, es decir, analizando los motivos de la denegación en beneficio del menor.

Tipos de régimen de visitas

El régimen de visitas puede contar con diferentes grados de permisividad. De esta manera, el juez puede resolver que los abuelos disfruten de un régimen más amplio o más restrictivo dependiendo de las circunstancias del menor, así como su madurez o que su relación sea buena y fluida.
Como norma general, no se establecerá que los nietos puedan dormir en casa de los abuelos si son bebés, ya que necesitan la atención y cuidados de los padres.
Durante su infancia, tampoco se puede establecer un periodo de visitas que suponga un largo tiempo sin la tutela y compañía de los padres, aunque eso no significa que no puedan quedarse a dormir en casa de los abuelos alguna vez.
Los abuelos pueden solicitar pasar algunos días en compañía de sus nietos durante las vacaciones escolares. Normalmente no se concede que pasen los días señalados de las fiestas de Navidad con los nietos, ya que estos días están reservados para que lo disfruten los padres.

 

 

UNCOMO

Cómo modificar la pensión de alimentos si estoy en el paro

 

La regla general es que cada uno de los progenitores divorciados o separados se tienen que hacer cargo de la parte proporcional de los gastos corrientes de los hijos fruto de su anterior relación.

La asignación de la aportación económica de cada uno se determina en el convenio regulador del divorcio o separación aprobado por un juez y reflejado en una sentencia. Pero es posible que las condiciones económicas de cada uno se vean afectadas desde que se dicta la sentencia donde se establece el pago de la pensión. Es por ello que, debido a las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo o el despido que pueda sufrir alguna de las partes, se puede solicitar al Juzgado de Primera Instancia la modificación de la pensión de alimentos si estás en paro, y en unComo te explicamos cómo hacerlo. 

Nueva pensión, nueva sentencia

Ninguna de las dos partes puede modificar, unilateralmente, alguna de las medidas impuestas por el juez, ni tan siquiera la pensión de alimentos a favor de los hijos. Así pues, será el juez, en una nueva sentencia, quien modifique los acuerdos adoptados anteriormente y establezca una nueva cuantía para la pensión de alimentos que se paga.

La cuantía de la pensión de alimentos se ajusta a la capacidad económica del progenitor

La cuestión primordial es asegurar las necesidades que surjan al descendiente, ya sean de carácter recurrente o puntual. Es decir, tanto los gastos relacionados con la alimentación y vestimenta, como los gastos extraescolares o médicos que no entren por el sistema de la Seguridad Social. Así pues, dentro de la protección que se debe ofrecer al menor para su pleno desarrollo, el progenitor debe hacer frente a los gastos proporcionales, pero siempre teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los que dispone.

Requisitos para modificar la pensión de alimentos

Para presentar una demanda donde se pida la modificación de la cuantía a pagar en concepto de pensión de alimentos se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Uno de los progenitores debe haber sufrido modificaciones sustanciales en el contrato de trabajo o haber sufrido un despido. La bajada de salario tiene que ser suficiente como para afectar al pago de la pensión.
• No tener ingresos suficientes para poder hacer frente a los gastos de manutención del hijo o hijos.
• La falta o disminución de ingresos tiene que ser posterior a la sentencia que establezca la cuantía de la pensión de alimentos.
• La situación de desempleo o la reducción del salario no debe ser una cuestión puntual, es decir, debe prolongarse en el tiempo.
• Hay que tener en cuenta que el juez sólo valorará aquellas situaciones en que la bajada de ingresos no sea debido a la voluntad del progenitor, y que por lo tanto, el despido o la disminución del salario sea culpa del empresario que lo tiene contratado, o bien, de la disminución de negocio, si es autónomo.
• Presentar una demanda al Juzgado de Primera Instancia. En la demanda es posible adjuntar un nuevo convenio consensuado con la otra parte que estipule una cantidad acorde a los ingresos que reciba en aquel momento para afrontar la pensión de alimentos. En caso de no haber acuerdo entre las partes, será el juez quien decida, siempre teniendo en cuenta el interés del menor, no del progenitor.

La solicitud se puede interponer en cualquier momento

La modificación de la pensión de alimentos es un proceso que requiere de abogado. El progenitor puede interponer la demanda para modificar la cuantía de la pensión de alimentos mientras exista. No es necesario que el hijo alcance ninguna edad concreta para poder interponer la demanda.
No hay que olvidar que el juez resolverá teniendo en cuenta siempre el interés y protección del menor, que es la parte débil del proceso de divorcio, para asegurar su pleno desarrollo social, educativo y económico.

Faro de Vigo

El permiso de paternidad de un mes, más cerca

Ciudadanos asegura que los padres podrán contar con dos semanas más desde el próximo enero

  Ciudadanos ha insistido este jueves en que la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2017. Así lo ha apuntado el portavoz económico en el Congreso de la formación naranja, Antonio Roldán, durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja.
"A partir del 1 de enero los padres tendrán dos semanas más de permiso para estar con sus bebés. Eso es gracias a Ciudadanos", declaró Roldán, para luego señalar que su partido espera que se haga firme "el compromiso de la ministra Báñez" con sus exigencias en materia de conciliación.
Es la segunda vez que Ciudadanos habla de la posibilidad de que esta iniciativa se ponga en marcha al inicio del año que viene. El presidente del partido, Albert Rivera, expresó, este miércoles, su confianza de que esto ocurriera.
También la titular de Empleo y Seguridad Social se refirió a esta propuesta, que se encuentra dentro del acuerdo de 150 puntos que el partido que dirige Albert Rivera firmó con el PP para la investidura de Mariano Rajoy, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo en el Congreso el pasado 12 de diciembre.
Sin embargo, Báñez no precisó en su discurso una fecha concreta y sólo habló de su intención de que esta ampliación de permiso pudiera entrar en vigor durante el próximo año.

Ius Canonicum

El fuero competente en las causas de nulidad del matrimonio canónico

El proceso de nulidad matrimonial se encuadra en el derecho canónico dentro de los procesos especiales. Son causas en las que hay que considerar algunas características especiales. Entre estas, se cuenta el fuero, o tribunal competente para juzgar

El canon 1673 determina lo siguiente:

Canon 1673: Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede Apostólica, son competentes:

1º el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio

2º el tribunal del lugar en que el demandado tiene su domicilio o cuasidomicilio;

3º el tribunal del lugar en que tiene su domicilio la parte actora, con tal de que ambas partes residan en el territorio de una misma Conferencia Episcopal y dé su consentimiento el Vicario judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo oído a ésta;

4º el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor parte de las pruebas, con tal de que lo consienta el Vicario judicial de la parte demandada, previa consulta a ésta por si tiene alguna objeción.

A su vez, el artículo 10 § 1 de la Instrucción Dignitas Connubii se expresa en parecidos términos:

Artículo 10 – § 1. Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede Apostólica o a ella avocadas, son competentes en primera instancia:

1.º el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio;

2.º el tribunal del lugar en que el demandado tiene su domicilio o cuasidomicilio;

3.º el tribunal del lugar en que tiene su domicilio la parte actora, con tal de que ambas partes residan en el territorio de la misma Conferencia Episcopal o dé su consentimiento el vicario judicial del domicilio de la parte demandada, el cual, antes de darlo, preguntará a ésta si desea alegar alguna excepción.

4.º el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor parte de las pruebas, con tal de que lo consienta el Vicario judicial de la parte demandada, el cual, antes de concederlo, preguntará a ésta si desea alegar alguna excepción (cf. can. 1673).

El canon 1673 habla, como se ve, de las causas de nulidad no reservadas a la Sede Apostólica. El canon 1405 determina las causas que corresponde juzgar, con derecho exclusivo, al Romano Pontífice. En virtud de este canon se reserva al Sumo Pontífice la competencia sobre las causas matrimoniales, si al menos una de las partes ejerce la autoridad suprema de un Estado. Bajo el régimen del Código de derecho canónico de 1917 esta competencia reservada al Papa incluía también a los hijos y sucesores de los jefes de Estado.

Sobre el derecho anterior la mayor novedad radica en el título de competencia del domicilio del actor, introducido en el número 3º del canon 1673.

Como se puede observar, puede haber varios tribunales competentes para juzgar la misma causa. Para estos casos existe en derecho procesal canónico la figura de la prevención: de acuerdo con el canon 1415, si dos o más tribunales son igualmente competentes, tiene derecho a juzgar la causa el primero que citó legítimamente al demandado. También el canon 1512, 2º, indica que por la citación legítima o comparecencia de ambas partes la causa se hace propia del juez o tribunal ante el cual se ha entablado la acción.

Al examinar el canon 1673 se debe considerar que hay que garantizar la defensa de ambas partes. Ese es el sentido claro del título de competencia definido en el número 4º del canon. Pero también es el sentido de la consulta al Vicario judicial del domicilio de la parte demandada, prevista en los dos títulos de los números 3º y 4º. En ambos casos además el Vicario judicial ha de oír al demandado (número 3º) o le ha de consultar (número 4º). Ya se ve que estas exigencias no quedan satisfechas con una mera comunicación a la parte demandada: el ordenamiento le otorga al demandado el derecho a expresar su opinión al respecto. El Vicario judicial, por su parte, sólo dará su consentimiento si considera garantizada la defensa de los derechos del demandado.

Se plantea una duda particular, en el caso de que falte el Vicario judicial en el lugar del domicilio de la parte demandada, a tenor del canon 1673, 3º. El Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos ha decidido, en la Respuesta auténtica de 17 de mayo de 1986, que si en un caso particular falta el Vicario judicial diocesano se requiere el consentimiento del Obispo. Esto puede ocurrir, además de otros supuestos menos frecuentes, si se ha constituido un tribunal interdiocesano, con sede en otra diócesis.

 

Ius Canonicum

Condiciones para iniciar un proceso canónico de nulidad matrimonial

 

Es en el capítulo IX del Código de Derecho Canónico, dentro de la regulación del matrimonio, donde se trata de la separación de los cónyuges. Pero bajo esa rúbrica incluye dos artículos que regulan dos supuestos completamente distintos: la disolución del vínculo y la separación permaneciendo el vínculo.

Distinción entre separación, nulidad y disolución del vínculo

Conviene hacer una distinción para evitar equívocos entre tres nociones esencialmente distintas: a) nulidad de matrimonio; b) disolución del matrimonio; c) separación conyugal.

a) La nulidad del matrimonio indica que el vínculo conyugal no ha surgido, no existe. Y no han surgido, por lo tanto, los derechos y deberes propiamente conyugales.

b) En el supuesto de la disolución del matrimonio hay un vínculo conyugal; ese vínculo, sin embargo, queda disuelto -hay una ruptura del vínculo- o bien por la muerte de uno de los cónyuges, o bien en alguno de los supuestos excepcionales que contempla el ordenamiento canónico.

c) La separación conyugal también supone que existe el vínculo conyugal, aunque se produce una suspensión de los derechos y deberes conyugales, sin ruptura del vínculo, es decir, permaneciendo el vínculo conyugal.

En cuanto a las causas justas de separación, hay que decir que en el matrimonio, además de los derechos y deberes conyugales en sentido estricto, se deben tener en cuenta los principios informadores de la vida matrimonial, o sea, las directrices generales del comportamiento de los cónyuges. Estos principios son cinco: 1.- los cónyuges deben guardarse fidelidad; 2.- debe tenderse al mutuo perfeccionamiento material o corporal; 3.- debe tenderse al mutuo perfeccionamiento espiritual; 4.- los cónyuges deben vivir juntos; y 5.- debe tenderse al bien material y espiritual de los hijos habidos. Son causas de separación aquellas conductas que lesionan gravemente alguno de esos principios. Por consiguiente, las causas de separación pueden resumirse en estos cuatro capítulos: adulterio; grave detrimento corporal del cónyuge o de los hijos; grave detrimento espiritualabandono malicioso. del cónyuge o de los hijos y

En cuanto a la duración de la separación, esta puede ser perpetua o temporal. La única causa que puede dar lugar a una separación perpetua es el adulterio (cfr. canon 1152). Las demás causas, que el Código de derecho canónico enuncia genéricamente, pueden dar lugar sólo a una separación temporal, es decir, la que permanece mientras subsiste la causa (cfr. canon 1153)

Condiciones para iniciar una causa de nulidad matrimonial

 Para iniciar una causa de nulidad matrimonial, se ha de presumir, con un prudente fundamento, que alguna de las circunstancias que rodean a dicho matrimonio puede entrar en una de las causas previstas por el Derecho Canónico como factores que producen dicho efecto, al viciar alguno de los elementos esenciales a la naturaleza del propio contrato matrimonial.

Estos elementos que se deben estudiar, los podemos englobar en tres capítulos: A.-Los impedimentos; B.- Los defectos del consentimiento matrimonial; C.-Los defectos de forma canónica.

A.- El desarrollo de los impedimentos, que por su propia naturaleza hacen nulo el matrimonio, viene tratado en el Código de Derecho Canónico en los cánones 1083 al 1094.

B.- Uno de los cánones más relevantes sobre los efectos del consentimiento matrimonial es el 1095, en el que se afirma: “Son incapaces de contraer matrimonio: 1º- quienes carecen de suficiente uso de razón; 2º-quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar; 3.-quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica.”

Este canon refleja que la capacidad consensual ha de ser un acto de la voluntad cualificado por la naturaleza de su objeto y de su título. Mientras los impedimentos tipifican inhabilidades para ser contrayente legítimo, la incapacidad consensual atiende al sujeto del acto interno del consentimiento, tipificando anomalías graves de su estructura psíquica que impiden estimar el acto de la voluntad como un acto humano libre, pleno, responsable y proporcionado al matrimonio, en que consiste el consentimiento naturalmente suficiente.

En la “falta de suficiente uso de razón”, se encuentran quienes se encuentren afectados por una enfermedad mental, o están privados, en el momento de prestar consentimiento, del uso expedito de sus facultades intelectivas y volitivas imprescindibles para emitir un acto humano.

El “defecto grave de la discreción de juicio” del número segundo de dicho canon hace referencia a la falta de madurez intelectiva y voluntaria necesaria para discernir, en orden a comprometer con carácter irrevocable, los derechos y deberes esenciales del matrimonio que han de ser objeto de mutua entrega y aceptación. Salvo prueba en contra, a partir de la pubertad se presume este grado suficiente de discreción de juicio para el consentimiento válido.

En lo que se refiere a lo contenido en el punto 3º del canon, se ha de tener en cuenta que lo relevante no es tanto la gravedad de la anomalía psíquica, cuanto la imposibilidad del contrayente de asumir, la cual ha de ser absoluta, puesto que se trata de un concepto jurídico, que se distingue de su causa psicopatológica, y dado que no cabe en el derecho matrimonial un consentimiento parcialmente válido, se debe concluir que el contrayente posee plena capacidad jurídica o no la posee en absoluto.

En los cánones 1097 y 1098 se trata de las causas que invalidan el matrimonio por error, bien acerca de la persona, bien por dolo provocado para su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. En el canon 1102 declara inválido el matrimonio contraído bajo condición de futuro. Lo es también el contraído por violencia o grave miedo proveniente de causa externa, según el canon1103.

C.- Los defectos de forma canónica. En el canon 1108 se trata de los requisitos de validez en cuanto a la forma. Son válidos los contraídos ante el Ordinario del lugar o el párroco, o sacerdote o diácono delegado, y ante dos testigos.

Consejos pastorales

Como ya se dice en la exposición del artículo, es oportuno que se aclaren los conceptos fundamentales en juego: la indisolubilidad del matrimonio, el significado de una eventual nulidad -que implica la inexistencia de un verdadero matrimonio- y su diferencia respecto al divorcio.

A la luz de estos conceptos fundamentales se ha de hacer ver a las partes interesadas que sólo es lícito pedir la nulidad de un matrimonio -iniciando el respectivo proceso canónico- cuando se está convencido en conciencia de que hay al menos dudas serias sobre la existencia de una causa que haga nulo el matrimonio aparentemente contraído. Como este juicio puede ser difícil de formular, conviene que se pida consejo, o se remita a la parte interesada a quien cuente con una preparación especializada en derecho canónico y, al mismo tiempo, posea un criterio correcto en esta materia.

Por desgracia, en muchos lugares se ha ido extendiendo una mentalidad que considera la nulidad como una solución pastoral si surgen dificultades serias en el matrimonio. Precisamente la inmadurez psíquica ha sido uno de los motivos más utilizados para justificar la petición de nulidad. El Papa Juan Pablo II ha hecho varias referencias a esta cuestión en sus discursos a la Rota Romana, de modo especial en el discurso del 6 de febrero de 1987.

La función de la actividad judicial de la Iglesia -como de toda actividad judicial- es la búsqueda de la verdad. En el caso de los procesos de nulidad matrimonial, los órganos de justicia han de determinar si en el supuesto de hecho el matrimonio fue nulo o no, es decir, si hubo o no matrimonio. Lo cual es independiente del desarrollo posterior de la vida en común de las partes procesales. Faltaría a la verdad el juez eclesiástico que declarara la nulidad de un matrimonio, si no resulta de las pruebas presentadas después de un juicio en el que haya habido contradictorio, únicamente con la finalidad de contentar a las partes o ayudarles a emprender una vida nueva. Para cumplir esa finalidad -que es en sí misma encomiable- el juez ha de buscar las soluciones adecuadas, pero no puede engañar a las partes.

Además, los pastores deben tener en cuenta -si se les presenta un caso en el que presumiblemente haya un matrimonio nulo- que no debe ofrecer el proceso de nulidad como única solución. El pastor de almas ha de ofrecer también la posibilidad de convalidar el matrimonio o sanarlo en la raíz, siempre que sea posible. Al ofrecer esta posibilidad, ha de tener en cuenta no sólo en el bien de los cónyuges, sino también el de los hijos habidos en la unión, además del bien de la sociedad.

 

El Pais

El número de divorcios cae a su mínimo desde 2007

Las demandas de disolución bajan un 9,2% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2015

En los últimos 10 años, nunca se habían producido tan pocos divorcios como los del tercer trimestre de 2016. El número de demandas de disoluciones matrimoniales ha mostrado una disminución del 9,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, de 26.658 a 24.200, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. La comunidad con la mayor tasa de demandas de separaciones y divorcios es Canarias, mientras que Navarra tiene la menor.

Solo las separaciones no consensuadas han mostrado un leve incremento respecto al tercer trimestre de 2015. Las 400 demandas presentadas son un 1,3% más que las registradas el año anterior. Por el contrario, las 816 demandas de separación consensuada suponen un 17,3% menos; las 9.325 de divorcio no consensuado, un 7% menos; y las 13.660 de divorcio de mutuo acuerdo, un 10,4% menos. El número de demandas de nulidad, 34, ha sido un 27,7% inferior al tercer trimestre de 2015.

Las demandas de separación consensuada y los divorcios consensuados y los que no, no alcanzaban una cifra tan baja desde 2007. A su vez, el número de matrimonios en España ha caído un 18% en ese mismo periodo. La edad media de los españoles al casarse alcanza los 37 años para los hombres y los 34 para las mujeres, según el INE.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2016, el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha dado en Canarias, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Por el contrario, las más bajas se han dado en Navarra, Castilla y León y País Vasco.